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Consecuencias de una redada de 2004-2005 en Bizkaia

La Audiencia Nacional se salta incluso los pactos judiciales

Igor Zearreta y Egoitz Fernández fueron arrestados ayer por la Guardia Civil para cumplir sendas penas de dos años por una operación desarrollada en Bizkaia en 2004. Pese a que en el juicio celebrado el pasado mes de junio se alcanzó un acuerdo para evitar el ingreso en prisión de los encausados, la Audiencia Nacional no ha cumplido su palabra. Otros siete jóvenes podrían ser detenidos en las próximas horas ya que pesa una orden de busca y captura sobre ellos.

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Manex ALTUNA | BILBO

La represión policial contra los militantes abertzales se ha recrudecido de forma evidente en los últimos meses con el continuo goteo de encarcelamientos y arrestos que se ha producido después de que el ministro español de Interior anunciara que pensaba llegar a los tres dígitos.

Con la detención ayer de Igor Zearreta y Egoitz Fernández la Audiencia Nacional ha dado un salto cualitativo más en esa estrategia, ya que, por un lado, no ha respetado lo acordado entre las partes durante el juicio y, por otro, no ha aceptado la suspensión de la ejecución de las penas de cárcel, solicitada por la defensa, por no ser superiores a los dos años.

Los dos jóvenes fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil a primera hora de la mañana en las localidades vizcainas de Zornotza y Derio, respectivamente, para cumplir, precisamernte, sendas condenas de dos años de prisión impuestas por la Audiencia Nacional a consecuencia de una operación policial desarrollada entre octubre de 2004 y mayo de 2005.

La detención de Haritz Totorika en Bilbo y su posterior ingreso en prisión tras permanecer cinco días incomunicado dio inicio al dispositivo policial que se prolongó durante más de siete meses. El mismo día en el que Totorika declaraba ante el juez y denunciaba haber sido torturado, se produjo el arresto de Amaia Urizar.

Con la joven bilbaina se repetía la situación y el mismo día en el que pasaba incomunicada ante el juez y era encarcelada, otros seis jóvenes eran arrestados en la capital vizcaina. En días posteriores continuaron las detenciones. La mayoría de los arrestados fueron puestos en libertad tras el periodo de incomunicación, y todos ellos denunciaron haber sufrido tortu- ras y malos tratos.

Al mismo tiempo, algunos jóvenes se presentaban a declarar de forma voluntaria y eran encarcelados. Las últimas detenciones se realizaron en mayo de 2005; tras cinco días incomunicados, todos fueron liberados.

El acuerdo, en saco roto

La operación desarrollada por la Guardia Civil afectó a una treintena de jóvenes vizcainos, la mayoría de ellos de Bilbo, aunque al final fueron procesadas 19 personas en el juicio que se celebró el 20 de junio de 2007. Tras alcanzar un pacto entre las partes, la Fiscalía retiró la acusación contra Garikoitz Urizar, Gorka Ribadulla, Asier Arriola y Sergio Regeiro, y rebajó su solicitud de pena contra los otros quince encausados.

La sentencia firmada por los magistrados Fernando Bermúdez de la Fuente, María Teresa Palacios y Juan Francisco Martel se dio a conocer el 18 de julio e imponía las penas más altas, de cinco años de prisión y 27.000 euros de multa, a Amaia Urizar, Haritz Totorika, Aitziber Sagarminaga e Iker Arzeluz. Todos ellos permanecían encarcelados desde el inicio de la redada.

Otra de las encausadas, Nagore Bilbao, fue penada con dos años y siete meses de cárcel y 360 euros de multa, mientras que Inmaculada Basabe y Mikel Lizarribar fueron condenados a dos años de prisión y a la misma sanción económica.

Las penas más bajas, de dos años de prisión, fueron para Gaizka Larrinaga, Janire Couceiro, Iñaki Peña, Sonia Marín, Igor Zearreta, Leire Urrutia y Egoitz Fernández. Según el acuerdo alcanzado, exceptuando a los cuatro que permanecían presos, el resto no debía de ingresar en prisión al no superar las penas los dos años.

Pero cuando los abogados solicitaron a los jueces la suspensión de las mismas, se percataron de que el acuerdo se había roto. El 11 de diciembre recibieron la notificación de que se ordenaba la busca y captura para su ingreso en prisión de los nueve jóvenes con condenas de tan sólo dos años.

