La decisión de la AN de no respetar los pactos se cobra otros dos arrestos
Tras la detención el lunes de Igor Zearreta y Egoitz Fernández, ayer llegó el turno de Leire Urrutia y Mikel Lizarribar. La Ertzaintza los arrestó por la mañana y posteriormente los condujo a prisión para cumplir condena a raíz de la redada de 2004 y 2005 en Bizkaia. En la misma situación de busca y captura se encuentran otros cinco jóvenes después de que el pacto alcanzado en el juicio no haya sido respetado por la Audiencia Nacional.
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Mikel Lizarribar y Leire Urrutia ingresaron ayer en prisión tras ser detenidos por la Ertzaintza. Los arrestos se produjeron a primera hora de la mañana y posteriormente ambos jóvenes fueron encarcelados en Basauri y Langraiz, respectivamente. Esta dos detenciones se suman a las dos registradas el lunes, las de Igor Zearreta y Egoitz Fernández, y responden a la orden de busca y captura decretada por la Audiencia Nacional española contra nueve vizcainos.
Los cuatro habían sido arrestados en una operación policial llevada a cabo en Bizkaia entre octubre de 2004 y mayo de 2005, y que se saldó con una treintena de detenidos. En el juicio celebrado el pasado mes de junio, fueron procesadas un total de 19 personas. Tras alcanzar un acuerdo entre las partes, la Fiscalía rebajó su solicitud contra quince de los encausados y retiró la acusación contra los cuatro restantes.
Tal y como subrayaron en una rueda de prensa ofrecida el martes, en la que participaron abogados y algunos de los jóvenes procesados, el pacto «con la Fiscalía, que contó con el visto bueno de los jueces», recogía que ninguno de los 19 encausados que se encontraban en libertad ingresaría en prisión, mientras que a las cuatro personas que ya se encontraban encarceladas -Amaia Urizar, Haritz Totorika, Aitziber Sagarminaga e Iker Arzelus- se les impondría una condena mínima. Tras alcanzar el acuerdo, la Fiscalía retiró la acusación contra Garikoitz Urizar, Gorka Ribadulla, Asier Arriola y Sergio Regeiro.
La abogada de los jóvenes, Arantza Zulueta, afirmó que aceptaron el «chantaje», pese a que conocían que no había pruebas contra los procesados y que el caso se sustentaba en las declaraciones obtenidas bajo tortura en dependencias policiales. De hecho, todas las personas que fueron detenidas en el marco de esta operación denunciaron haber sido maltratadas en el periodo en el que permanecieron incomunicadas.
En la sentencia que se dio a conocer el pasado 18 de julio se imponían penas de cinco años de prisión y 27.000 euros de multa para las cuatro personas encarceladas; dos años y siete meses de prisión y 360 euros de multa para Nagore Bilbao; dos años de prisión y la misma sanción económica para Inmaculada Basabe y Mikel Lizarribar; y dos años de prisión para Gaizka Larrinaga, Janire Couceiro, Iñaki Peña, Sonia Marín, Igor Zearreta, Leire Urrutia y Egoitz Fernández. Según acordaron, ningunos de los encausados a los que habían impuesto una condena de dos años no tendrían que ingresar en prisión.
No obstante, estos jóvenes recibieron el pasado 13 de diciembre la noticia de que el tribunal especial español había dictado sendas órdenes de busca y captura contra las nueve personas a las que se le imponen las condenas más bajas.
Ayer una manifestación recorrió las calles del barrio bilbaino de Santutxu para denunciar la detención de estos jóvenes. Además, este sábado se realizará otra marcha con el mismo objeto. La protesta partirá a las siete y media de la tarde de la plaza del Sagrado Corazón.
Según ha informado Askatasuna en un comunicado, los tres vascos que fueron detenidos en Sheffield el 27 de abril, Ana López, Iñigo Albisu y Zigor Ruiz, pueden ser extraditados al Estado español en los próximos días, ya que la defensa no presentará nuevos recursos a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Westmister. A partir del 14 de diciembre, el día en que se dictó sentencia, los abogados disponían de un plazo para decidir si presentarían algún recurso en la Cámara de Lord, la institución judicial superior. Finalmente, tal como notificó el organismo pro amnistía, han optado por no hacerlo, teniendo en cuenta que las dos sentencias -la del 17 de agosto y la del 14 de diciembre- «han seguido la misma índole» y el procedimiento para presentar recurso «puede durar años».
Askatasuna afirmó que el último fallo pone de manifiesto las irregularidades del proceso, aunque concluya que las mismas se deben solucionar en el Estado español y no en Gran Bretaña. Por otro lado, destacó el apoyo que han recibido en Londres tanto los exiliados políticos vascos como sus familiares, puesto que han sido decenas las personas y colectivos que les han ayudado.
GARA
Dos jóvenes de Barañain comparecieron ayer en la Audiencia Nacional. Un vecino les acusó de arrojarle piedras tras haberles recriminado un supuesto cruce de contenedores. La Fiscalía pide tres años y dos meses de prisión.
