Una denuncia interna de una afiliada de Galdakao contra los 9 concejales electos del PNV de Ondarroa, que tras perder las últimas elecciones municipales frente a la candidatura ilegalizada de ANV dimitieron para no usurpar la voluntad de sus vecinos, ha llevado a la expulsión del partido de esas personas. A falta de que los tribunales superiores del partido ratifiquen la decisión, la acusación de «desobediencia» ha prosperado.

Las preguntas que surgen son claras. Por un lado, ¿cómo va a ser capaz el PNV de cuestionar la Ley de Partidos si la aplica no sólo en las instituciones públicas, sino ahora también en sus organos internos? Por otro lado, si en el sistema político interno del PNV la voluntad antidemocrática de una persona de cualquier lugar pesa más que la voluntad democrática de un pueblo entero -incluida la estructura y la base social del PNV-, ¿con qué argumentos van a contrarrestar la eterna cantinela de los españoles de que los de Valladolid tienen derecho decidir sobre nuestro futuro? Es más, ¿cómo se van a enfrentar políticamente a aquellos que desde sus despachos en Madrid deciden qué es legítimo que hagan o dejen de hacer los ciudadanos vascos?