Todas las centrales sindicales, asociaciones de comerciantes, de consumidores y grupos ecologistas escenificaron ayer en Bilbo el rechazo social a la pretensión del Gobierno de Lakua de modificar la Ley de la Actividad Comercial. Reclamaron «una moratoria o importantes cambios» en el anteproyecto que se encuentra en la sede del Parlamento de Gasteiz para su tramitación. Los colectivos se van a reunir con todos los grupos de la Cámara autonómica y, en vista de los resultados que obtengan, no rechazan actuaciones de protesta ante lo que consideran «una agresión de incalculables consecuencias para la sociedad vasca».

Los cambios introducidos favorecen la implantación de las grandes superficies comerciales y de distribución, lo que derivará en unas consecuencias negativas para las condiciones laborales de los trabajadores de esos megacentros, los comercios de los pueblos y ciudades y la producción autóctona agrícola.

Así lo ratificaron ayer en Bilbo representantes de ELA, LAB, CCOO, UGT, EHNE, Dendartean, Mutriku Dendarien Elkartea, Bizkaidendak, Ezkerraldenda, OkelBiz, EKA-OCUV, Eguzki y Ekologistak Martxan, a la vez que denunciaron al Gobierno de Ibarretxe por «favorecer a las grandes superficies comerciales» y «a los especuladores de los nuevos usos del suelo de los extrarradios».

Diecisiete centros esperan

En la actualidad existen 17 centros comerciales en otros tantos municipios pendientes de obtener permiso, que «una vez que se apruebe la legislación saldrán adelante, porque favorece a esas grandes empresas. «No apoya a los pequeños comercios que van desapareciendo».

Todos estos colectivos sociales presentaron alegaciones al proyecto, que ha entrado en el Parlamento de Gasteiz el pasado 19 de novimebre para su tramitación. Sin embargo, han sido rechazadas, por lo que los colectivos sociales, atendiendo a los diferentes eslóganes publicitarios que el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Lakua ha dado a conocer en diferentes campañas constata que «si el comercio es vida, que no lo destruyan».

Denunciaron que esa legislación consolida la «enorme permisibilidad» para las recalificaciones y usos del suelo de extrarradios y que además «pone el urbanismo a servicio de las grandes empresas de distribución», lo que «hundirá al pequeño comercio». De hecho, esta situación ya se está produciendo en el conjunto de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ante la masiva implantación de las grandes superficies comerciales. Según los datos oficiales, en el año 2000 había 14,55 comercios minoristas por cada mil habitantes en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, pero siete años después ese porcentaje se ha reducido a 13,85 comercios.

Koldo Nabascues, de la organización de consumidores EKA-OCUV, afirmó que «la nueva modificación no nos beneficiará para nada, por la trayectoria que hemos observado desde hace años». Nabascues exigió una «moratoria» y, además, solicitó al Gobierno de Ibarretxe que permita «la participacíon ciudadana en este debate, porque ha brillado por su ausencia. Se nos dice que tenemos que participar, pero igual que ocurre con el tren de alta velocidad, la realidad demiuestra que no se nos deja ejercer ese derecho». Desde el punto de vista de consumidores, el representante de EKA-OCUV afirmó que «estos modelos de grandes superficies se nos quieren imponer con lo que desciende la capacidad del ciudadano a elegir, porque crean oligopolios que lo inundan todo», por lo que reclamó «el valor del comercio tradicional, ese que da vida a la ciudad» y , además, permite «una convivencia entre los ciudadanos. Porque con el modelo que se nos está imponiendo se producen, eso sí, desplazamientos a esos grandes templos del consumismo donde se mezclan de manera perversa las ventas del comercio y el ocio».

En este sentido, el representante de la organización Dendartean, Amador Biteri, consideró que esta ley «tampoco beneficia a los ciudadanos como consumidores», ya que consideró que a éstos «no se les tiene en cuenta para la elaboración de este tipo de planes desarrollistas». Biteri aseguró que setenta asociaciones de comerciantes de la CAV presentaron alegaciones contra el proyecto, con el apoyo de 170 profesores universitarios, para planear un sistema urbanistico acorde con la actividad de los pueblos y ciudades, pero manifestó que «no se nos ha tenido en cuenta. El urbanismo tiene que atender al interés general».

69.000 desplazamientos

El representante de esa asociación de comerciantes puso un ejemplo directo sobre el impacto de las grandes uperficies. «En uno de los boletines de la Diputación de Bizkaia, se afirma que cada día se realizan más de 67.000 movimientos de ciudadanos en vehículos a centros comerciales, pero uno de los argumentos que desde las instancias oficiales se utiliza para construir el tren de alta velocidad se encuentra los los 45.000 movimientos diarios».

Por ello, recordó que ese «modelo desarrollista» debería de ser más equilibrado y afirmó que se está produciendo «un plegamiento a los intereses de las grandes firmas de distribución comercial». Esta situación no es nueva, a juicio del represnetante de los comercios guipuzcoanos, porque «estamos sufriendo año tras año, las diferentes recalificaciones del suelo del extrarradio para beneficiar a las grandes superficies, que después generan negocios multimillonarios con la venta y especulación de esos terrenos. Lo llevamos viendo durante muchos años», pero lo que ocurre con esta nueva legislación es que se liberaliza de una manera masiva la construcción de superficies comerciales «de una manera descarnada».

Recordó, en este sentido, que «primero se recalificaron suelos y se permitieron grandes centros comerciales en un país como el nuestro donde no hay grandes distancias». Tras esa primera fase, «se legisla en la actualidad para permitir la implantación de equipamientos comerciales de dimensión entre 5.000 y 25.000 metros cuadrados». Denunció que «se han realizado recalificaciones urbanísticas en beneficio de grandes superficies en más de una treintena de municipios vascos y adelantó que la nueva ley «permitirá seguir en esa posición en otra veintena de poblaciones». También censuró que la ley añade un artículo que «obliga» a los ayuntamientos a la recalificación de los terernos «con lo que se vulnera también su autonomía municipal para determinar los usos del suelo».

Biteri rechazó los argumentos que ofrece el Gobierno de Lakua y resaltó que los dos motivos por los que esta Ley reduce la capacidad del ciudadano de elegir es «la desaparición de la competencia mediante la creación de oligopolios y que va en contra de los valores como el de la ciudad, el de lo cercano, y el del comercio tradicional». A juicio del representante de Dendartean, una vez que se apruebe la legislación «no habrá limitación alguna a la implantación de grandes superficies» y avanzó que «deberá desarrollarse un reglamento sobre la implantación en los cascos urbanos».

Otro dato de relevancia que puso sobre la mesa fue que «una vez que llega una gran superficie los flujos financieros varían, porque ese gran centro comercial contrata trabajadores por vía de ETT o los servicios a otras multinacionales. No revierte en beneficio del pueblo. Esto se está viendo con la larga experiencia negativa».