«Esta nueva negativa no va a hacernos rebajar nuestro empeño por aclarar el fraude hasta las últimas responsabilidades, todo lo contrario; nos vemos con más razones para continuar en el esclarecimiento de todo lo ocurrido, pero no tenemos demasiada confianza en quienes desde esa comisión de investigación afirman lo que nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero se niegan a facilitar la infor- mación oportuna a este sindicato o se niegan a tomar medidas inmediatas para imposibilitar nuevos fraudes», subrayó LAB tras conocer que le niegan participar en la comisión de investigación y el acceso a las actas.

El sindicato, personado como acusación popular en la causa, explica que en la comunicación remitida por la presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero, se señala que en el plan de trabajo de la comisión «está previsto que comparezcan los representantes sindicales y de personal que han prestado o prestan sus servicios en la Hacienda foral».

Incompatibilidades

Tras indicar desconocer «si se trata de una nueva fórmula para escurrir el bulto o continuar negándonos información», LAB recordó que en mayo y en octubre demandó información sobre las solicitudes de incompatibilidades y las aceptaciones o no de las mismas y que no ha obtenido respuesta alguna.

Constató que «el silencio es el mejor ejemplo de la falta de información y transparencia que nos estamos encontrando en la Diputación, cuestión a la que ahora se suma la negativa a que, como parte implicada en el proceso, podamos participar y tener conocimiento de lo que ocurre en esa comisión».

Consideró que en el caso de las incompatibilidades «es evidente, a nuestro entender, que algunas de las personas implicadas en el fraude, entre ellas José María Bravo, debería haberlo solicitado y alguien haberlo autorizado, por lo que entendemos como evidente que alguien conocía y/o autorizaba unas prácticas que daban pie al fraude».

Así, calificó de extraña la «resistencia a aclarar el tema de las compatibilidades» si se quiere llegar al trasfondo político. «Creemos que hoy pueden continuar existiendo casos de graves incompatibilidades que no se pueden permitir y que, en todo caso, se deben suprimir de forma inmediata para poner fin a una práctica que favorece y contribuye a que se pueda realizar el fraude y eso, además de inaceptable, es una prueba más de la forma de actuar en algunas instituciones que se debe de erradicar», señaló.