Montado sobre las leyes antiterroristas del genocida Pinochet, armado con el «espíritu» desgarrador de los conquistadores españoles y blindado por el silencio de la opinión pública mundial, el Estado chileno está matando a la ciudadana mapuche Patricia Troncoso. A la cabeza del Estado chileno está una mujer: Michelle Bachelet. Por lo tanto, recae sobre ella la última responsabilidad jurídica y moral de esta bárbara ostentación de abuso de poder del Estado chileno.

Pocas palabras alemanas han sido integrado al lexicón de la cultura universal, tales como kindergarten (jardín de niños) o realpolitik. Pero, el concepto justizmord, «asesinato de la justicia», debería ser parte de ella. Se refiere a la deliberada destrucción «legal» de una vida por el poder del estado, amparado formalmente en el corpus de sus leyes. Este es el caso de Patricia Troncoso.

Este justizmord en Chile tiene cuatro aspectos particularmente repugnantes. En primer lugar, la ley data de la dictadura terrorista del General Pinochet, pero sigue siendo empleado por la «democracia» chilena a casi veinte años del fin de la dictadura (sic). En segundo lugar, el mismo padre de la presidenta fue víctima de los torturadores de Pinochet y su legislación terrorista. En tercer lugar, Bachellet es mujer, por lo cual, se supone, debería tener más empatía con la víctima. Nunca creí en la plausabilidad de la tesis feminista de que con mujeres como gobernantes la política sería menos cruel, y más humana. Indira Gandhi, Golda Meir y Margaret Thatcher me parecían evidencia empírica suficiente de lo contrario, y Bachellet lo confirma una vez más. El género y la pertenencia étnica son secundarios para la política burguesa. Lo único que cuenta es la disposición y habilidad de la persona, para servir incondicionalmente a los intereses de la elite.

El cuarto aspecto de esta repugnante tragedia es que Patricia pertenece a la población indígena del hemisferio occidental. Como tal sufre el típico desprecio y la típica represión racista que caracteriza a las elites gachupines y criollas de América Latina, desde la invasión europea de 1492. Pero, no solo es lo que los racistas llaman «indio», sino el hecho de que pertenece a una estirpe que los invasores europeos no pudieron vencer físicamente durante cuatrocientos años; ni mentalmente, hasta el día de hoy.

La negación de «convertirse en hombre blanco», como decían los colonizadores puritanos en el norte, es el peor crimen que un miembro de los pueblos milenarios ha podido cometer desde la invasión europea. Es por ese «crimen», que el líder lakota del American Indian Movement (AIM), Leonard Peltier, languidece inocentemente en las mazmorras estadounidenses desde hace 36 años (!); nueve años más que Nelson Mandela bajo el régimen racista del apartheid en Sudáfrica.

Patricia Troncoso se encuentra en el cruce mortal, donde se amalgaman la justicia de clase burguesa con la justicia racista del hombre blanco. La burguesía neoliberal nacional y transnacional necesita las tierras de los pueblos milenarios de Chile, para convertir todo el sur del país en un desierto ecológico de pinos y eucaliptos, al servicio de las corporaciones transnacionales que exportan la celulosa para Asia, intoxicando a todo el entorno. Y necesita las costas del sur para convertirlas en desiertos ecológicos con la acuicultura del salmón, exportado hacia el primer mundo. No permitirán que «seres inferiores» como «los indios» les echen a perder el negocio. Al fin y al cabo, la invasión a América -al igual que la de Irak- se hizo para enriquecerse, no para sembrar derechos humanos.

Mientras Hugo Chávez salva vidas en las selvas de Colombia y con el reconocimiento del status beligerante a las FARC y el ELN, Michelle Bachellet se hace cómplice de la destrucción de vidas indígenas bajo el espíritu y las leyes del Estado pinochetista. Esa repugnante complicidad requiere una intervención humanista de inmediato de parte de Hebe de Bonafini, Nora de Cortiñas, Rigoberto Menchú y Daniela Mitterrand, con el apoyo de Adolfo Pérez Esquivel y Martín Almada.

Esas seis personas juntas tienen el poder y la autoridad necesaria para parar el crimen del Estado chileno apadrinado desde el Palacio de la Moneda por la presidenta Michelle Bachellet. Al mismo tiempo, los fiscales y defensores de derechos humanos que han llevado a los torturadores de las dictaduras militares ante la justicia internacional, deben preparar los procedimientos procesales contra los opresores actuales del pueblo mapuche.