«Es un día histórico», afirmó a los medios de comunicación la activista de derechos humanos Irma Leites, de la organización Memoria, Plenaria y Justicia, al conocer la noticia del ingreso en prisión del dictador uruguayo Gregorio Álvarez.

Álvarez, de 82 años de edad, fue procesado y trasladado en la mañana de ayer al centro de reclusión de militares de Domingo Arena por su implicación en las desapariciones forzadas durante la dictadura instaurada en Uruguay entre 1973 y 1985.

Además de Álvarez, también fue procesado por este delito reiterado -que es castigado con penas de hasta 25 años de cárcel-, cargo que es aplicado por primera vez, el ex marino Juan Carlos Larcebau, y se pidió la captura del ex oficial de Marina Jorge Tróccoli, ausente del país desde hace dos meses.

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay rechazó la pasada semana un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada «ley de desaparición forzada», aprobada hace poco más de un año. Este paso despejó el camino para enjuiciar de Álvarez, quien fuera comandante del Ejército uruguayo entre 1977 y 1978, y presidente «de facto», entre 1981 y 1985.

Gregorio Álvarez asumió el cargo de comandante en jefe del Ejército en febrero de 1977, por lo que la Fiscalía entiende que debía estar al tanto de los traslados clandestinos de unos treinta militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) ocurridos en Buenos Aires y Montevideo en esa época.

Álvarez ya había negado cualquier responsabilidad en esas acciones coordinadas contra opositores políticos por parte de los gobiernos militares que se establecieron en el Cono Sur en los años 70 y 80, conocidas como «Plan Cóndor».

Poco antes de conocerse el procesamiento, colectivos militares cuestionaron la interpretación de la Ley de Caducidad, que perdonó a los militares los actos cometidos durante la dictadura.

Esa ley, aprobada en 1986 por el Parlamento y refrendada en las urnas en 1989, puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos. No obstante, los delitos cometidos fuera de Uruguay, como el traslado clandestino de detenidos, quedan fuera del alcance de la ley, según la interpretación del Gobierno.