La primera fuerza sindical de Hego Euskal Herria criticó ayer en Bilbo «el talante antidemocrático de quienes tratan de imponer, a toda costa, el Tren de Alta Velocidad», conscientes de que «no existe un apoyo mayoritario» a esta infraestructura ferroviaria.

Desde ELA subrayaron que el rechazo al TAV en las poblaciones vascas afectadas por su trazado es mayoritario, como quedó demostrado en las últimas consultas populares celebradas en Anoeta y Elorrio. Respecto a la validez de los resultados, incidieron en que el nivel de oposición «es significativo, incluso superior, por ejemplo, al porcentaje de votos con los que gobiernan los diputados generales de Bizkaia y Gipuzkoa».

La central abertzale reiteró ayer que este proyecto es una imposición que va a condicionar el futuro de Euskal Herria para varias décadas y, por ello, se obvia la consulta a la ciudadanía. Es más, denunció que el Ejecutivo español utilice frente a los referéndum «toda su artillería jurídica para tratar de evitar las consultas populares».

El que exista una mayoría en la Cámara de Gasteiz que respalde el TAV, en su opinión, no es óbice para que se permita el debate social y la participación ciudadana. «Quienes mantienen estas actitudes quedan en evidencia desde la más elemental defensa de lo que significa la democracia participativa», resaltaron desde ELA.

Janire Domínguez, que ejer-ció de portavoz de la Ejecutiva del sindicato, señaló que «la democracia es algo más que votar cada cuatro años».

Asimismo, criticaron el respaldo de Lakua a un proyecto impuesto por el Ejecutivo español. «Justifica el TAV en intereses generales que van más allá incluso de los de la propia» CAV. «Cuando existe una importante oposición social al TAV, el Gobierno Vasco, que es un mero invitado al festejo -apuntaron desde el sindicato-, sale a la palestra para defender lo que otros han decidido bajo lógicas que nada tienen que ver con las de resolver los problemas del transporte de personas y de mercancías en el ámbito vasco».

Así, estimaron que el Gabinete que preside Juan José Ibarretxe, al callar en público ante la posición del Gobierno español de deslegitimar la validez de las consultas populares efectuadas en Elorrio o Anoeta, «ha perdido credibilidad a la hora de plantear futuras consultas a la sociedad ante las que el Gobierno español va a utilizar exactamente los mismo argumentos utilizados en esta ocasión».

La actual criminalización gubernamental hacia el amplio movimiento opositor al TAV es rechazada por ELA al considerarla «antidemocrática», al igual que la violencia y coacción. Su propuesta es la paralización del proyecto y la apertura de un debate acerca del modelo ferroviario necesario en Euskal Herria. «Lo contrario sería una huída hacia delante por parte de las instituciones, con las nefastas consecuencias sociales, medioambientales y económicas que ello supondría», manifiestan desde la dirección de la central sindical abertzale.