Ante la posibilidad de que podían ser detenidos en cualquier momento, algunos de los procesados se reunieron el pasado domingo con GARA para detallar la situación «surrealista» que han padecido durante todo el proceso. Lo primero que quisieron destacar es que no tienen ningún afán de protagonismo ni de personalizar su situación, ya que son conscientes de que este tipo de operaciones se han sucedido en muchas ocasiones en Euskal Herria. En ese sentido, todos ellos destacaron que encuentran muchas similitudes entre lo que han padecido y las operaciones que se han llevado en los últimos meses en Ipar Euskal Herria, Gasteiz, Getxo, Donostia y Burlata.

Coincidieron en la apreciación de que en «este montaje» la Audiencia Nacional ha tomado una «decisión política al cambiar de coyuntura».

«Fichas de ajedrez»

Según rememoraron, el pacto se alcanzó durante el alto el fuego de ETA y, tras la ruptura del proceso de negociación, los condicionantes cambiaron y el tribunal especial «no ha cumplido su palabra» porque «ahora al PSOE le interesa llenar las cárceles. Para ganar unas elecciones están jugando con nuestras vidas», denunció el propio Zearreta, uno de los que ya ha sido arrestado. Añadió que «nosotros entramos dentro de las cifras que anunció Rubalcaba en su día».

Iñaki Peña aseguró que se han sentido como «fichas en una partida de ajedrez». A su juicio, a la Audiencia Nacional no le interesaba celebrar el juicio en ese momento porque se podían «colapsar» los tribunales al tener que juzgar a 19 personas, «pero para no ser presionados por la extrema derecha optaron por realizar un juicio farsa, un teatro con guión establecido».

«Nos amenazaron diciendo que si no aceptábamos [el pacto] sabíamos a lo que nos ateníamos. Decidimos aceptar y, con la condición de que nadie entrara en prisión, nos autoinculpamos y no denunciamos la tortura en el juicio, tal como habíamos acordado», relató Garikoitz Urizar a este diario. Ésa fue una de las condiciones impuestas por el tribunal especial, «pese a que nos encontrábamos de frente con nuestros torturadores».

Pero lo más sorprendente es, como indicó Inmaculada Basabe, que «nos jugamos a los chinos que cuatro se iban a quedar libres sin cargos». Eso explica que, por las mismas acusaciones, Gaizka Larrinaga fuera condenado a dos años y Gorka Ribadulla quedara libre sin cargos.

Los procesados incidieron en que su juicio «ha sido más chapuzero que el 18/98, y eso que sólo duró dos horas. Ha sido un circo que demuestra que en Euskal Herria no hay democracia ni existe la justicia».

«Al igual que ha hecho durante el proceso de negociaciones el PSOE, por lo menos según lo que he leído yo en GARA, no han cumplido su parte de los acuerdos», añadieron.

Ibon Pérez destacó el contexto en el que se produjo la operación: «Fue un mes antes de la propuesta de Anoeta. Un momento en el que hacía falta represión. La izquierda abertzale iba a plantear un cambio de escenario y era el momento de dar caña, y la Guardia Civil hizo lo que ha hecho siempre».

ABSUELTO

Tras permanecer en prisión preventiva durante 18 meses, Ibon Pérez finalmente fue absuelto. Nagore Bilbao, en cambio, fue condenada a dos años y siete meses de cárcel, el mismo tiempo que estuvo encarcelada a la espera de que se celebrara el juicio.

INCUMPLIMIENTO

Los abogados de los jóvenes solicitaron dejar en suspensión la ejecución de las penas, según el pacto alcanzado. Sin embargo, la semana pasada se encontraron con que el juez ordenaba la busca y captura de los condenados.

«JUICIO FARSA»

Los encausados explicaron a GARA que, a pesar de que la operación policial se desarrolló durante meses y se abrieron diligencias contra una treintena de personas, la vista se llevó a cabo en tan sólo dos horas siguiendo «el guión establecido».

Una operación marcada por las denuncias de torturas

Prácticamente la totalidad de los detenidos en la operación iniciada a finales de octubre de 2004 por la Guardia Civil en Bizkaia denunció haber sufrido torturas y malos tratos durante el periodo en que permanecieron incomunicados. El primero de los arrestados, Haritz Totorika, fue llevado ante el juez cojeando y apoyándose en unas muletas, y cuando le levantaron la incomunicación relató a sus allegados que fue «muy duro». El joven del barrio bilbaino de Santutxu dijo que fue «obligado a hacer flexiones constantemente. Me han golpeado todo el cuerpo para obligarme a decir lo que ellos querían».

