Ante la denuncia de torturas y malos tratos que ha realizado el joven de Durango Gorka Lupiañez, Aralar considera imprescindible aclarar el caso, toda vez que considera que un estado de derecho «no puede aceptar que ocurran situaciones de este tipo» y «se deben adoptar medidas para garantizar los derechos de los detenidos».

En una nota de prensa, Aralar pide «una vez más la derogación de las leyes que posibilitan la incomunicación, porque esta medida, además de ser humillante en sí, conforma un régimen que posibilita la tortura y proporciona espacios de impunidad».

En este contexto, Aralar incide en solicitar la derogación de los artículos 520 y 527 ya que, según afirma en la nota remitida, «también en la coyuntura política actual se deben respetar todos los derechos humanos. Se deben respetar los derechos de los detenidos».