El Gobierno español pone en el punto de mira a deportados y exiliados
El fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha ordenado que se agilicen los trámites de las peticiones de extradición contra al menos cien ciudadanos vascos, exiliados o deportados por su condición de represaliados políticos. Según publicó ayer «El País», la actuación de la Fiscalía española estaría sujeta a la estrategia ofensiva que lleva a cabo el Gobierno del PSOE contra el independentismo vasco, incrementada tras el fallido proceso negociador.
GARA |
El Gobierno español ha avanzado que los deportados y exiliados políticos vascos serán los siguientes en su lista de ofensiva represiva contra el independentismo vasco, a la vez que anuncia una vuelta de tuerca en la política penitenciaria respecto al Colectivo de Presos. El diario «El País» informaba ayer de algunas de las intenciones represivas que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero pretende llevar a cabo en breve, haciéndose eco de las diligencias que el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha ordenado que se desarrollen con mayor celeridad y rapidez.
La información publicada por el rotativo madrileño apunta a un plan que afectará a cerca de un centenar de vascos, aunque la primera parte sólo repercute a quince ciudadanos de los que trece, según el artículo, ya están detenidos. Los otros dos no podrán ser reclamados por Madrid, al parecer por la prescripción de los delitos imputados. Contra las personas que Madrid pretende arrestar, pesaría una orden de búsqueda y captura del tribunal especial por hechos ocurridos en las décadas de los 80 y de los 90.
«Localizados», según la Policía
Además, y a tenor de la publicación, la Fiscalía habría reactivado la orden de busca y captura contra varios ciudadanos vascos, al estar a punto de prescribir los hechos imputados.
La Policía española habría «localizado» en diferentes estados al centenar de vascos para los que la Fiscalía española pedirá que sean puestos en manos de Madrid. Y ofrecen hasta datos. El mayor número, según las FSE, estaría situado en el Estado francés, alrededor de cincuenta. Pero también apuntan a países como México -«entre 25 y 30»-, Venezuela -«unos 10 o 12»-, Uruguay, Cuba y Cabo Verde.
Sobre la lista inicial de los quince vascos perseguidos, «El País» señala que diez estarían «localizados» en el Estado francés, y otros tres en Cabo Verde. La legislación del país africano habría sido un inconveniente para las pretensiones de Madrid, pero todo obstáculo ha sido enmendado gracias a la reciente firma de un acuerdo entre los gobernantes españoles y los caboverdianos. Tan actual, que todavía no se ha hecho público en el Boletín Oficial del Estado español.
Y es que los vascos deportados en Cabo Verde habrían adquirido la nacionalidad cabo-verdiana por el largo periodo transcurrido allí. Pero gracias al acuerdo suscrito «para que se pueda entregar a ciudadanos extranjeros que se hayan naturalizado», Madrid espera que «en meses la entrega de los reclamados pueda producirse».
Respecto a los «localizados en Francia», el rotativo español revela que el plan «está en pleno apogeo», y como muestra apunta que varios de ellos ya han sido arrestados. Así, menciona las detenciones de Juan Carlos Iriarte, Pedro Goikoetxea y Kontxi Iglesias Álvarez.
«Localizados», según la Policía
Sobre el recrudecimiento de la política carcelaria, y a pesar de que la competencia sea del Ministerio español de Interior, la Fiscalía estaría «decidida a aplicar una política de flexibilidad cero, que consistirá en informar negativamente de cualquier petición de libertad de los terroristas presos o de sustituir la prisión por otras medidas cautela- res menos gravosas».
Entre esas medidas a rechazar, el Ministerio Público también incluye a los prisioneros vascos que estarían en un régimen de tercer grado por motivos de salud. Cabe recordar que actualmente hay una docena de presos políticos vascos con enfermedades graves e incurables, a quienes no se aplica el tercer grado penitenciario y que ni siquiera cuentan con el seguimiento médico necesario para el tratamiento de sus dolencias.
El plan anunciado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional española afectaría a un total de cien ciudadanos vascos refugiados o deportados en el Estado francés, Venezuela, México, Cabo Verde, Cuba o Uruguay.
«La operación ha tenido ya algunas dificultades, como la oposición de la Fiscalía francesa a que se entregue a Concepción Iglesias Álvarez». Así relataba «El País» cómo la fiscal de Pau rechazó la petición de extraditar a Kontxi Iglesias en base a una reclamación por «pertenencia a ETA», al entender que ya cumplió pena por el mismo delito en prisiones francesas.
Iglesias, que fue detenida por la Gendarmería el pasado 23 de noviembre y puesta en libertad al día siguiente, ya estuvo encarcelada en el Estado francés cumpliendo una condena por «asociación de malhechores con fines terroristas» -equivalente al delito de «integración en organización terrorista» en el Estado español-. No obstante, y ante la negativa de la Fiscalía francesa a dar luz verde a su entrega, Madrid ha apuntado su intención de encausarla por su «presunta participación en el atentado frustrado contra el Rey en Palma de Mallorca en 1995».
Pocos días antes de que fuera arrestada Iglesias, el refugiado Pedro Mari Goikoetxea también era detenido en Behobia. El hernaniarra figura, junto al donostiarra Juan Carlos Iriarte, entre los nombres que citaba ayer «El País».
Goikoetxea también fue detenido en virtud a una euroorden cursada en su contra por Madrid, pero el Tribunal de Pau decidió decretar su libertad provisional por su estado de salud. En cuanto a Juan Carlos Iriarte, fue detenido el 4 de octubre en un control colocado en Hendaia en base a una orden de busca y captura emitida por las autoridades españolas. Iriarte continúa preso en Pau, a la espera de que se celebre el juicio.