Además, explicó que «la presión sicológica ha sido constante. Allí no te consideran una persona, te tienen tirado como un saco». Sus familiares indicaron en su día que, a consecuencia de ello, el joven tiene «todo el cuerpo dolorido. Además padece ciática, que nunca ha sufrido, y anda cojeando».

Pero seguramente la denuncia más espeluznante y que fue recogida por los medios de comunicación resultó la realizada por Amaia Urizar, quien explicó que fue violada con un arma durante su arresto. En el texto hecho público por GARA el 29 de diciembre de 2004 y al que dio lectura la madre de Urizar en una rueda de prensa, se recogían también otros tormentos como «la bañera» y humillaciones que tuvo que padecer la bilbaina durante el tiempo que estuvo incomunicada a manos de la Guardia Civil.

Asier Arzelus ingresó en la prisión tras denunciar que en dependencias del instituto militar le aplicaron «la bañera» introduciéndole la cabeza en el agua, le hicieron «la bolsa», le aplicaron electrodos en los testículos, le golpearon en la pierna y le colocaron colchones de goma espuma con precinto para provocarle ahogo. Garikoitz Urizar, Gorka Ribadulla y Gaizka Larrinaga, tras ser liberados, denunciaron malos tratos, golpes, amenazas y vejaciones de carácter sexual y físico.

En la comparecencia realizada ante el juez y tras permanencer cinco días incomunicado, Asier Arriola también relató haber sufrido «torturas brutales». Cuando fue puesto en libertad, aún presentando señales de golpes en la cara -sobre todo en la zona de la frente-, en el pecho y en las muñecas, interpuso una denuncia en los Juzgados de Bilbo. Arriola dijo también que había sufrido «amenazas e intentos de violación con un palo en el que habían colocado un preservativo».

Inmaculada Basabe, Oscar Pérez y Sergio Regeiro también denunciaron que fueron torturados por las FSE. Basabe, de hecho, aseguró al magistrado de la Audiencia Nacional ante el que compareció que la declaración firmada en dependencias del instituto armado estaba realizada bajo torturas. M. A.

gaizka gañán

Askatasuna informó de que la Ertzaintza arrestó ayer a Gaizka Gañán en Santurtzi para cumplir una condena de siete años. 150 personas protestaron por su detención en esa localidad, mientras en Zornotza 325 denunciaron el arresto de Zearreta.

Cronología

25 OCTUBRE 2004

Comienza la operación con la detención de Haritz Totorika.

29 octubre 2004

Totorika ingresa en prisión incomunicada y Amaia Urizar es detenida por la Guardia Civil.

2 NOVIEMbre 2004

Urizar es encarcelada y se producen las detenciones de Oscar Pérez y Nagore Etxebarria por la Policía española; e Iker Arzelus, Garikoitz Urizar, Gorka Ribadulla y Gaizka Larrinaga por la Guardia Civil. Sergio Regeiro, Asier Arriola e Inmaculada Basabe son arrestados en los días posteriores. Arzelus es el único de los detenidos que ingresa en prisión y el resto queda en libertad.

12 NOVIEMBRE 2004

La Guardia Civil detiene a Aitiziber Sagarminaga.

22 NOVIEMBRE 2004

Garzón envía a prisión a Nagore Bilbao e Ibon Pérez tras presentarse a declarar en la Audiencia Nacional, y deja en libertad con distintas medidas a Mikel Lizarribar y Janire Couceiro.

9 MAYO 2005

Iñaki Peña, Sonia Marín, Arkaitz Goikoetxea e Igor Zearreta son detenidos y quedan en libertad tras pasar cinco días incomunicados, algunos bajo fianza.

20 junio 2007

Se celebra el juicio y, siguiendo el pacto alcanzado, rebajan las peticiones de pena a 15 encausados y retiran los cargos a cuatro.

18 JULIO 2007

Condenas de cinco años para Urizar, Totorika, Arzelus, Sagarminaga y Arzelus, de dos años y siete meses para Nagore Bilbao, y de dos años para otros nueve de los encausados.

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