El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, renunció ayer expresamente al instrumento básico para hacer política, al anunciar en un medio de comunicación público que no mantendrá diálogo alguno con ANV. A una persona que ocupa un puesto de las características del que ostenta José Luis Bilbao se le presume una capacidad para buscar el entendimiento y el encuentro con cuantos partidos y organismos representan a la ciudadanía del herrialde. Sin embargo, el mismo diputado que no tiene problemas en departir con una formación que no condena el franquismo, al que no se ha escuchado jamás poner vetos al pacto reiterado con un partido que vió a varios de sus altos cargos procesados por el «caso GAL», sostiene que no es posible hablar con ANV hasta que «diga a ETA que pare» y proclama una profesión de fe en «los derechos humanos y en el primero de ellos que es el derecho a la vida».

Apenas transcurridos unos días de la muerte de Natividad Junko cuando acudía a visitar a su yerno preso en Teruel, Bilbao contextualiza su anuncio en el reciente comunicado de ETA, en el que la organización armada asume la colocación de explosivos en dos edificios en los que hubo daños materiales pero ninguna persona resultó herida. Es cuanto menos relevante que el alto cargo institucional más representativo de Bizkaia -y el mejor remunerado- no incluya en sus reflexiones sobre los derechos humanos otros dos casos flagrantes que tienen como protagonistas a dos ciudadanos del territorio al que Bilbao representa. El primero es el caso del durangarra Gorka Lupiañez, cuyo estremecedor relato de torturas no ha merecido ninguna reflexión -y mucho menos promesa de ruptura de diálogo con el PSOE- al diputado de Bizkaia. El segundo es el relativo al getxotarra Angel Figueroa, que figura entre los doce presos vascos que padecen enfermedades graves y que tras sufrir una nueva crisis ha sido ingresado en Txagorritxu. No estaría de más que el PNV aclarara si «hasta que pare ETA» las vascas y vascos que soportan la amenaza real de la tortura, la dispersión o la ilegalización tienen vigentes los derechos humanos que sus líderes reivindican a diario.