Un coche bomba explotó a las 7 de la mañana de ayer en el barrio beirutí cristiano de Baabda al paso del vehículo que trasladaba al general François el-Hajj. El militar, cuyo cuerpo salió despedido del coche y cayó a un barranco cercano, y uno de sus escoltas murieron en el acto.

Jefe de operaciones del Ejército libanés, el-Hajj era muy próximo al jefe del Ejército, Michel Sleimane, candidato propuesto por la oposición antioccidental y aceptado por la mayoría parlamentaria antisiria para cubrir la vacante de la Presidencia.

Precisamente, el de el-Hajj era el nombre que más sonaba para reemplazar a Sleimane en la máxima jefatura del Ejército.

Se trata del primer atentado que tiene como objetivo el Ejército, considerado la única institución sólida y unida de Líbano, país sumergido en su más grave crisis política desde el final de la guerra civil (1975-1990).

La víspera, el presidente del Parlamento, Nabih Berri, retrasó por enésima vez hasta el lunes la sesión parlamentaria para elegir al sucesor del ya ex presidente Emile Lahud, cuyo cargo expiró hace tres semanas.

Las divergencias se sitúan ahora en la exigencia, por parte de la oposición, de un Gobierno más representativo de todas las tendencias, comunitarias y políticas, del país de los cedros.

La «mano de Israel»

El objetivo y el momento del atentado impidió esta vez la reiteración de la manida tesis que apunta siempre a Siria. Así ha sido hasta ahora en los atentados mortales contra ocho personalidades políticas libanesas desde la muerte del ex primer ministro Rafic Hariri en febrero de 2005. Entre el coro de condenas unánimes destacaron las de Siria e Irán, que ensalzaron la figura del militar y coincidieron en apuntar a Israel como la gran beneficiaria del atentado.

Por contra, portavoces del Gobierno prooccidental libanés de Fouad Siniora no tuvieron empacho en vincular el suceso con su apoyo -hay que recordar que tardío y a regañadientes- a la candidatura de Sleimane a la presidencia del país.

Esta tesis tenía terreno abonado entre los sectores falangistas cristianos adscritos a la mayoría prooccidental. «Ellos (por sus autores) no pararán hasta que Siria vuelva al país», aseguraba tajante Yasmine Jury junto al lugar de la explosión.

Desde las antípodas, la principal organización chiíta del país, Hizbulah, denunció el atentado y llamó a «todos los libaneses a solidarizarse con el Ejército».

Aliado de Hizbulah en la oposición, el general cristiano Michel Aoun, antiguo jefe del Ejército libanés, acusó al Gobierno prooccidental de no hacer nada para impedir los atentados.

El general en retiro Elias Hanna introdujo un nuevo elemento y vinculó el atentado «a la crisis política que sacude al país y a los sucesos de Nahr al-Bared». Como jefe de operaciones del Ejército, el-Hajj supervisó el pasado verano el sitio y posterior asalto al campo de refugiados palestinos que dejó un saldo de cientos de soldados, civiles e islamistas muertos.

Un suceso lleno de sombras

La irrupción del pertrechado grupo Fatah al-Islam en el campo fue interpretada por medios y analistas independientes como una maniobra orquestada por el Gobierno prooccidental con la ayuda de EEUU y de Israel para desgastar al Ejército -bastión de la unidad del país- y a la vez iniciar un programa de expulsión del país de los cientos de miles de palestinos.

Más allá de conspiraciones -para las que Líbano es terreno abonado-, y cerca de los coches en llamas, un testigo resumía con amargura: «Es Líbano. Es nuestro destino. Somos un país maldito y seremos siempre el teatro de operaciones de guerras llevadas a cabo por otros».