La Fiscalía ultima el ataque a ANV y EHAK con datos de la Guardia Civil
El ministro español de Justicia dijo que actuarán «cuando la jugada lo aconseje», y parece que ese momento está cerca. Tras difundirse que la Guardia Civil ha entregado a la Fiscalía un informe de 300 páginas, fuentes del Ministerio Público indicaron que pueden ultimar la petición de ilegalización en unos días. La «vía rápida» complementaria sería la suspensión de actividades por parte del juez Garzón.
GARA |
La Guardia Civil ha allanado el terreno para el ataque contra ANV y EHAK con la presentación de un informe de unas 300 páginas en el que se incluirían listados de cuentas bancarias para tratar de relacionar a ambos partidos con Batasuna. La difusión de la existencia de ese escrito puso ayer en guardia a todos los periodistas en Madrid, que se apresuraron a preguntar a la vicepresidenta española, María Teresa Fernández de la Vega, si la presentación de una demanda de ilegalización era inminente. Ésta replicó que «no hay novedad», pero todo indica que la habrá muy pronto.
Fuentes fiscales señalaron a la agencia Europa Press que la Fiscalía General del Estado está ultimando esta petición y afirmaron que ésta podría presentarse incluso la próxima semana. Para ello utilizarían datos del informe de la Guardia Civil, que de hecho fue remitido ayer al despacho del fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Antonio Narváez. El Supremo es la instancia judicial encargada de dilucidar las cuestiones de ilegalización.
En cualquier caso, la «vía rápida» para impedir a ANV el paso a las urnas en las elecciones de marzo es otra: la eventual suspensión de actividades a través del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige Baltasar Garzón. Así ocurrió en su día contra Batasuna: Garzón hizo clausurar sus sedes y vetó su actividad, en agosto de 2002, el mismo día en que se daban los primeros pasos para promover la ilegalización, que el Supremo aprobaría en marzo de 2003, tras una tramitación de meses que incluyó la realización de una vista oral.
Si, como parece, la pretensión fiscal es tramitar el caso como un mero «incidente de ejecución» de la ilegalización de Batasuna (lo que explica el afán en unir a ANV y EHAK con este partido), el trámite sería más rápido, pero parece muy dudoso que culminara antes del inicio de campaña.
Es ahí donde entraría en juego la «vía Garzón». Desde su juzgado se matizó ayer que además del informe de la Guardia Civil el magistrado espera otras aportaciones policiales, con lo que lógicamente elude poner fecha a una eventual actuación contra los partidos independentistas.
Rajoy aprieta, De la Vega espera
La impaciencia del PP y de algunos medios no altera el calendario del Gobierno español. Tras el Consejo de Ministros de ayer, De la Vega reiteró que «no hay novedad; se está haciendo un seguimiento muy atento de la situación desde el punto de vista del rigor y la profesionalidad».
Mientras, Mariano Rajoy (PP) apremiaba desde Barakaldo, donde acudió a una reunión preelectoral. Exigió al Gobierno Zapatero que «abandone ya la ambigüedad e ilegalice a ANV».
EAE-ANV no detiene su labor y hoy mismo celebrará un acto político en el Pabellón Anaitasuna de Iruñea, a las 17.30, bajo el lema «XXI. mendean independentzia», para el que se han fletado numerosos autobuses.
Servirá también para que el histórico partido abertzale explique los criterios con los que concurrirá a las urnas, en la que ya anuncia que las ideas independentistas van a estar presentes pase lo que pase con sus siglas.
El PP ha perseverado hasta el último momento de la legislatura para tratar de que fuera el Congreso -y no la Fiscalía General del Estado- el que instara a la ilegalización de ANV y ganarse así una parte del tanto. Pero el PSOE rechazó ayer una vez más esta opción. En concreto, lo que se dirimía era si se aceptaba la convocatoria de un pleno extraordinario antes de la disolución de las Cortes españolas para que se votara de nuevo la opción de que emplazar al Ejecutivo a promover la ilegalización. Era la quinta vez que el PP lo reclamaba en los últimos meses, y de nuevo salió derrotado.
Los argumentos fueron recurrentes. Desde el PSOE, Diego López Garrido censuró a Eduardo Zaplana (PP) que utilice la lucha anti-ETA para su beneficio partidista y que «trate con desprecio al Estado de Derecho, al imperio de la ley y a los procedimientos legales». Algo similar hizo Gaspar Llamazares, de IU. Y por parte de los grupos vascos, tanto Begoña Lasagabaster (EA) como Emilio Olabarria (PNV) cuestionaron la Ley de Partidos.
Pero quien mantuvo un tono más alto frente a los afanes ilegalizadores fue ERC, lo que derivó en una fuerte enzarzada verbal con el PP. Joan Tardá expresó su solidaridad con la izquierda abertzale y acusó a la Ley de Partidos de «cercenar los derechos democráticos de los ciudadanos, tanto individuales como colectivos». En el enfrentamiento posterior, Tardá espetó al PP: «Ustedes no tienen ninguna credibilidad moral mientras tengan de presidente de honor a Fraga Iribarne, manchado de sangre». Zaplana exigió sin éxito que se retiraran «esas calumnias», y contratacó tildando la ideología de ERC de «totalitaria y fascista».
