El sindicato LAB organizó recientemente una jornada de reflexión y debate en torno a la situación de los trabajadores con discapacidad, con el objetivo de trazar una intervención específica en defensa de los derechos de este colectivo, que llevará al próximo congreso. La meta es garantizar el acceso de los discapacitados al mercado laboral ordinario en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores. Las razones son obvias: según datos recabados por LAB, más de la mitad de las personas a las que sobrevino la discapacidad cuando se encontraban desempeñando un empleo, lo perdieron por ese motivo y si siguieron trabajando, la mayor parte acabó desempeñando otras labores menos cualificadas.

Pero, hay más datos que corroboran el grado de precariedad en el que se mueve el colectivo. Así, desde el área de Acción Social de LAB destacan que sólo un 12% de las personas con discapacidad está empleada en empresas ordinarias o en la Admnistración, luego sólo un porcentaje muy bajo del colectivo tiene acceso a un empleo en igualdad de condiciones. Por el contrario, el 53% se encuentra fuera del mercado laboral. De entre los que están dentro del mercado laboral, el 28% se encuentra en paro, y el 40% de los que ya cuentan con un empleo trabaja, pero en Centros Especiales de Empleo (CEE).

Según el diagnóstico elaborado por LAB, al que ha tenido acceso GARA, el 86% de las personas con minusvalía se considera apta para desempeñar un empleo más allá de sus limitaciones funcionales. Tomando como referencia la realidad europea, el estudio resalta que la media de personas con discapacidad severa que tiene empleo remunerado en Europa es del 24,30%, cuando en el Estado español está por debajo del 13%.

Además, otra de las cuestiones en la que se incide es el factor sexo. Así, el Area de acción Social de LAB apunta que «el impacto de la discapacidad en el empleo no es ajeno a la discriminación de género imperante en el mercado actual». El análisis señala que «mientras a los hombres se les orienta al trabajo remunerado, las mujeres están, en general, abocadas al trabajo doméstico o a compaginarlo con una actividad externa en lo que se convierte en una doble jornada». Los datos son claros, mientras apenas un 36,2% de los varones dependen económicamente de terceros, el porcentaje entre las mujeres asciende a un 63,2%.

El diagnóstico constata, no obstante, que en los últimos cinco años se ha producido un claro aumento de la ocupación entre las personas con discapacidad, hasta el 51,4% entre los años 2000 y 2006, algo que LAB relaciona directamente con el crecimiento del empleo en los CEE. «Cuatro de cada diez personas con discapacidades que trabajan, lo hacen en los centros especiales de empleo», indica el análisis.

El informe aborda también la función que cumplen los centros especiales de empleo, sobre los que constata que su principal quehacer, facilitar el tránsito de las personas que ocupan al mercado laboral ordinario, «no existe o es simbólico». Los responsables de Acción Social van más allá y señalan que en muchos casos sus condiciones laborales y salariales les llevan a la exclusión social. «El nivel salarial de los trabajadores de los CEE se encuentra muy por debajo del de su sector de referencia. No hay convenios a nivel de Euskal Herria y tampoco se aplican convenios sectoriales. Cada CEE utiliza sus propios criterios salariales, convenio estatal, regulación especial de bajo rendimiento o convenios propios», precisan.

Las críticas a estos centros parten de la constatación de que muchos de ellos se han convertido en «un coladero que permite a la empresa ordinaria saltarse la obligación de contratar directamente» y proporcionar a los CEE «trabajos de subcontratación, normalmente de baja cualificación». Y la cuestión es que ese sistema funciona,y sigue con tendencia al alza, a tenor de los datos recabados por LAB, que denuncia que los CEE «compiten en el mercado salvaje de la subcontratación, incidiendo ésta directamente en la precariedad y deterioro de las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos».

Incumplimiento reiterado

Que los centros especiales de empleo hayan dejado de cometer su verdadera función, tiene que ver -señala LAB- con el incumplimiento reiterado de la cuota de reserva de empleos para personas discapacitadas en la empresa ordinaria. Añade que la Administración no tiene voluntad de inspeccionar ni sancionar el incumplimiento de la legislación que fija la existencia de puestos reservados a dicapacitados.

LAB señala que la responsabilidad de esta situación es de instituciones públicas y patronal. Recuerda que en muchas ocasiones la siniestralidad es la causante de discapa- cidades, casi siempre producto de la precariedad laboral y la subcontratación, por lo que subraya la responsabilidad de los empresarios en el cumplimiento de la normativa en materia de prevención y, en paralelo, denuncia que por parte de la Administración pública no hay voluntad de inspeccionar para controlar ni sancionar el incumplimiento de la legislación».

Por lo que respecta a la actuación de las instituciones, critica asimismo que el mercado laboral de los discapacitados de Hego Euskal Herria está supeditado «a la realidad política y legislativa definida desde Madrid, que imposibilita la adopción de medidas reales y efectivas que garanticen los derechos civiles y laborales de este colectivo».

Además, según indica LAB, la Administración «contribuye al sostenimiento económico de los CEE», porque «ha encontrado en ellos una vía cómoda para gestionar un importante colectivo de trabajadores con discapacidades, que de otra manera tiene difícil su acceso al empleo ordinario».

Por ello, LAB avanza que su intervención debe centrarse en buena medida en interpelar a instituciones «como garantes del derecho al empleo digno del colectivo de discapacitado y por lo tanto de responsables, más allá de políticas asistenciales, de promover políticas de empleo y sociales que garanticen la igualdad de oportunidades y contribuyan a eliminar las barreras de todo orden que hoy hacen que la mayoría de este colectivo esté excluido del mercado laboral».

Por otro lado, la central abertzale abordará la necesidad de incidir en el ámbito de la salud laboral, ya que según explica, los accidentes que originan más deficiencias son los laborales, que sumados a las enfermedades profesionales son la causa del 19,4% de las discapacidades.