Paros en Sidenor por privatizar la incapacidad laboral común
El comité de empresa de Sidenor en la planta de Basauri ha planteado paros en enero, que se está extendiendo al resto de las plantas del grupo siderúrgico dependiente de la multinacional brasileña Gerdau, para protestar por la privatización a través de la mutua Midat Cyclops de las bajas por enfermedad común. Esta situación se extiende en el mercado.
Juanjo BASTERRA |
Los trabajadores de Sidenor realizarán tres jornadas de paros los días 14, 16 y 18 de enero para protestar por la decisión de la dirección de privatizar el control de las bajas por incapacidad por contingencias comunes. Más de la mitad de los trabajadores dependen de decisiones de las mutuas en vez de la sanidad pública. Se trata de un sistema de privatización que tiene consecuencias negativas para el trabajador y para la sanidad.
La dirección de la siderúrgica, perteneciente a la brasileña Gerdau, comunicó a finales de noviembre a los representantes de los trabajadores de ELA, UGT, LAB, CCOO y USO el traspaso de las contingencias comunes -lo que son las bajas por enfermedad común- a la Mutua Midat Cyclops. De esta manera, no sólo se dedicará al control de las bajas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino que «va a tomar parte muy interesada en las bajas por accidente no laboral y enfermedad común», explicaron desde LAB, que dio la voz de alarma de esta decisión de Gerdau.
El comité de empresa de la planta de Basauri informó que la asamblea de trabajadores decidió realizar esos tres días de paros y además contempla que en febrero se realice una nueva reunión con el fin de determinar si la empresa ha dado marcha atrás a la decisión. Si no es así, propondrán una huelga indefinida. El planteamiento de Sidenor afecta a las plantas de Basauri, oficinas generales, I+D, Gasteiz, Elgeta y Villalba. En todas ellas se están proponiendo paros similares a los de Basauri. De hecho, en Elgeta se aprobaron «sin ningún voto en contra» y en la planta de Gasteiz se realizará «la asamblea el próximo 8 de enero».
Los diferentes comités respondieron a la decisión de la dirección de Sidenor con un contrainforme, que rechazaba esa medida. Según las centrales sindicales, «expusimos nuestro rechazo como medida antisocial que busca desprestigiar aún más el sistema sanitario que tenemos al que consideramos el único responsable de la enfermedad común o accidente no laboral».
Las centrales sindicales también dejaron claro que esa medida del grupo Gerdau «busca primar el criterio económico a la salud de los trabajadores, con lo que no estamos de acuerdo».
Los representantes de ELA, UGT, LAB, CCOO y USO señalaron, además, que «la medida de imposición de Sidenor se produce en un contexto en el que el absentismo laboral anual en la empresa se sitúa entre el 1% y el 2%». Al final del contrainforme que presentaron ante la dirección, los sindicalistas exigían «una contestación por escrito dando marcha atrás, que no hemos recibido».
En las plantas de GSB de Azkoitia y Legazpia «no se les comunicó a los comités, porque en su convenio se fija que la atención médica común será competencia de la sanidad pública», explicó LAB, hace diez días cuando se conoció el tema.
En estos momentos, la salud del 60% de los trabajadores depende de una mutua de accidentes de trabajo. Supone la privatización de la sanidad pública y la mercantilización de la salud del trabajador.
Las mutuas están abriendo una brecha importante en la sanidad pública, ya que controlan el 60% de los trabajadores en materia de enfermedad común. El problema es de gran calado, porque -como indica LAB- las mutuas son asociaciones empresariales «sin control sindical» y «rompen el sistema público sanitario que da cobertura a todos los trabajadores». Es, por otro lado, evidente que al estar la baja del trabajador en manos de una mutua dependiente de los empresarios, éstos obligarán al empleado a acudir al puesto de trabajo aunque no esté totalmente sano. No sería ni la primera ni la última vez que ocurre. Según CCOO, esta decisión de gestionar la enfermedad común desde las mutuas está avalada por el Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que entre las modificaciones legislativas previstas para 2008 se encuentra la ampliación de las reducciones de cotización para aquellas grandes empresas y ayuntamientos de más de 50 trabajadores que contraten la gestión de la incapacidad temporal por enfermedad común con las mutuas. CCOO considera que es necesario «frenar esa ofensiva en las empresas, mediante cláusulas en los convenios».
