La Sala del 61 del Tribunal Supremo español, tras varios meses teniendo el asunto marcado en su agenda, admitió ayer «la improcedencia en este momento de decretar el embargo de las llamadas herriko tabernas, sin perjuicio de que las partes ejecutantes puedan ejercitar las correspondientes acciones de `levantamiento del velo'». Asume así que no está probado que los 144 locales investigados en este procedimiento tengan relación alguna con Batasuna.

La decisión sólo supone un respiro para los responsables de estos locales abertzales. Subsiste un doble motivo de preocupación. Por un lado, el hecho de que el propio Supremo introduzca en la decisión la coletilla de «en este momento» y deje en manos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado (como «partes ejecutantes») seguir buscando el modo de tratar de vincular a las herrikos con Batasuna. Y, por otro, debido a que en la Audiencia Nacional sigue su camino el sumario 35/02 instruido Baltasar Garzón y que llevó hace ya años al embargo preventivo de 55 locales.

Los movimientos y declaraciones de los últimos meses han puesto de manifiesto que la Fiscalía da prioridad a esta segunda vía. De hecho, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, manifestó la pasada semana que «es probable que a mediados del próximo año pueda celebrarse el juicio, dado que la instrucción podría terminar en las próximas semanas y se formulará acusación por la Fiscalía». El pasado año ya fueron procesados por este sumario 37 destacados militantes independentistas. Y hace dos meses, más de una veintena fueron enviados también a prisión tras la redada de Segura.

Recelos del Supremo

Frente a ello, la Fiscalía ha marcado distancias respecto a la vía del Tribunal Supremo, que se sitúa como un derivación de la ilegalización de Batasuna decretada hace ya casi cinco años. Así, hace 14 meses, cuando se produjo la irrupción policial masiva en todos estos centros, el Ministerio Público opinó que entre las herrikos y Batasuna «existe una afinidad ideológica e incluso una identidad de pensamientos con todos y cada uno de los objetivos que han prestado su apoyo a ETA», pero que «no puede inferirse la conclusión de que uno y otro son la misma cosa, al menos por el momento».

Por lo que respecta a los jueces de esta sala especial del Supremo, hace ya varios meses se habían puesto de relieve recelos sobre la capacidad jurídica de seguir con esta ofensiva. Fuentes del Alto Tribunal admitían ya en setiembre que la titularidad de los 144 locales perseguidos «es una enorme madeja difícil de desenredar». De hecho, las deliberaciones se interrumpieron sin resultados en el mes de julio, pese a que ya en octubre del pasado año se había acometido la polémica operación de supuesto «inventariado», también sin aval expreso de la Fiscalía. Ayer se retomaban los debates y tres horas después la Sala del 61 hacía pública su decisión de aparcar el tema.

En este punto, el Supremo cita tanto la Ley Hipotecaria como la Ley de Enjuiciamiento Civil para apuntar que no cabe proceder a tal embargo sin que conste que haya relación entre los locales y Batasuna. Antes, en el primer punto, está la otra cara de la moneda: el Tribunal Supremo rechaza de plano y sin explicaciones «cuantas excepciones se han opuesto por los interesados al proceso liquidatorio».

Convidados de piedra

Mientras tanto, los auténticos afectados por esta ofensiva tienen que asistir a ella como meros convidados de piedra. Uno de los numerosos abogados que defienden los intereses de estos locales, Iñigo Santxo, recordaba ayer a GARA que el intento de personarse en este caso «no fue admitido». Los propietarios y responsables de los locales se encuentran envueltos en una curiosa contradicción: no pue- den demostrar siquiera que no son de Batasuna, porque sólo siéndolo tendrían acceso a la tramitación.

Santxo pone en duda también la validez de acciones ya ejecutadas, como el inventariado de hace un año, «que es algo cuando menos inusual». Resulta evidente que Guardia Civil, Policía y Ertzaintza no entran a revisar una vivienda cuando se produce un caso de embargo, como ocurrió en octubre de 2006.

Ya en aquel momento, la letrada Jone Goirizelaia explicó a GARA que lo que estaba haciendo el Supremo era prejuzgar que los locales pertenecían a Batasuna, «y no es ninguna tontería, porque esos bienes son de unas sociedades culturales que tienen unos propietarios, que no han tenido parte ni en el procedimiento ni en la ejecución». Muchos de éstos denunciaron públicamente que más que inventarios se trató de auténticos registros, en los que las diferentes policías se incautaron de diverso material (documentación, ordenadores e incluso dinero).

En términos políticos, la irrupción policial fue leída incluso como un intento del Tribunal Supremo español de incidir negativamente en el proceso de negociación abierto entonces, en un momento en el que, aunque entonces se desconocía públicamente, se afrontaba la fase final de las conversaciones decisivas de Loiola. La operación conllevó más de 120 entradas en locales abertzales, que multiplicaron los momentos de tensión pueblo a pueblo. En puntos como Santutxu o Hernani, los vecinos se manifestaron frente a las dotaciones de la Guardia Civil o la Ertzaintza.

Medios del grupo Vocento ya se hicieron eco hace meses de la opción de que se produjera una cascada interminable de impugnaciones si el Supremo imponía este embargo. Los responsables de estos locales sociales y culturales reclamarían la propiedad a través de la fórmula de las «tercerías de dominio», y contarían con el argumento definitivo de que no hay ninguna sentencia que vincule a las herrikos con Batasuna. Al menos mientras la Audiencia Nacional no juzgue el sumario 35/02.