Debe de ser cosa de los nervios preelectorales, lo cierto es que la derechona periodística está en estado de histeria permanente. Ayer el editorialista de «El Mundo» ponía el grito en el cielo porque fue la alcaldesa impuesta en Lizartza quien retiró los restos de una rojigualda quemada -presuntamente- por los vecinos, no por los invasores, y decía que «tal vez no izar la enseña en el balcón de los ayuntamientos no constituya delito -ayer un juzgado de San Sebastián archivó la denuncia contra Odón Elorza por esta cuestión-, pero sí es una afrenta». Afrenta, piensa servidora, es suplantar la voluntad de los vecinos y vecinas.

Y seguía el de la majadería: «Como lo es también el hecho de que nadie haya tenido la decencia de cambiar el nombre de la plaza mayor de Lizarza, llamada Gudari Txirrita en homenaje a un etarra. Lo ha hecho Regina Otaola, bautizándola como Plaza de la Libertad». A Txirrita lo mató la Guardia Civil antes de la amnistía en la que se perdonaron los amigos franquistones de Pedro J. La historia es así.

Lo que le revienta es que en el Congreso de sus Diputados no hayan derogado la moción que permite al Gobierno abrir un cauce de diálogo: «El partido del Gobierno asegura que la puerta de la negociación está cerrada, pero sus palabras tendrían más credibilidad si se hubiera revocado la resolución. (...). Del mismo modo que no bastan las declaraciones del ministro de Justicia o del fiscal general del Estado asegurando que en breve se instará a la ilegalización de ANV. La presencia de los concejales de la formación sucesora de Batasuna en los ayuntamientos es ya irreversible, lo que convierte en escandalosa e incomprensible la decisión de no pedir la ilegalización de todas las candidaturas de ANV en vísperas de las elecciones municipales» ¿Por qué no pedimos la ilegalización de «El Mundo»?

Y, para más inri, insisten: «De ello, y también de mantener vigente la resolución del Congreso tendrán que dar cuenta ante los electores el Gobierno y el partido que lo sustenta. Ahora bien, el fiscal general del Estado (...) no se presenta a las elecciones, por lo que alguna responsabilidad tendría que asumir ante el hecho consumado de que los proetarras estén en las instituciones. Conde-Pumpido parece que está a punto de pedir al Supremo la ilegalización de ANV, lo que supone una clara rectificación de sus posiciones. Lo coherente sería que presentara su dimisión al mismo tiempo que la demanda sobre ANV». El que no dimite es Pedro J. Franco, tampoco.