Leyendo el trabajo de investigación realizado por Naomi Klein titulado «La doctrina del shock», donde se describen los crímenes y desastres económicos que ha producido el capitalismo fundamentalista de la mano del asesinato y la tortura de miles de personas en el mundo, no he podido evitar mirar la situación política que vivimos hoy en Euskal Herria a partir de los parámetros que la autora plantea en su análisis a nivel mundial.

Además, la economista canadiense da datos interesantes para poner luz sobre lo que nos ocurre y entender mejor el porqué de esta oleada represiva que está sufriendo una parte importante de esta sociedad, a través de macrojuicios -18/98, HB...-, encarcelamientos masivos y la tortura.

Uno de los datos que Naomi Klein da y que me ha llamado la atención hace referencia a la definición del término «genocidio político». Aparece por primera vez en 1946 a raíz de la política de exterminio llevada por el nazismo. La Asamblea General de la ONU aprueba entonces una resolución en la que se prohíben los actos de genocidio de distinta índole: religiosa, racial, etc., incluyendo el genocidio político.

Dos años más tarde, por exigencia de Stalin, este calificativo desaparece como modo de cubrirse las espaldas ante las purgas que él mismo llevaría a cabo durante su paso por el poder.

Sin embargo, aparecerá de nuevo en los juicios que pretendían condenar los genocidios llevados a cabo en los países del entorno que la autora denomina Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile).

Pero más allá de la legitimidad legal actual del uso del término, y sin entrar en comparaciones con las barbaridades cometidas contra otros pueblos, creo que podemos aplicar el término de genocidio político viendo los últimos acontecimientos represivos que van dirigidos hacia un colectivo político como es ese abanico que abarca la izquierda abertzale.

Es a todas luces, un intento de destruir «un grupo de personas unidas por sus ideas», tal y como lo definía las Naciones Unidas.

Y una de las paradojas que llama la atención es que el señor Baltasar Garzón fuera uno de los que utilizó este término cuando llevó a Pinochet a los tribunales.

Entre los instrumentos utilizados desde el Gobierno del PSOE en esta campaña de exterminio político, aparece una vez más la tortura. Los últimos casos de Igor Portu y Mattin Sarasola así lo confirman.

Y es que desde un sistema democrático que lo es sólo porque es elegido en las urnas, parece que toda actuación es legítima. Tal y como sucede en EEUU, sistema democrático también, tras el 11M se practica la tortura abiertamente bajo la legitimidad que le da la lucha contra lo que llaman combatiente enemigo.

Aquí también lo tienen claro. Bajo el calificativo de terrorista toda acción represiva, como lo es entre otras la tortura, está justificada. Frases como «la guerra contra aquellos que están a favor de la muerte librada por aquellos que estamos a favor de la vida» que nos resulta muy familiar, ya la acuñaban los regímenes fascistas muchos años atrás para justificar todos sus crímenes.

La tortura no es una práctica aislada de individuos desalmados e incontrolados, sino que históricamente ha quedado demostrado que se trata de sembrar el miedo y mutilar toda idea que denuncia las estructuras de poder político y económico.

Todas estas actuaciones represivas que estamos viviendo en Euskal Herria no son, por otra parte, una sucesión de hechos, sino que confirman una estrategia de exterminio político. Responden a un objetivo claro: deshacer toda actividad que ponga en cuestión el actual sistema territorial, los macroproyectos como el TAV, el desarrollo de nuestra cultura y lengua, y la denuncia de cualquier medida antisocial a las que nos tienen acostumbrados (vivienda, contratos basura, etc.).

Será difícil definir el camino a seguir. Resistir es algo obvio. Aunar fuerzas debería de ser un objetivo. Y tal vez para conseguir esto sin renunciar a nuestras convicciones políticas, como muchos activistas en otros países con alto nivel de represión (por ejemplo las Madres de Mayo en Argentina), nos veamos obligados a adoptar el lenguaje que nos corresponde: el lenguaje de las víctimas de un agresor tan poderoso como es el Estado. Y dejar claro, por otra parte, que el régimen en el que vivimos está fundamentado en un proyecto totalmente antidemocrático.