La Sala del 61 del Tribunal Supremo español, tristemente famosa en estas latitudes por ejecutar la ilegalización de partidos y candidaturas, decidió ayer que «por el momento» no puede proceder al embargo de las herriko tabernas al no tener probado que hay relación con Batasuna. Lo primero que cabe constatar es el absoluto desamparo legal que padecen sus propietarios, a los que no se les ha permitido defender sus derechos personándose en la causa. A partir de esa falta de garantías, la segunda consideración que se impone es la de certificar que para los alrededor de 50 locales ya embargados por la Audiencia Nacional en fase de instrucción nada cambia. Y que el resto han sufrido por ahora una irrupción policial y un registro injustificados.

Y ello porque la decisión del Supremo, que algunos tratarán de vender como garantista, no paraliza la otra vía abierta, la del sumario 35/02 que instruye el mismo juez que decretó el embargo de las herrikos, Baltasar Garzón.

Nada nuevo. Como dijo en un lapsus llamativo el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el Estado actuará en este terreno «cuando la jugada lo aconseje».