En estas últimas semanas, en el Estado español se han hecho públicos algunos datos fiscales y económicos realmente importantes. Los dos primeros son conocidos por la población de forma más o menos generalizada; el tercero, bastante menos; y pocos tendrán noticia del cuarto.

Recordemos el contexto fiscal en que se enmarcan estos datos. El Gobierno del PSOE ha reformado el IRPF (pasando el tipo máximo del 45% al 43%, se ha implantado el tipo único en el 18% para todas las variedades de ahorro, etc.) y también el impuesto de sociedades (el tipo disminuyó del 35% al 30%). Ambas reformas pueden suponer una disminución recaudatoria entre ambos impuestos de poco menos de 9.000 millones de euros. Esta reforma, votada por las Cortes españolas, hace más de año y medio, hubo quien la llamó gráficamente «la tercera reforma fiscal del Partido Popular». Parcialmente, al menos, simbolizó el «cambio de socios» del PSOE: IU-ICV y ERC eran sustituidos por el PNV y CiU.

Para la próxima legislatura, si el PSOE repite Gobierno como parece que así será, la idea es continuar por este desgraciado camino con el mismo Ministro de Economía.

El primer dato, proporcionado por el último informe sobre el mercado laboral de la UE: en el reino de España los salarios han pasado de representar el 67,9% del PIB (1976) al 54,5% (2006). Treinta años justos y una pérdida espectacular de más de 13 puntos. El reino de España no es ninguna excepción a la ley general. En la Unión Europea (de los 15), el descenso fue de media del 69,9% (1975) al 57,8% (2006).

A mediados de los 70 empezó lo que se ha conocido como la gran ofensiva neoliberal. En esta ofensiva, la derecha neoliberal ha insistido en varios puntos, con mayor o menor intensidad en alguno de ellos según la coyuntura: el Estado de bienestar saca del mercado incentivos de inversión y de trabajo remunerado; es ineficiente e ineficaz, como lo muestra la «ingente» cantidad de gasto público destinado a acabar con la pobreza, gasto que, además, no ha conseguido el objetivo, puesto que la pobreza sigue presente; conlleva un innecesario gigantismo del Estado, lo que conduce a su vez al deterioro de la iniciativa individual; implica un volumen de impuestos que atenta contra la libertad, y no es cierto que el Estado de bienestar compense los «fallos del mercado».

Uno de los productos de esta ofensiva es esta reducción del peso de los salarios en el PIB. La parte que han perdido los salarios en el PIB la han ganado, claro está, las rentas del capital.

Segundo dato bien conocido: la Política Agrícola Común (PAC) de la UE supone unos 55.000 millones de euros (2007), una cantidad de las más importantes del presupuesto comunitario. La PAC da subvenciones a los distintos Estados miembros. Buena parte de estas subvenciones se la llevan no los pequeños agricultores sino los grandes propietarios y terratenientes agrícolas.

Así, hay quien recibe más de 200.000 y de 300.000 euros. Con lo que, como ya se ha puesto de relieve más de alguna vez, los 126 grandes ricos terratenientes del reino de España (la familia Botín, Samuel Flores, uno de los más grandes terratenientes del reino, los marqueses de Valdez Ozores, Mario Conde, Emilio Ybarra, Alfonso Cortina...) reciben tanto dinero como los aproximadamente 480.000 no tan afortunados.

Tercer dato ya menos conocido: la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha publicado hace unas pocas semanas un interesante documento cuyo título es "Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España". Es un documento de 31 páginas que ya ha sido reproducido por multitud de páginas electrónicas. Y lo vale, porque los datos y recomendaciones que esta organización propone merecen mucha atención. Quiero destacar solamente una porción muy pequeña.

El apartado dedicado al blanqueo de capitales es especialmente recomendable («Todos los indicadores señalan a España como un verdadero paraíso para el blanqueo de capitales», se lee en la página 6), pero como no es técnicamente fraude fiscal, me limitaré a algunas de las afirmaciones que se dan en este documento. En primer lugar se recuerda que no ha habido ningún Gobierno, del PP o del PSOE, que haya querido efectuar «un estudio en profundidad sobre la economía sumergida y el fraude fiscal existente».

A falta de este estudio de cualquier Gobierno del reino, el documento ofrece una relación de todos los estudios que se conocen sobre fraude fiscal y economía sumergida. Entre ellos, se menciona el realizado en el año 2002 por el entonces responsable de política económica del PSOE, Jordi Sevilla, en donde se calculaba en 25.000 millones de euros el importe que dejaba de cobrar Hacienda cada año como consecuencia del fraude fiscal existente.

Cuarto dato casi desconocido: Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, presentó una ponencia titulada Financiación de la Renta Básica a partir de una reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. En este estudio, y aunque no era éste su objeto principal de atención, se mencionaron estos datos: «un maestro de primaria, funcionario con 12 años de antigüedad, que tenía en 2004 una retribución bruta anual de 28.088 euros, estaría en el percentil 80, entre el 20% más rico de Catalunya. Por su parte, un profesor de instituto, funcionario con 12 años de antigüedad, con 32.110 euros de retribución bruta anual en 2004, se situaría en el percentil 90, entre el 10% más rico de Catalunya. Por último, un catedrático de universidad, funcionario con 12 años de antigüedad, con una retribución bruta anual de 47.500 euros en 2004, pertenecería al percentil 95, esto es entre el 5% más rico de Catalunya». Algo completamente absurdo. Dicho más resumidamente: el IRPF muestra de forma indirecta que el enorme fraude fiscal que hacen los ricos es impresionante y lo que se hace para combatirlo no está a la altura del empeño que los primeros ponen en defraudar.

Leona Hemsley, una rica propietaria de una cadena de hoteles, dijo sin el menor pudor: «sólo la gente corriente paga impuestos». Exactamente lo que estoy tratando de decir.

Es época de campañas electorales. Parece que el camino elegido, tanto por la derecha como por la izquierda, ha sido el de caminar al grito de «menos impuestos». Que lo haga la derecha era predecible y hasta «normal», que lo haga la izquierda, una parte de ella al menos, es un gran error. Atrapar votos no lo justifica todo.