La previsión oficial de inflación del Gobierno español para 2007 era del 2%. Sin embargo, los datos reales nos indican un IPC del 4,3%, más del doble, lo que indica el fracaso de la política económica del Gobierno. Con el objeto de quitarle importancia, el Gobierno español apela como causas de la inflación, a la subida del petróleo y de los tipos de interés.

Sin embargo, la realidad es que esas dos materias, como es bien sabido, han subido por igual para toda la zona euro y, sin embargo, la inflación en el Estado español es la más alta de toda la zona euro, sólo superado por Eslovenia (4,3% en el estado, frente a una media del 3,1%, y a lugares, como Holanda, con el 1,8%). Además, si bien es cierto que el IPC interanual se ha incrementado en la zona euro en el último año en 1,3 puntos (del 1,8% al 3,1% mencionado), en el Estado español este aumento ha sido de 1,9 puntos (pasando del 2,4% al 4,3%), con lo que el diferencial de precios respecto a la zona euro ha crecido. Por tanto, no se puede achacar la evolución del IPC a razones «externas».

El mayor desajuste de la economía en Estado español lo determina el cada vez más injusto reparto de riqueza. Las razones que explican el diferencial de inflación están situadas en el crecimiento desmesurado de los beneficios empresariales, en la imposición de precios en régimen de casi monopolio y en las prácticas especulativas alimentadas desde las políticas liberalizadoras que se ponen en práctica. En algunos sectores, como el agroalimentario, las multinacionales y las grandes distribuidoras imponen unos precios escandalosos. Por ejemplo, las diferencias de los precios que se pagan a quienes producen productos como las verduras, frutas, leche... y lo que pagan las personas consumidoras son escandalosas, y los aumentos de los precios de venta en absoluto se explican por el incremento de los precios pagados a los productores.

Culpar a los salarios es, además de interesado, falso. En ese sentido, el presidente del Banco Central Europeo Sr. Trichet ha culpado a los salarios de la inflación. Es radicalmente falsa e interesada esa insistencia. Particularmente en el Estado español la participación de los salarios en el reparto de la riqueza ha perdido posiciones como consecuencia fundamentalmente de la extensión de la precariedad, de la generalización de empleos muy mal pagados. La llamada «moderación salarial» ha colaborado en que el Estado español, sea uno de los países europeos donde las desigualdades son crecientes. Los análisis oficiales existentes indican, de manera reiterada, que la principal causa del incremento de los precios es el aumento de los beneficios empresariales.

En está coyuntura se hace mucho más difícil entender la firma en Madrid por séptimo año consecutivo el Acuerdo Guía de Negociación Colectiva, en el que la referencia de incremento salarial, es la previsión de inflación que determina el Gobierno. Una vez más, esa previsión se vuelve a situar en el 2%. Ese acuerdo, llamado pacto social, para ELA, no va a tener ninguna repercusión práctica en la negociación colectiva de Hego Euskal Herria. Es obligado reivindicar mejoras salariales sensiblemente superiores al IPC pasado; así como, eliminar discriminaciones y atacar de raíz los bajos salarios. Hay que organizar la negociación colectiva para hacer eso posible. Hay que estar en condiciones de hacerse respetar para disputarle a la patronal lo que nos corresponde.