Un día después de que la Policía española apresara a Marije Fullaondo ampliando así el operativo iniciado en Segura el 4 de octubre, sus compañeros de filas Pernando Barrena y Eusebio Lasa comparecieron ante los medios con objeto de denunciar la «caza de brujas» emprendida por el Gobierno español contra el movimiento independentista.

Pese a esa ofensiva, Barrena destacó que la izquierda abertzale se encuentra en una posición de «fortaleza» y advirtió que deteniendo a militantes y portavoces de la izquierda abertzale no conseguirán «nada de nada». Es más, el político navarro llegó a decir que la izquierda independentista cuenta con «más de 200.000 portavoces políticos» dispuestos a seguir llevando a cabo el trabajo político labrado hasta ahora.

El arresto de Fullaondo y la propia sentencia del sumario 18/98, que a esa misma hora estaba haciéndose pública en la madrileña Casa del Campo, son, a juicio de Barrena, ejemplos del «delirio represivo» que encabezan el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y su ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El dirigente abertzale, en evidente tono irónico, manifestó que su compañera de partido fue arrestada «por el grave delito de tener ideas y defenderlas políticamente». Además, quiso hacer hincapié en el contexto en que se ha producido esta última detención. Y es que, según reveló, uno de los recursos admitidos a trámite por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, concretamente el presentado por la agrupación electoral Herritarren Zerrenda, lleva la rúbrica de la propia Fullaondo, que encabezaba aquella lista a los comicios europeos.

Respecto a la decisión de la Corte europea, consideró que ha puesto «en tela de juicio la Ley de Partidos». De hecho, criticó que se siga haciendo uso de esa norma cuando está pendiente por esclarecer es respetuosa con la Convención Europea de Derechos Humanos.

Barrena trajo a colación la «macabra cifra de tres dígitos» anunciada por Pérez Rubalcaba, en referencia al número de futuras detenciones, una vez finalizado el proceso negociador, y aseguró que el Estado español está llegando a sus objetivos: desde junio han sido arrestados más de 160 ciudadanos vascos, de los que cerca de un centenar han ingresado en prisión.

Agregó que en Euskal Herria se vive un «estado de excepción» a raíz de que desde el PSOE y el Gobierno español se impulsara una «declaración de guerra» contra el movimiento independentista vasco. Hizo así referencia al término «combate» utilizado por dirigentes españoles, que, a su entender, refleja claramente cuál es la apuesta del Gobierno de Rodrígez Zapatero: «Una política de tierra quemada que tiene como fin volar puentes».

Alarma en la comparecencia

Precisamente, minutos antes de que Barrena y Lasa ofrecieran la rueda de prensa en un hotel donostiarra, tres hombres se personaron en las inmediaciones haciendo saltar la alarma entre los presentes ante la posibilidad que ambos dirigentes fueran arrestados allí mismo. El político navarro, haciendo caso omiso a la situación que viven, no dudó en asegurar que la dinámi- ca emprendida desde Madrid «demuestra una posición de extrema debilidad. El PSOE, sin tener oferta política alguna y con cada golpe represivo, demuestra más debilidad».

Barrena indicó que las cosas en este país no ocurren por que sí, y fue al fondo de una estrategia tras la que cree que se esconden unos objetivos políticos muy concretos. Para la izquierda abertzale, desde el PSOE y el PNV se busca «el debilitamiento» del independentismo vasco para tratar de llevar adelante «una operación fraudulenta».

Una ecuación que, según apuntó, consiste en «una mera reforma» del Estatuto de Gernika y del Amejoramiento del Fuero con el objetivo final de «acomodar a Euskal Herria dentro de los límites de la Constitución española». Precisó que en esa apuesta no se cuenta con una Euskal Herria como sujeto político ni con el derecho a decidir de la ciudadanía vasca. «Por eso hablamos de fraude en esa operación política que están llevando a cabo el PSOE, el PNV y NaBai», apostilló.

Pese a todo, adelante

A pesar de las detenciones y de la utilización de mecanismos legales «de dudosa legalidad y nulo contenido democrático», Barrena afirmó que la izquierda abertzale seguirá adelante con su trabajo político. Una labor que fraccionó en dos líneas de actuación: en primer lugar, la tarea de la consecución de su proyecto político, la independencia y el socialismo; y en segundo término, la creación de las condiciones necesarias para que, en base a contenidos políticos como la territorialidad o el derecho a decidir, la ciudadanía vasca pueda conocer un escenario democrático.

Resaltó que ése será su cometido político, mientras que advirtió a los partidos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Iñigo Urkullu que mediante la represión «no conseguirán absolutamente nada». De hecho, incidió en que la izquierda abertzale está en una posición de «fortaleza», reflejada en la Propuesta para un Marco Democrático. Una herramienta que, para el dirigente navarro, es de «primer orden a la hora de sentar las bases del acuerdo político que llevará a Euskal Herria a la paz y al respeto de todos los derechos».

Tras ratificar el compromiso político de la izquierda abertzale, Pernando Barrena subrayó que es hora de que la ciudadanía vasca se movilice en favor de los derechos nacionales de este país, cuya defensa «nos permitirá avanzar».

Petición fiscal a Garzón

Respecto a la línea de actuación fijada contra Batasuna, el diario ``El País'' daba cuenta en su edición de ayer de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha instado al juez Baltasar Garzón a que adopte las medidas cautelares que considere procedentes para prevenir los efectos del fin de la suspensión de actividades de la formación independentista, que se producirá el próximo 17 de enero.

En la petición rubricada por el fiscal Juan Moral el 16 de diciembre y fechada por el tribunal especial dos días después se emplaza también a que debe emitirse un informe definitivo sobre «las vinculaciones de cada una de las herriko tabernas con el entramado Batasuna-ETA». Asimismo, indica que el magistrado deberá comunicar estos extremos a la Sala del 61 del Tribunal Supremo que ilegalizó a esta formación.