Mirari ISASI

La basura es oro. Así lo dijo a principios de la década de los 90 el ex mafioso Nunzio Perrella, colaborador de la Justicia. Él sabía de qué hablaba. En los últimos quince días, tras el rebrote de la crisis de los residuos en Nápoles y alrededores, cuya mala gestión mantiene en situación de emergencia a la región de la Campania, han quedado en evidencia sus entresijos. Por detrás, asoma la mano de la Camorra (la mafia italiana), pero también de la industria y de los políticos, cuyo silencio, cuando no beneplácito, ha permitido a la Camorra desarrollar este suculento negocio haciendo desaparecer los residuos contaminados de medio mundo, tal y como denuncia el escritor Roberto Saviano.

Dicen que la Campania es actualmente el basurero europeo más grande, y conserva bajo tierra tal cantidad de residuos, que si fuera sacada de sus improvisados depósitos formaría una montaña de 14 kilómetros de alto con una base de tres hectáreas. Esta basura ha sido generada en su gran mayoría por la industria del norte de Italia y de otros países europeos.

El negocio de la basura le proporciona a la Camorra (que hoy día se autodenomina O' Sistema) unos ingresos de mil millones de euros al año, entre los fondos estatales y europeos que llegan a sus manos y el servicio de procesamiento de residuos que ofrece, a precios muy bajos ya que se limita a enterrarlos, incluidos los tóxicos. Además, ahora es probable que acceda a los fondos de la UE por su incineración -considerada una fuente de energía renovable en Italia-, aunque ésta ha abierto un procedimiento por infracción de la normativa europea en materia de gestión de residuos y ha advertido de que bloqueará los fondos de 2008-2013.

Las empresas de la Camorra controlan en la Campania el transporte, la construcción (especialmente, tras el terremoto de 1980), el turismo y la recogida de basuras. Sus canteras fueron utilizadas, tras su agotamiento, como vertederos. Vertederos ilegales, pero no más que los públicos, que tampoco respetaban la normativa medioambiental, según denuncian los ecologistas.

En el caso de las basuras, recogen los residuos, los llevan al lugar de transferencia, a las plantas de tratamiento y a los vertederos, un transporte que genera mucho dinero. Pero, además, conocen las necesidades de antemano, «porque están dentro de las estructuras del sistema», y compran terrenos agrícolas a muy bajo coste para venderlos a las autoridades a precios exagerados.

Cierre de vertederos

El conflicto se remonta a 1994, cuando comenzó el «estado de emergencia», que se ha convertido en permanente. El entonces alcalde de Nápoles y ahora presidente de la Campania, Antonio Borsselino, empezó a cerrar los vertederos privados en manos de la camorra, pero sin plantear una vía alternativa, por lo que en esos años se han estado enviando a Alemania para su quema.

Pero la crisis de estos días en Nápoles tiene su origen en el colapso de los centros para el tratamiento de desechos CDR (combustibles derivados de residuos), donde se recogen y se deberían separar los desperdicios antes de compactarlos en bultos plastificados (ecobalas), cuyo destino es la incineración. El cierre definitivo, por saturación, del depósito de Taverna del Re, donde estaban almacenadas toneladas de ecobalas procedentes de las siete plantas de CDR, el 31 de diciembre, ha sido la puntilla.

Las plantas siguieron trabajando hasta que su capacidad de almacenaje se colapsó. Entonces se cerraron. Toneladas de ecobalas esperan su incineración, pero la Campania no dispone, aún, de una incineradora, a cuya construcción se opone la ciudadanía.

Esta oposición a una nueva y nociva agresión no ha impedido que en Acerra se haya empezado a construir la que será la incineradora más grande de Europa. El proyecto se aprobó en 2000, pero su entonces alcalde, de Refundazione Comunista, impidió su construcción. Su puesta en marcha estaba prevista para finales de 2007, pero la obra ha sido paralizada por los tribunales, debido no a la contestación y movilización popular sino al procesamiento de Bassolino y de la empresa FIBE (filial de FIAT), encargada de la construcción, en relación a la adjudicación. Podría empezar a funcionar en 2009,

Acerra es un pequeño pueblo de una región en la que el sector primario tiene un gran peso, pero cuyos altos niveles de contaminación la están convirtiendo en su tumba. «Aquí se está muriendo todo», alertan, y especialmente en Acerra, donde los niveles de dioxina aconsejarían una evacuación.

Enormes daños

Además de haber supuesto el envenenamiento de aguas y alimentos y riesgo de epidemias, sus repercusiones directas sobre la salud son alarmantes. Según un informe de la organización Mundial de la Salud (OMS), las posibilidades de morir de determinados tipos de tumores son doce veces superiores en esta región que en resto del país. En las zonas donde hay o ha habido vertederos, el riesgo de parir bebés con malformaciones se dispara hasta el 83%. Son estos datos los que llevan al movimiento ecologista de la Campania a asegurar que las basuras convertidas en ecobalas no han sido tratadas y que en los vertederos se han depositado, además de residuos orgánicos e industriales sin tratar, desechos militares y radioactivos.

Tras catorce años y un gasto de dos millardos de dinero público, la región continúa buscando una solución, que no se hallará, en la instalación de nuevos vertederos, en la apertura de otros ya clausurados, como el de Pianura, o en la construcción de tres plantas incineradoras. La población se opone, quiere soluciones integrales y defiende, como única alternativa, la recogida selectiva de residuos y el impulso de políticas que incentiven la producción ecosostenible y reciclable.

La arquitecta y ecologista italiana Sabina Ladada es categórica cuando subraya que la necesidad del tratamiento de residuos industriales, que «antes era ilegal y ahora se consiente por ley, se creó ficticiamente en la región, con el pretexto de impulsar su economía», y añade que la actual crisis es una «crisis premeditada» con el objetivo de imponer la construcción de incineradoras.