Ala hora de analizar las cuestiones relacionadas con el PNV conviene siempre distinguir entre su discurso y su práctica política. Por lo tanto, también al abordar la cuestión del tratamiento de la territorialidad que han hecho los jeltzales, cabe destacar que su posición quedó muy clara cuando en 1979 aceptaron la separación de las cuatro provincias del sur, configurando dos comunidades autonómicas diferenciadas. Las explicaciones de este hecho pueden ser múltiples, pero las consecuencias son evidentes: el PNV aceptó partir el territorio asegurándose la gestión de una de las partes, cuando la gobernación del conjunto hubiera estado sometida a más variables y complicaciones. Pasados los años, en el reciente proceso negociador, incluso la versión que los jeltzales dieron de las conversaciones muestra que el PNV no estuvo dispuesto a levantar los topes constitucionales en esta materia.

Sin embargo, y a pesar de esta práctica, al menos en la teoría el PNV siempre había mantenido la reivindicación de una Euskal Herria conformada por siete territorios, que se encuentran separados en tres administraciones por imperativo de fuerza mayor.

En la ponencia política de 2004, hizo hincapié en lo que definía como «conceptos y datos básicos», entre los que incluía la existencia de un único pueblo «a caballo entre dos estados y dividido por tres realidades jurídico-administrativas». En esta ponencia no se presentaba esta división como algo libremente elegido por la ciudadanía vasca de los diferentes territorios, sino que se reflejaba expresamente que «no se puede soslayar el acoso al que someten los estados español y francés a toda tentativa de colaboración entre los diferentes territorios vascos, sea cual sea el tema de colaboración». A lo que se añadía que «instalados en el inmovilismo más absoluto de los textos legales, como si fueran dogmas inmutables, pretenden encorsetar las aspiraciones de los ciudadanos vascos dentro de los límites del pensamiento único en la sagrada unidad-uniformidad de los estados».

Desde esta base, el PNV decía comprometerse a llevar a cabo un proceso político para que todos los ciudadanos y territorios vascos puedan incorporarse a un único sujeto político, llamado Euskal Herria, «removiendo y superando los obstáculos y creando las condiciones jurídico-políticas necesarias para que tal derecho pueda ejercerse». Todo ello, desde «el respeto a los diversos grados de desarrollo de la conciencia nacional en los siete territorios, desde su capacidad de decisión y libre adhesión».

En la ponencia de integración de 2007, recientemente aprobada por la Asamblea General, los «conceptos y datos básicos» se dan ya por conocidos y el apartado referente a la territorialidad parece haberse realizado cortando y pegando en distinto orden conceptos extraídos de la ponencia anterior. Sin embargo, la redacción general pierde parte de la fuerza que tenía el texto de 2004. Y aunque mantiene un compromiso, la idea de hacer algo activo, de llevar a cabo un proceso desaparece. Y lo que antes daba lugar a «crear una opción constitucional hoy inexistente» -la de un sujeto político con derechos políticos colectivos reconocidos-, se diluye ahora en la imagen de que esa «opción constitucional» es «perfectamente deducible del reconocimiento y garantía de los derechos históricos del pueblo vasco».

En ese contexto llega la nueva teorización de Iñigo Urkullu en su discurso de aceptación del cargo de presidente del Euzkadi Buru Batzar. Por un lado se reitera que Euskal Herria no es sólo la CAV, sino que hay una serie de lazos materializados en el euskara, la tradición, las instituciones forales y la historia que se dan también en Nafarroa e Iparralde.

Y, por otro, afirma que «tal esparcimiento extraterritorial no es específico de nuestro pueblo. La Kultur alemana, por ejemplo, se acomoda y desarrolla en Alemania, Suiza, Austria, Chequia, Polonia, etc. Estados que conjugan su alemanidad con su propia soberanía, sin reclamar la unificación política».

A continuación, añade que «solamente cuando la voluntad libremente expresada de los ciudadanos navarros y de Iparralde, de una manera clara e inequívoca, afirme su deseo de vivir bajo instituciones comunes, podremos dar cauce a ese anhelo». Entre tanto, aboga por fortalecer políticas institucionales comunes.

El discurso de Urkullu muestra una aceptación de la actual división territorial como algo libremente decidido, como si fueran también estados soberanos, y sin que existan ya las fuerzas externas a la ciudadanía de cada uno de los territorios de los que hablaba la ponencia del año 2004.