La lectura de la sentencia del macrosumario 19/98 ha generado en Euskal Herria un sentimiento mayoritario de escándalo e indefensión que se ha expresado con nitidez en las valoraciones realizadas por partidos, sindicatos y todo tipo de organismos.

«La vista oral ha sido un escándalo que clama al cielo, una exhibición de indefensión», decía Mariano Ferrer, portavoz de la Plataforma 18/98+, al día siguiente de la condena, a lo que añadía que se ha acabado construyendo «un estado de excepción sin declarar». Su compañera en la portavocía, Maite Aris- tegi, afirmaba además que «la Audiencia Nacional no está para juzgar, sino para condenar. Es una sentencia política».

En similares términos se ha-bían pronunciado horas antes los principales partidos del ámbito abertzale. Por ejemplo, el PNV apuntaba que «este juicio, iniciado durante el mandato de José María Aznar, es un claro ejemplo de procesos judiciales inspirados en motivaciones políticas y que se amparan en leyes tales como la Ley de Partidos, norma puesta en tela de juicio hasta por los tribunales internaciones». A lo que sumaba que «las irregularidades que se han ido poniendo de manifiesto en este proceso judicial han sido de entidad y no disculpas dilatorias, hasta el punto de que algunas de ellas han llegado a incumplir la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal y han sido denunciadas por asociaciones y consejos de la abogacía».

El recién elegido presidente de EA, Unai Ziarreta, también se mostraba contundente: «El proceso ha sido un despropósito de principio a fin. Se ha vulnerado un principio básico en Derecho, como es la obligación de individualizar las acusaciones y basarlas en la comisión de hechos concretos. Por el contrario, el fallo se asemeja más a una novela literaria y se basa únicamente en tesis policiales no sustentadas en hechos concretos, llegando a conclusiones motivadas a priori por criterios políticos y no jurídicos. El fallo, y todo el proceso en sí, desacredita a la Justicia española».

De hecho, bien podría hablarse del «Prejuicio 18/98», pues cabría decir que para el tribunal han sido inútiles los dieciséis meses de vista oral. La sentencia, cuya ponente fue la presidenta, Ángela Murillo, no es más que una reedición, revisada y reordenada, del informe de la Fiscalía, que a su vez se basaba en los autos de Baltasar Garzón, un «cortar y pegar» de los informes de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía española.

La lectura comparada de la sentencia y del informe fiscal, muestra que Ángela Murillo ha utilizado como base el texto de Enrique Molina, con la copia de párrafos completos a los que, en algunas ocasiones, se les da algún giro literario nuevo.

Este modo de redactar la sentencia da lugar a alguna anécdota. Por ejemplo, en un apartado Ángela Murillo se refiere a «las claves económicas empleadas por ETA», donde se habla de los códigos con los que, según la policía, ETA se refería a distintas organizaciones de la izquierda abertzale. Pero en ese contexto no se entiende por qué se habla de «claves económicas». La explicación puede encontrarse si se lee el informe fiscal. El apartado referido a las claves lo introduce como añadido del tribunal justo en el punto donde el texto de la Fiscalía pasa a hablar de «las actividades económicas de KAS». La ponente estaba viendo lo de «económicas» y se le coló en las claves. Hecho el paréntesis sobre las contraseñas, que en el informe fiscal aparecía en una especie de anexo, el tribunal vuelve a donde debía, a «las actividades económicas de KAS» para seguir copiando el texto fiscal-policial.

Las muestras de irregularidades, parcialidad manifiesta y búsqueda de la condena son reiteradas a lo largo de la sentencia. Las deducciones policiales -que bien podrían ser calificadas de interesadas- son elevadas a la categoría de prueba por el tribunal, añadiendo en ocasiones comentarios sarcásticos y alusiones al sentido común infrecuentes en las sentencias de la Audiencia Nacional.

La atribución de seudónimos como «Garikoitz», «Eneko» u «Hontza», con los que se dice que la dirección de ETA intercambia mensajes, no se hace porque a los imputados se les haya encontrado documentación o alguna prueba que les identifique como tales, sino por deducciones tales como ésta: alguien dice que «Eneko» estuvo en el funeral de Peio Mariñelarena; si se le menciona es porque debe ser alguien relevante y la única persona relevante que estuvo en el funeral fue Joxe Mari Olarra; luego «Eneko» es Olarra y eso le convierte en «dirigente de organización terrorista». Y esto supone nada menos que trece años de cárcel.

Digno de estudiarse en las facultades de Derecho es también lo referido al módem con el que -según la policía, la Fiscalía y el tribunal- la dirección de ETA se comunicaba con el director de «Egin». Según se señala, existe un escrito de «Garikoitz» proponiendo la instalación de dicho módem y un documento de ETA en el que se «recogen las normas para la conexión remota de un ordenador personal al Sistema Central de «Egin»». Esta versión de la realidad tiene un problema, no pequeño; que ni en las instalaciones de «Egin» ni en poder de su director, Jabier Salutregi, se encontró el mencionado módem, por lo que su existencia no puede estar en caso alguno probada. La Audiencia Nacional solventa esta cuestión con una explicación que no tiene desperdicio: que no apareciera «no resulta incompatible con el hecho de que el software de comunicación estuviera ubicado en otro lugar». Por «pruebas» inexistentes como ésta, Salutregi ha sido condenado a doce años de cárcel.

En muchos de los comentarios que se han hecho desde que se conoció el fallo, sus autores afirman conocer a algunos de los imputados y aseguran estar convencidos de que no tienen nada que ver con ETA. Xabier Gurrutxaga, por ejemplo, escribía el viernes en «El Correo» que sabía que algunos de los condenados «rechazan la violencia de ETA».

De entre quienes escriben conociendo la realidad de Euskal Herria, casi todo el mundo da por hecho que, al menos, algunos de los condenados son inocentes, pues ellos les conocen. Si se ha condenado a inocentes, aunque sólo fueran algunos, es que toda la sentencia es profundamente injusta. Pero es que, además, lo cierto es que el tribunal no ha probado la relación individual con ETA de ninguno de los 47 ciudadanos y ciudadanas vascas encarcelados.

Lo que cabe preguntarse ahora es si esta indiscriminación en la condena, este «todo es ETA» y cualquiera puede ser integrante o colaborador de «organización terrorista» sin saberlo ni quererlo, es sólo una injusticia u oculta algo más.

El debate ya se produjo también cuando se cerró «Euskaldunon Egunkaria» y se detuvo a sus directivos, en una intervención represiva que parecía superar los límites sobreentendidos hasta entonces.

No es difícil colegir que esta indiscriminación, si no es conscientemente buscada, al menos sí es aprovechada. El Estado, demostrando que no tiene barreras en su actuación, pretende atemorizar y paralizar al independentismo vasco, provocando su bloqueo. En estos momentos, con la acumulación de intervenciones represivas, intenta provocar el desánimo y la deserción en las filas de la izquierda abertzale. Mientras sus dirigentes son constantemente acosados y viven con el aliento de las fuerzas policiales humedeciendo sus cogotes, a las bases se les trata de transmitir la idea de que no hay futuro.

El objetivo lo explicó con su habitual desparpajo e incontinencia el ministro español de Justicia, Alvaro Fernández Bermejo; se trata de hacer ver «al mundo etarra» que «sólo cabe la rendición y la aceptación de las reglas». Y eso tiene finalmente un nombre; la admisión de una negociación a la baja, como la que pretendían conseguir José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba en el frustrado proceso.