«Estrasburgo admite el recurso de Batasuna contra su ilegalización». Con esta rotundidad daba ayer por seguro ``El Mundo'' que la iniciativa contra la ilegalización ha pasado la primera criba del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que le daría muchas opciones de ser aprobado en términos meramente estadísticos. El titular, por tanto, provocó un intenso revuelo, hasta el punto de que el departamento de prensa de la Corte de Estrasburgo hizo público a mediodía el típico desmentido, que se atiene a los términos establecidos en estos casos. El Tribunal Europeo se limita de modo escueto a señalar que «a día de hoy» no ha tomado decisión alguna sobre el caso.

A falta de datos seguros sobre el sentido de la decisión y la fecha en que puede producirse, tanto el titular del diario madrileño como la actitud adoptada inmediatamente por el Gobierno español y por el PP sí dejan en evidencia que Madrid se prepara ya para un primer revés a sus tesis.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, trató de minimizar la cuestión argumentando que «no supone ninguna sorpresa» que el recurso sea aceptado a trámite. «Era algo no sólo previsible, sino que estábamos absolutamente seguros de que se iba a producir. Hubiera sido anómalo que Estrasburgo no admitiera a trámite esa demanda», afirmó Bermejo, contradiciendo así la férrea oposición de la parte estatal a que el recurso superara el corte.

«Muchas razones»

En la línea del «tenemos mil pruebas» lanzado por su antecesor del PP José María Michavila al impulsar la ilegalización, el actual ministro de Justicia del PSOE afirmó acto seguido que «el Estado tiene muchas razones en este tema» y, por tanto, «no le tiene ningún miedo al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque cuando se tienen tantas razones no debe haber ningún problema».

También el ministro de Defensa y ex titular de Interior, José Antonio Alonso, miró con claridad ya a la segunda fase: la del debate jurídico en torno al fondo del litigio. Lo hizo para asegurar que «el Gobierno de España defenderá la plena legitimi- dad democrática de nuestra legislación. La calidad democrática de España está fuera de toda discusión».

En el PP no parecen tan tranquilos. El ex presidente José María Aznar, que fue quien impulsó tanto la Ley de Partidos como la ilegalización, consideró que la admisión a trámite sería «una noticia de enorme envergadura» y alertó de que «si se acepta que ETA sea parte de las instituciones, no vamos a derrotar a ETA, porque eso es imposible».

El portavoz del PP en la Eurocámara, Guillermo Galeote, fue más lejos y dio por seguro que el Tribunal de Estrasburgo puede ser manipulado por los estados: «El simple hecho de que Estrasburgo dé audiencia a lo que es para la UE una organización terrorista [en referencia a Batasuna] dice muy poco de la capacidad de influencia y presión de nuestro Gobierno», explicó.

Precedentes

Aunque ciertamente la probable admisión a trámite del recurso no garantice que habrá una sentencia final en favor de los ilegalizados, tanto la estadística como la jurisprudencia dan fuerza a esta opción.

En términos meramente numéricos, ``El Mundo'' recordaba ayer que la Corte Europea de Derechos Humanos sólo acepta a trámite el 1,5% de los recursos, y que además el 80% de cuyo fondo entra a analizar resulta finalmente aprobado.

Lo esencial, sin embargo, es el fondo de la cuestión. Y, al menos en cuatro casos de formaciones proscritas por el Gobierno de Ankara, Estrasburgo ha dado la razón a las tesis de los ilegalizados en los últimos años aceptando sus apelaciones a los artículos 9 (libertad de pensamiento), 10 (libertad de expresión), 11 (libertad de asociación) ó 14 (prohibición de discriminación) del Convenio de Roma para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades.

En 1998, Estrasburgo dictaminó en favor del Partido Comunista Unido de Turquía, prohibido a inicios de los 90, y fijó con nitidez que «los partidos son una forma de asociación esencial en cualquier sistema democrático, y el hecho de que sus actividades sean consideradas contrarias a los principios constitucionales de un Estado no implica la exclusión de la protección garantizada por el Conve- nio de Roma». Lo mismo hizo en 1999 con el Partido de la Libertad y Democracia (prohibido seis años antes) y en dos ocasiones con el Partido Socialista, también años después del veto.

La defensa de Batasuna argumenta también ante la Corte Europea que el Estado español vulneró los artículos 11 y 12, además del número 6 por una cuestión formal: la no aceptación de la recusación del presidente y ponente de la sentencia del Supremo, Francisco José Hernando, que se había manifestado antes a favor de la ilegalización.

ANV, en el fondo

El titular de ``El Mundo'' reabrió además el debate sobre la eventual ilegalización de ANV. Los ministros Bermejo y Alonso se apresuraron a tratar de desligar la sentencia europea del caso de la formación ekintzale, pero un eventual amparo europeo a Batasuna debería cerrar de facto esta polémica vía.

El PP consideró que la culpa es precisamente de la dilación del Gobierno del PSOE en poner fuera de la ley a la histórica formación abertzale. El ex ministro de Interior Angel Acebes se preguntó «qué va a pensar un juez en Estrasburgo cuando lo que ve es que en España el Gobierno permite a ANV, heredero de Batasuna, estar en ayuntamientos, cuando promueve en el Parlamento Europeo un acuerdo de apoyo a la negociación o cuando el abogado del Estado alega en Estrasburgo que en 2006 había una nueva situación».