Los indios cinta larga de Brasil dejaron en libertad el martes a las cinco personas que mantenían retenidas desde el pasado sábado para exigir, entre otras cuestiones, la salida de su reserva de la Policía Federal y de los grupos mineros.

Todos ellos -el funcionario de la ONU, David Martín Castro, el procurador de la República en el estado de Rondonia, Reginaldo Pereira da Trindade, su novia y dos empleados del organismo estatal Fundación Nacional del Indio (Funai)- fueron trasladados en helicóptero desde la reserva Roosvelt, en la que permanecían retenidos, hasta la ciudad de Cacoal, a unos 200 kilómetros de distancia.

Los cinta larga reclamaban la retirada de la Policía de su territorio, muy rico en diamantes, y la expulsión de un grupo de mineros que, según denunciaron, ha regresado a la zona en busca de esta piedra preciosa.

Asimismo, reclamaban la anulación de todos los procesos judiciales que existen contra los miembros de esta tribu.

Daños al ecosistema

En el vecino estado de Mato Grosso, mientras, los enawene nawe liberaron a 350 obreros que mantenían aislados desde el viernes para protestar por la construcción de cinco presas hidroeléctricas en las tierras que habitan. Previamente, habían cortado las carreteras de acceso a este estado con flechas y lanzas. Denunciaron que estas instalaciones tendrán un impacto negativo en el ecosistema y dañarán sus actividades agrícolas y pesqueras. Además de exigir la paralización de las obras, demandaron compensaciones económicas por el daño causado.

La compañía Juruena Participaciones e Inversiones, responsable de las obras, ofreció 2,4 millones de dólares a repartir entre las once tribus que dependen del río Juruena y que se verán directamente afectadas por estas industrias.

Al parecer, los enawene nawe no aceptaron tal cantidad que, en todo caso, sería entregada a Funai para que la invierta como estime oportuno.

Ante las reclamaciones de los indios, esta fundación se comprometió a volver a estudiar el impacto medioambiental de las centrales hidroeléctricas.

Para ello, pondrá en marcha un grupo de trabajo formado por representantes del Gobierno de Brasil, de la Fiscalía y de la Universidad Federal de Mato Grosso. El superintendente de Asuntos Indígenas del Estado, Rómulo Vandoni, aseguró que antes de final de año mantendrán una reunión con los enawene nawe.