Amenos de dos meses de unas elecciones resulta normal y lógico que un partido político presente a sus candidatos ante la ciudadanía. Así lo están haciendo estos días las formaciones que pretenden concurrir a la cita electoral del 9 de marzo. Ayer, entre otros, EAE-ANV presentó a sus cabezas de lista al Congreso y al Senado españoles, y en la misma comparecencia manifestaron su intención de «seguir trabajando por los derechos de Euskal Herria y por la independencia» de este país. No se observa nada anormal o ilógico en esa presentación de candidaturas; menos aún nada ilegítimo. Resulta normal y lógica y al menos tan legítima como la presentación de candidatos de las fuerzas políticas que propugnan la españolidad de los herrialdes vascos peninsulares, e incluso el mantenimiento del statu quo en el que la legalidad no permite que los propios vascos se pronuncien a favor de las diferentes opciones. Ciertamente, esa legalidad, ampliamente rechazada por los ciudadanos vascos hace más de 30 años, es precisamente el mayor escollo para que todas las opciones puedan materializarse en condiciones democráticas de igualdad. Y es que existen opciones, como la que propugna la independencia de Euskal Herria, que ponen en evidencia el grave déficit democrático de un estado que niega, con el aval de sus fuerzas armadas, el derecho de decisión de las diferentes naciones que administra sin haber preguntado jamás a sus ciudadanos si están de acuerdo con ese estado de cosas. Por eso la presentación de candidaturas del partido abertzale no resulta algo normal a los ojos de quienes entienden la democracia como el sistema garante de los derechos propios pero que, dado el caso, puede vulnerar los ajenos.

La posible ilegalización de la formación ekintzale está en la mente de todos, pero en este país la mayoría de sus ciudadanos piensa que la materialización de lo que para algunos es un deseo no sería sino la confirmación, una más, de ese déficit democrático del Estado español. En efecto, cuando la conveniencia política lo aconseja, no estimando suficiente el corsé constitucional español, se procede a la criminalización y a la consiguiente ilegalización en un claro intento de dejar fuera de la confrontación política e incluso de la vida social cualquier partido, grupo, entidad que tenga que ver, o estimen que tiene que ver, con la defensa del derecho de los vascos a decidir su futuro y la materialización del mismo.

Sólo desde esa intención se comprende la actitud del Gobierno español con las candidaturas de Abertzale Sozialistak y de EAE-ANV las elecciones municipales y forales pasadas, ilegalizando las de los primeros y reduciendo a su mínima expresión la representación legal de la formación ekintzale. Una formación con casi 80 años de historia y que no sería la primera vez que se encontraría fuera de la ley, pues lo estuvo durante la dictadura franquista, en la brutal persecución a cualquier proyecto de izquierda y/o independentista. Persecución que no terminó con la muerte del dictador.

Con ser grave el intento de poner fuera de la circulación a una fuerza política, intento que tiene visos de materialización, conviene recordar que más allá de unos dirigentes, de unos candidatos a las dos cámaras parlamentarias españolas, incluso más allá de los militantes de esa formación, afecta a cerca de 200.000 ciudadanos vascos que en las última cita electoral le mostraron su apoyo. Un sector significativo de la sociedad vasca al que se le hurta el derecho de votar a la opción que desee. Algo incompatible con la democracia, toda vez que ese hecho, por definición, desmiente el carácter democrático de la institución que así actúa.

Espionaje político e impunidad

Clara es, pues, la intención del Gobierno actual, que iguala e incluso supera la del anterior en la vulneración de derechos. Y es preciso referirse a la intención porque la izquierda abertzale está muy lejos de desaparecer del panorama político. Cualquiera que resida en este país es consciente de la presencia activa de quienes defienden un cambio de marco y el diálogo para acordar dicho marco, a pesar del portazo que el Gobierno del PSOE dio a ese diálogo en las negociaciones a dos bandas del pasado año, portazo premeditado y recientemente confirmado por el presidente y la vicepresidenta de ese Gobierno. A pesar de eso y del encarcelamiento de gran parte de sus representantes.

Y, es preciso añadir, a pesar de la persecución y acoso policial en el día a día. Según se supo ayer, se han producido más casos de espionaje político a personas vinculadas a la izquierda abertzale. Seguimientos policiales, intervenciones telefónicas, aparatos de escucha y ofrecimiento de colaboración con la Policía son algunas de las modalidades de esa persecución. No resulta difícil suponer que con el espionaje de la actividad política de esas personas se las pretende intimidar con el fin de que la abandonen. No obstante, esas actuaciones policiales van más allá del mero acoso, dado que, como anteriormente ha ocurrido, el espionaje político en su momento podría ser utilizado como «prueba» en un tribunal.

Toda esta represión, tanto judicial como policial, a fuerza de retorcer leyes e incluso de vulnerarlas con la inestimable ayuda la impunidad, tiene en su punto de mira, más que a personas concretas, al independentismo vasco, porque los poderes del Estado no son capaces de percibirlo más que como amenaza.