La Policía española detuvo ayer por orden de la Audiencia Nacional a Ramón Sagarzazu, Xenpe, por una causa abierta en 1993. El arresto se produjo en Irun, en la propia comisaría, cuando se disponía a renovar el carnet de identidad.

Una vez conocida la noticia, su letrado, con el fin de informarse en torno a la causa del arresto, se puso en contacto con la Audiencia Nacional, sin lograr datos, ya que los archivos no se encontraban a disposición del tribunal. No obstante, le hicieron saber que al menos hasta la jornada de hoy, día en el que prevén obtener la información, Sagarzazu permanecerá en la comisaría de Irun.

Agencias españolas, citando fuentes jurídicas, relataban que el magistrado del tribunal especial Santiago Pedraz había consultado a la Fiscalía sobre la vigencia de la causa abierta contra Sagarzazu, y al haber obtenido una respuesta afirmativa, Pedraz habría ordenado su arresto.

Contra deportados y refugiados

Las mismas fuentes precisaban que este oiartzuarra de 71 años de edad se encontraba «muy nervioso» tras su detención. Askatasuna, mediante una nota de prensa, se mostró muy preocupada por las consecuencias que pueda tener el arresto en una persona de avanzada edad como es el caso de Sagarzazu. Así, tras denunciar esta detención, exigió la inmediata puesta en libertad del oiartzuarra.

Sagarzazu, ex exiliado político, regresó a Oiartzun en setiembre de 2003 «decidido a vivir como un ciudadano vasco de pleno derecho» con el EHNA.

Tres años después, en junio de 2006, fue arrestado en la redada llevada a cabo por la Policía española y francesa en Gipuzkoa y Lapurdi, en relación con el denominado «aparato de finanzas» de ETA y se encontraba en libertad bajo fianza desde el pasado mes de octubre.

La detención de este vecino de Oiartzun, junto a los arrestos producidos recientemente en Lapurdi contra Kontxi Iglesias y Pedro Mari Goikoetxea, son una expresión del plan activado por la Fiscalía y filtrado el pasado lunes por el diario ``El País'', que detallaba el propósito de perseguir y detener a deportados y exiliados políticos vascos.

La información publicada por el rotativo madrileño apunta a un plan que afectaría a cerca de un centenar de ciudadanos vascos refugiados o deportados en Venezuela, México, Cabo Verde, Cuba, Uruguay y el Estado Francés y contra los que pesaría orden de búsqueda y captura por hechos ocurridos en los 80 y 90.