El pasado martes quince jóvenes donostiarras se presentaron voluntariamente en la Audiencia Nacional porque desde el pasado 7 de noviembre pesaba una orden de busca y captura sobre ellos. Sin embargo, en el preciso instante en el que se disponían a entrar en el tribunal especial para comparecer ante el juez Fernando Grande-Marlaska, fueron detenidos.

Ocho de los quince jóvenes comparecieron el miércoles y el magistrado ordenó el ingreso en prisión comunicada para todos ellos. A las 9.30 de la mañana de ayer comenzaron las comparecencias de los siete que faltaban por declarar ante Marlaska y tras cinco horas de interrogatorios, el juez acordó la puesta en libertad de todos ellos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional impuso a Mikel Bargas, Asier Mariezkurrena, Iker Egido, Breogan Fernández, Igor Alvarez y Urko Pikaza una fianza de 6.000 euros y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días. Además, no podrán abandonar el Estado español.

A Mireia Motxales, en cambio, no le fijó ninguna fianza pero sí deberá comparecer ante el juzgado cada quince días.

Askatasuna informó de que se esperaba que los siete jóvenes fueran conducidos en primer lugar a la cárcel de Soto del Real y luego fueran puestos en libertad ya que les ha dado un plazo de diez días para abonar las fianzas impuestas.

Esperando a declarar en Soto

Pese a la puesta en libertad de los siete jóvenes, sus abogados confirmaron a GARA que la Fiscalía ha mantenido las mismas acusaciones por las que los otros ocho fueron enviados a prisión. Según explicaron, se les imputa «pertenencia a organización terrorista por ser miembros de Segi» y un delito continuado de «daños y estragos».

Asimismo, los abogados defensores de los jóvenes denunciaron la actuación del juez, ya que recordaron que los quince acudieron a la Audiencia Nacional española para personarse voluntariamente porque Grande-Marlaska requirió su presencia en el tribunal especial pero no les impuso ninguna fecha para hacerlo.

Y es que las Fuerzas de Seguridad españolas fueron a sus domicilios durante la operación policial del pasado 7 de noviembre, llevada a cabo en Donostia con intención de capturarlos, pero los jóvenes no estaban en casa. Desde ese día pesaba contra todos ellos una orden de búsqueda y captur,a por lo que los quince jóvenes acordaron ir a Madrid acompañados de sus abogados. Sin embargo, todos ellos fueron arrestados por la Policía española en las inmediaciones del tribunal.

Tras pasar la primera noche en la comisaría de Canillas, ocho de los arrestados comparecieron el miércoles y, al filo de la medianoche, el magistrado ordenó el ingreso en prisión incondicional comunicada y sin fianza en Soto del Real para Aitor Olaizola, Oier Lorente, Adur Fernández, Beñat Apalategi, Imanol Bizente, Nahikari Otaegi, Ion Imanol Igal y Urko Labaka. Los siete restantes también fueron encarcelados en la prisión madrileña a la espera de que el juez les tomara declaración, hasta que ayer -tres días después de que fueran detenidos en la misma Audiencia Nacional -Grande-Marlaska decretó la puesta en libertad bajo de fianza de 6.000 euros de Mikel Bargas, Asier Mariezkurrena, Iker Egido, Breogan Fernández, Igor Alvarez y Urko Pikaza, mientras a Mireia Motxales le dejaba en libertad sin ninguna fianza, pero con la obligación de firmar ante el juzgado cada quince días.

Operación prefabricada

El operativo policial diseñado por Grande-Marlaska y por el que pesaba una orden de busca y captura sobre los quince jóvenes que se presentaron en la Audiencia Nacional voluntariamente, dio inició el pasado 30 de octubre en la capital guipuzcoana con la detención de siete jóvenes -Mikel Arretxe, Peio Lamarka, Egoi Alberdi, Ekaitz de Ibero, Unai Pérez, Jon Sardón y Julen Garmendia-.

Siete días después, y mientras que cinco de los jóvenes continuaban incomunicados -Marlaska ordenó ampliar el aislamiento cinco días más-, la Policía española volvió a irrumpir en Donostia realizando decenas de registros tanto en domicilios como en herriko tabernas y deteniendo a otros cuatro jóvenes -Ion Etxeberria, Martin Mendizabal, Ekaitz Ezkerra e Iñaki Koloma-.

Todos ellos recuperaron la libertad días más tarde y se les impuso la obligación de comparecer de forma periódica en el juzgado. Sin embargo, dieron cuenta del trato vejatorio y degradante del que fueron objeto a manos de la Policía española. Tres de estos jóvenes comparecieron públicamente el martes junto a representantes de Torturaren Aurkako Taldea para exigir la derogación del periodo de incomunicación, como medida esencial para eliminar la práctica de la tortura.

Tras la rueda de prensa los jóvenes procedieron a presentar sendas denuncias por torturas en el Juzgado de Donostia.

El otro donostiarra también interpuso una denuncia, pero en esta ocasión denunció a las FSE por pedirle «colaboración» bajo amenazas contra él y sus familiares.

Estas detenciones fueron bautizadas, en un primer momento, como «un tercer golpe a las estructuras de la violencia callejera», situandolas junto a las realizadas con anterioridad en Gasteiz y Uribe Kosta. No obstante, este argumento fue perdiendo fuerza hasta dejar en evidencia de manera clara el objetivo del operativo: golpear a la organización juvenil Segi.

En este sentido, cabe destacar que entre las imputaciones que se les realizan a los jóvenes implicados en estas operaciones están las de «pertenencia a banda armada por integración en la organización terrorista Segi», junto a la de haber participado en varios actos de «kale borroka» en la capital guipuzcoana en los últimos meses. Pueden condenarles a unas penas mínimas de seis años, aunque la acusación no está sustentada con ninguna prueba.

Desde que a finales del pasado mes de octubre diera comienzo la operación, 26 jóvenes donostiarras han sido detenidos. La mitad de ellos han sido encarcelados, mientras la otra mitad ha quedado en libertad. A estos datos hay que sumarles que, en tan sólo una semana y desde que el pasado viernes comenzaron las detenciones por el 18/98, 45 ciudadanos vascos han ingresado en prisión.