PROCESOS POLÍTICOS CONTRA EL INDEPENDENTISMO
Los imputados de Udalbiltza remarcan su labor de electos
Apenas días después de los encarcelamientos por el 18/98, los imputados por Udalbiltza alertan de que el juicio por este caso puede iniciarse en unas pocas semanas y anuncian que no se piensan quedar parados. Revelaron ayer el inicio de una dinámica de reuniones con actuales y anteriores electos municipales, organismos sociales y culturales o entidades internacionales. Reivindicarán ante ellos el derecho de cualquier país a organizar sus instituciones propias.
Ramón SOLA | DONOSTIA
La Audiencia Nacional no descansa en su ofensiva contra el independentismo vasco a través de los macrosumarios abiertos por el juez Baltasar Garzón. Sólo una semana después de la orden de detención masiva de 46 ciudadanos vascos muy conocidos por el 18/98, nombres tan referenciales como los afectados por esa redada comparecieron ayer conjuntamente ante la prensa para alertar de que parece inminente su paso por el banquillo del tribunal especial: son los imputados por su participación en Udalbiltza.
Maribi Ugarteburu ejerció como portavoz de estas 22 personas que tienen como elemento común haber sido electos municipales y, en consecuencia, formaron parte de la institución nacional vasca que el instructor, Garzón, y la Fiscalía, quieren ligar con ETA. El trasfondo del tema, según resaltó Ugarteburu, es claro: se juzga «el derecho de todo un pueblo a organizar sus instituciones». Y, en consecuencia, apelarán sobre todo a la sociedad vasca para que respalde ese derecho, aunque también acudirán a sus contactos en el ámbito internacional.
La comparecencia de ayer, en la que participaron once de los 22 procesados, sirvió para informar del inicio de esta campaña. Aunque todavía no hay fecha fija para el inicio de la vista oral, los movimientos previos hacen prever que tendría lugar a inicios de 2008.
Podría realizarse incluso de modo simultáneo a otro juicio encuadrable en la larga estela del denominado 18/98+: el que tendrá como objetivo al movimiento pro-amnistía.
Con los retratos de sus tres compañeros encarcelados sobre la mesa (Xabier Alegria, Mirian Campos e Ibon Arbulu), la ex alcaldesa de Amoroto remarcó que «Euskal Herria necesita sus instituciones» al igual que cualquier otro pueblo del mundo, y que «nadie le puede privar de este derecho». Y recordó, frente al «todo es ETA» del juez y el fiscal, que «los hechos que se relatan en este proceso son meros trabajos institucionales realizados con total normalidad».
Tres ámbitos de interlocución
«Estamos imputados por llevar a cabo un trabajo totalmente legítimo», añadió Ugarteburu, que reivindicó a Udalbiltza no sólo como una institución «democrática», sino también como «un bien común» para la sociedad vasca.
Con el fin de transmitir estas ideas y recabar apoyos, los procesados por Udalbiltza anuncian diálogo en tres direcciones. Por un lado, con los electos actuales y con quienes les precedieron en las dos legislaturas anteriores (1999-2003 y 2003-2007), periodo que se corresponde con la trayectoria de Udalbiltza.
Además, convocarán a organismos y agentes vascos de los ámbitos político, social y cultural «de toda índole» según añadió Ugarteburu. Y en tercer lugar, activarán también la trans- misión de información en el ámbito internacional, donde la institución nacional vasca tiene muchas semillas sembradas, como demostró la exitosa Conferencia Internacional celebrada en el Kursaal de Donostia en diciembre de 2002.
Ugarteburu estuvo acompañada de los también procesados Loren Arkotxa, presidente de Udabiltza, Miren Odriozola, Expe Iriarte, Txema Jurado, Lander Etxebarria, Juan Karlos Alduntzin, Xarlos Etxezaharreta, Xabier Iragorri, Joseba Garmendia y Miren Josu Aranburu. Dejaron claro que no sólo no han cometido ningún delito, sino que «por encima de divisiones» tiene claro que Udalbiltza es un proyecto válido para el futuro. Y relanzaron, en paralelo, una de sus demandas clásicas: «Reorganizar la institución en función de las nuevas necesidades», aunque siempre sin perder de vista los «principios fundacionales» aprobados en el Palacio Euskalduna en 1999.
«Que sigan trabajando»
En esta línea, independientemente de cuál sea el desenlace de este proceso, los imputados quisieron lanzar un llamamiento a los actuales electos para «que sigan trabajando, en la medida de sus posibilidades, sumando fuerzas: no contra nadie, sino a favor de todos».
