Es evidente que el PP desea la ilegalización de ANV y EHAK, pero a María San Gil tampoco parece satisfacerle que tanto el Gobierno español como el PSOE se empeñen ahora en buscar la ilicitud de las citadas formaciones. A su juicio, en el fondo de la estrategia de ilegalización del Ejecutivo están las elecciones del 9 de marzo.

«Esta ilegalización tiene cierto tufillo electoral», manifestó la presidenta del PP de la CAV en un acto en Gasteiz, y se preguntó «para qué se les ha permitido entrar en las instituciones si ahora les van a ilegalizar». No obstante, seguidamente dijo que «también es cierto que si alguien se va a alegrar de que no estén en las instituciones quienes no son demócratas son los miembros del PP. La democracia habrá dado un paso adelante si se les saca de las instituciones con la ley en la mano».

Tras inquirir «por qué ahora les pueden ilegalizar y no antes», censuró la estrategia de José Luis Rodríguez Zapatero y su Ejecutivo porque «los únicos que se han beneficiado con la última legislatura han sido ETA-Batasuna y los dirigentes nacionalistas». De hecho, consideró que en estos cuatro años se ha registrado «un retroceso democrático, y los vascos en general no se han visto beneficiados con esta política».

Mientras, desde el Gobierno español se incidió en el mensaje de estas últimas semanas: cuando haya «pruebas sólidas», se actuará. Lo volvieron a decir los ministros de Interior y de Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Fernández Bermejo, respectivamente. Ambos recordaron que el sumario que está instruyendo el juez Baltasar Garzón está bajo secreto, aunque el titular de Justicia quiso adelantar que en él hay «novedades y datos muy importantes, pero no se los voy a contar».