Cintas de la CIA sobre «interrogatorios duros»

El Congreso de Estados Unidos y el presidente George Bush protagonizan una disputa sostenida en relación a la que el inquilino de la Casa Blanca bautiza como la «guerra contra el terror». Desde los atentados del 11-S y con la campaña militar de Afganistán en marcha, los servicios secretos estadounidenses comenzaron a ganar un protagonismo creciente, primero porque se trataba de librar una guerra sucia, sin reglas, sin restricciones legales, y segundo porque Bush ha considerado que lo que estaba en juego con esa política era tan importante para su carrera política y los que la financian que no podía quedar al arbitrio de los cambios de mayorías en el Congreso. Por ello, el último episodio conocido, consistente en la destrucción de cintas de «interrogatorios duros» –eufemismo para legalizar la tortura– a presuntos miembros de Al Qaeda debe enmarcarse en esa discrepancia formal sobre el control de la maquinaria de la guerra, una discrepancia que, para ser sinceros, se ha agudizado en razón de los escasos éxitos bélicos cosechados en Afganistán e Irak.  Así la noticia de esa destrucción de pruebas de torturas no ha provocado una reacción airada en defensa de los derechos humanos por parte de la oposición, sino que ha tomado más bien la forma de una clásica trifulca entre estamentos de poder a las puertas de un año electoral.