Gadusmar era una «empresa menor» según la terminología de la sentencia, pero el tribunal ha condenado a varios de sus responsables por nada menos que «pertenencia a ETA». Entre las «pruebas» aparecen elementos que evidencian que los acusados y el tribunal se mueven en lenguajes y ondas diferentes, en registros totalmente incompatibles entre sí.

Un ejemplo: Juan Pablo Diéguez y Andoni Díaz reconocieron en el juicio que estuvieron en Cuba, participando en una feria en la que el segundo mostró sus habilidades como cocinero de bacalao ante las autoridades cubanas. Allí conocieron a dos deportados vascos, que estaban allí con pleno conocimiento del Gobierno español, según recordó Diéguez. Pero para los jueces españoles, esto no puede ser así: «No resulta de recibo decir que, de manera casual, en Cuba contactaron con personas que vivían allí, respecto de los que ignoraban que fueran miembros de ETA», afirma el fallo al respecto.

Esta conexión es uno de los elementos utilizados para sustentar las condenas por «pertenencia». Se concluye que Gadusmar y otras empresas que de- nomina como «negocios rentables» (la agencia de viajes Ganeko o Aulki, que distribuía sillas para fiestas) estaban destinadas realmente a financiar al colectivo de refugiados. «Se llegaron a pagar sueldos mensuales de 1.000 dólares», apunta la sentencia con tono de escándalo.

En realidad, la condena se sustenta en otra cuestión que paradójicamente también admiten sin tapujos los juzgados: la pertenencia a KAS. De hecho, el fallo de la Audiencia Nacional define así este bloque y el relativo a ``Egin'': «Pieza KAS».

Así, en el caso de Bigarren Ibarra se declara «acreditado que era el coordinador de KAS en Bizkaia»; en el de Txente Askasibar, que era su tesorero en Bizkaia; en el de Inma Berriozabal, que «proporcionó a KAS un piso»... Y desde ahí, otra pirueta: dando por sentado que KAS es ETA, sus miembros confesos pasan a la categoría de integrantes de la organización armada, y sus empresas también son de ETA. Sobre Díaz, se cita que estuvo en La Habana con los refugiados, de lo que se concluye que «apoyó de forma expresa la actividad de organizaciones terroristas en cuanto al mantenimiento de sus deportados». Y en cuanto a Joxe García Mijangos, la conclusión es todavía más sucinta: al participar en las empresas «dio cobertura económica a las actividades de la organización terrorista».

Empresas con pérdidas

El tribunal elude explicar cómo pudieron estas empresas financiar a ETA si los trabajadores de Untzarri, por ejemplo, estuvieron cuatro meses sin poder cobrar; si el resto de empresas tenían también pérdidas; si, como dijo Inma Berriozabal en la vista, «ni teníamos dinero ni teníamos la dirección de ETA».

Txente Askasibar apuntó en el transcurso del proceso que incluso KAS no movería más de 25 millones de pesetas al año, «y con eso no se puede financiar nada». Y Diéguez añadió: «Ustedes han mirado nuestras cuentas, ¿creen que podíamos financiar a alguien? Un policía al que se lo pregunté me dijo: `Está a la vista que no'». El tribunal, sin embargo, ha decretado que sí.

Para llegar a este punto, todo es sospechoso. Acusados en esta pieza reconocieron que se reunían los jueves para analizar el devenir de las empresas, «no para algo sospechoso». Pero cuando la defensa puso de manifiesto que toda la contabilidad estaba en regla, un policía que declaró como perito argumentó que «la clandestinidad estaba en esas reuniones de los jueves, que se hacían en un local ajeno». Esta filosofía impregna toda la sentencia, en ésta y otras piezas. Los acusados eran culpables de antemano. Eran de KAS.