Een esta sociedad en que la imagen vale más que mil palabras, los responsables del atrezzo de la comparecencia solemne del Gobierno de Lakua el pasado martes -horas des- pués de conocerse la condena del Supremo español contra Juan María Atutxa, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao- no estuvieron muy acertados. Las palabras del lehendakari afirmando que «no aceptamos esta sentencia» perdían de golpe cualquier sentido al ver posando justo a sus espaldas a Javier Balza, el consejero del Interior que ha asentado toda su acción sobre el acatamiento de la ley española, bien como brazo ejecutor de las órdenes de los tribunales madrileños o incluso tomando la iniciativa, como ocurriera en la manifestación por los presos del día de traineras en Donostia.

Esta dualidad entre el discurso y la imagen resume bien la contradicción en que se ha visto atrapado el tripartito en su conjunto tras la condena del Alto Tribunal español. Lo inesperado de la decisión judicial ha añadido un plus de desconcierto a su respuesta. Que una Mesa del Parlamento de Gasteiz al completo sea condenada por el mero ejercicio de su función de regular dicha institución constituye sin duda un hecho grave políticamente. Que el Pleno de la Sala Segunda del Supremo haya preferido dar la razón a un grupúsculo ultra como Manos Limpias frente a la defensa de Atutxa y frente a toda una Fiscalía también resulta tremendamente clarificador. Y que con ello aumenten las posibilidades objetivas de que el lehendakari y sus interlocutores sean sentados en el banquillo de los acusados ha terminado de disparar la alerta en el PNV. Sin embargo, la capacidad de dar respuesta efectiva a esa sentencia es nula si al mismo tiempo la dirección jeltzale mantiene su profesión de fe en el actual marco político, el mismo marco que garantiza e impulsa todo este tipo de agresiones. La manifestación de ayer en Bilbo puso en evidencia esa falta de punch, tanto cuantitativa como cualitativamente. De hecho, fue planteada como un punto final para esta polémica concreta y no como un punto de impulso hacia la soberanía real que reclama el país en coyunturas como éstas. El presidente jeltzale, Iñigo Urkullu, preguntaba la víspera a Madrid «si es que quieren que nuestras instituciones se echen al monte», y les garantizaba a continuación que no lo harán. Tampoco ahora.

La Fiscalía retrata al PSOE

Si el PNV se ve atrapado ahora en el laberinto en el que se metió hace 30 años, la semana ha retratado también a un PSOE autoencerrado en la trampa diseñada por el PP para enquistar el conflicto y enterrar las perspectivas de solución. Después de rechazar en el Congreso de los Diputados hasta en cinco ocasiones los requerimientos del PP para presentar una demanda de ilegalización contra ANV y EHAK, el Consejo de Ministros ha dado esta semana el visto bueno a la ofensiva final con el argumento de que «el minuto ha llegado», en expresión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Una ofensiva, además, prejuzgada ya por todas las partes, desde las más influyentes esferas mediáticas -que anticiparon la ilegalización hace ya meses- hasta el propio juez instructor -que ha convocado las audiencias decisorias de los días 4 y 5 de febrero, casi antes de recibir los informes policiales-, pasando por el Gobierno español, que ya ha sentenciado por su parte que ANV no llegará a las elecciones del 9 de marzo.

Dos patinazos ocurridos esta semana retratan el frenesí con el que ha abrazado el PSOE la vía de las ilegalizaciones, con auténtica fe de converso en casos como el de Fernández Bermejo, al que se atribuía inicialmente una posición crítica con la Ley de Partidos. La Fiscalía se ha pasado de largo tanto al pedir la prohibición del acto de ANV de ayer en Gasteiz como al acusar a la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, de «enaltecimiento». El juez Garzón permitió el mitin y el juez Pedraz ha archivado la querella. Resulta curioso y significativo ver cómo este último asunto -diseñado para tratar de poner una guinda mediática al pastel de la ilegalización de ANV- ha desaparecido súbitamente de todas las cabeceras y discursos políticos.

La voracidad de la Fiscalía española en sus acometidas contra la izquierda abertzale ha convertido a Cándido Conde-Pumpido en un clon de Jesús Cardenal, el fiscal general del Estado de la era de Aznar que acudió al Tribunal Supremo afirmando que su objetivo era liberar a Euskal Herria «de los nazis». El convencimiento con el que el Gobierno del PSOE recorre esta vía permite vislumbrar que sus objetivos no son meramente electoralistas -como se argumenta desde la órbita del PNV en un intento de restar gravedad a la ofensiva-, sino mucho más de fondo. Y con ello el PSOE de Zapatero se encierra en el laberinto del conflicto, en el que evidentemente el PP de Rajoy y Aznar se siente muy cómodo.

A rebufo de la renuncia a explorar caminos de solución y no de conflicto, no es extraño que en su seno surjan voces tan estridentes como la de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha propuesto al PSOE que renuncie expresamente a cualquier negociación futura con ETA si no cuenta con el aval del PP. O que empiecen a lanzarse ideas como la de conformar una gran coalición de gobierno «a la alemana» que iguale definitivamente a PSOE y PP, con la excusa de dejar sin influencia en Madrid a los nacionalistas vascos y catalanes, y con el objetivo de intentar ponerle un imposible candado a un modelo territorial que no da solución alguna a la demanda mayoritaria de la ciudadanía de Euskal Herria.