Maribi Ugarteburu lo acompañó de un segundo llamamiento, que si bien se formula «sin ningún esperanza» resulta ineludible: «Que se archive este sumario, como todos los de contenido político, y que queden en libertad todos los encarcelados por estas causas».
Los movimientos en la Audiencia Nacional hacen prever que la vista oral pueda ser convocada en unas semanas, quizás de modo simultáneo al proceso contra el movimiento pro-amnistía.
LOS PROCESADOS
-LOREN ARKOTXA
-XABIER ALEGRIA
-MIREN JOSU ARANBURU
-XARLO ETXEZAHARRETA
-Miren odriozola
-JUAN K. alduntzin
-Oskar goñi
-Expe IRIARTE
-TXEMA JURADO
-MARIBI UGARTEBURU
-JOSEBA M. garmendia
-Jaione astibia
-Lander etxebarria
-Ibon arbulu
-Urko irastortza
-Imanol esnaola
-Miriam campos
-Leire idoiaga
-KARMELE URBISTONDO
-LARRAITZ SANZBERRO
-EIDER CASANOVA
-XABIER IRAGORRI
22
personas deben sentarse en el banquillo en este juicio por el «caso Udalbiltza» bajo las acusaciones de «integración en banda armada» y «malversación de caudales públicos».
240
años de cárcel es el volumen total de la petición fiscal, que se hizo pública el pasado mes de setiembre.
10
años de petición fiscal recaen sobre cada uno de los 22 procesados, ya que a todos se les aplica el mismo concepto de «integración» en ETA.
5
años más se piden además contra Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa, Xabier Alegria y Xabier Iragorri, al imputárseles «malversación».
14 a 23
años de cárcel pide la acusación del colectivo ultra Dignidad y Justicia contra los 22 procesados.
4
años y medio han pasado desde abril de 2003, cuando el juez Garzón desencadenó la primera redada y decretó la suspensión de actividades de la institución nacional.
150
policías participaron en aquella primera operación que conllevó el cierre de sedes de Udalbiltza. Se sucedieron los encarcelamientos de electos municipales.
La Sección Tercera de la Audiencia Nacional decretó ayer libertad sin fianza para José Luis Elkoro, detenido el miércoles por la Guardia Civil en su domicilio de Bergara en el marco de la operación de encarcelamiento masivo de los juzgados por el sumario 18/98. La jueza Angela Murillo atendió a la solicitud de la defensa, que alegó la edad de Elkoro -73 años-, aportó documentación médica que acredita su delicado estado de salud y constató que no se da riesgo de fuga, ya que de hecho, la detención se produjo en su domicilio.
Tanto el fiscal, como la AVT mantuvieron la petición de prisión, restando «gravedad» a la situación del histórico dirigente abertzale y alegando que sus dolencias «pueden ser tratadas en la cárcel». El propio Elkoro, animado y fuerte anímicamente, calificó de «injusta» su condena, para la que dijo que «no hay pruebas» y reiteró que no tenía intención de fugarse. El veterano abertzale fue trasladado de nuevo a Soto del Real antes de salir en libertad.
Mientras tanto, los sindicatos LAB, EHNE, Hiru y ESK anunciaron ayer en Bilbo su convocatoria de paro de una hora el próximo día 13, entre las 12.00 y las 13.00, en solidaridad con los condenados en el sumario 18/98 y para reclamar su libertad, y solicitaron a la sociedad que «responda» así a estos «atropellos judiciales y políticos». Rafa Díez, secretario general de LAB, situó la sentencia del sumario 18/98, y otras actuaciones desarrolladas en los últimos meses, como la detención de dirigentes de Batasuna o las redadas masivas contra jóvenes, en «doctrinas judiciales de neto y claro impulso político», a lo que añadió que «en este país, desgraciadamente, primero se establece la estrategia política y luego se adapta la justicia». Según Díez, el PSOE sigue haciendo «una apuesta por vías represivas» que «sólo genera más tensión, más confrontación y más sufrimiento».
LAB cree que el paro del día 13 debe servir para «dar un no rotundo a las sentencias, las estrategias de detenciones, de ilegalizaciones o amenazas de ilegalización y a las vulneración de derechos civiles y políticos», así como un «sí a un cambio político que traiga el respeto a Euskal Herria» para lograr un «marco demócratico de paz y superación del conflicto».
Paul Nicholson, de EHNE, reiteró que el 18/98 es un «juicio político» en el que se ha encarcelado a «activistas políticos y sociales muy importantes», mientras ESK destacó que se trata de un «esperpento jurídico», con un desarrollo «eminentente político». El sindicato Hiru califica asimismo de «político» el sumario 18/98 y hace un llamamiento a los transportistas para que se sumen al paro.