Tatiele de Sousa fue hallada muerta la semana pasada en su domicilio en el barrio Arrosadia de Iruñea. Esta joven de 20 años había venido del estado brasileño de Goiás hace sólo seis meses, con la intención de sacar adelante su vida y la del hijo que había dejado en Brasil, así como de ayudar a su madre. Pero no existía a efectos legales. El delegado del Gobierno español en Nafarroa, Vicente Ripa, reconocía horas después del ataque mortal que existía un expediente de expulsión en su contra, tras una irrupción policial en el club de alterne en que se había visto abocada a trabajar. Obviamente, Tatiele no estaba en condiciones de acudir a denunciar su situación. Sus compañeras han explicado que sufría maltratos continuos y presentaba moratones, pero las autoridades no lo sabían. Su madre reveló en entrevista a ``Diario de Noticias'' que había tenido una fuerte discusión con su novio, Thiago Rosa, y que tenía miedo de volver a casa esa noche, pero las autoridades tampoco lo sabían. Ni siquiera conocían, al parecer, que tenía un hijo. Simplemente, Tatiele no existía.

Como tantos miles de inmigrantes, la joven, de sólo 20 años, no tenía el derecho de ciudadanía, imprescindible para que le fueran reconocidos un mínimo de derechos básicos. Por tanto, no pudo salir del infierno en el que se hallaba con su compañero. Las instituciones se han limitado a expresar las habituales condenas, pero el caso merece una lectura más profunda. El propio presidente del PSN, Román Felones, lo admitía el jueves en una carta abierta publicada en la prensa navarra: «Nosotros, los biennacidos, los bienpensantes ¿no somos en parte culpables?».

Puede parecer un caso extremo, pero es más frecuente de lo que se pueda pensar. En él se daban dos circunstancias que la hacían especialmente vulnerable: Su condición de mujer, por un lado; y la de inmigrante «sin papeles», por otro. Como mujer, existe un problema de desigualdad genérico, que deriva en la falta de autosuficiencia de las personas de este sexo. Desde Bilgune Feminista, Zuriñe Altable y Rosa Iriarte son tajantes a la hora de afirmar que «es un problema de toda la sociedad, y como tal, todos debemos enfrentarlo. Afecta a todas las mujeres en general, ya que es un problema derivado de las relaciones de poder entre hombre y mujer». Consideran que las medidas adoptadas «son solamente `parches' para no abordar la problemática». Julia Tamayo, de Amnistía Internacional, también señala que la problemática de base tiene su raíz en «las relaciones de dependencia».

Algunos medios han remarcado la condición añadida de inmigrante de la fallecida y del agresor, pero la clave de la indefensión es más bien otra: la ilegalidad. Tere Sáez, de la asociación Andrea, explica que «estas personas son condenadas a la ilegalización o a la reagrupación. Las profesiones a las que puede acceder una mujer inmigrante en situación irregular, como son el trabajo doméstico y la prostitución, no son reconocidas, y por tanto, no pueden acreditar su labor a la hora de solicitar residencia». En sus palabras, «tiene que darse la legalización de su situación, que sean considerados sujetos con derecho». Bilgune Feminista recuerda que el de la ciudadanía es el derecho básico de todas las personas. Añade que «sin papeles, se da una situación no reconocida, y no disponen de apoyo ni derechos; es una situación de desamparo que imposibilita hacer frente a cualquier tipo de problema, como es el de la violencia de género».

Al respecto, Sáez destaca la incompatibilidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género, «que insiste en que se deben garantizar los derechos de todas las mujeres», con la Ley de Extranjería, «que las excluye de la ciudadanía». Añade que «el sistema actual las hace dependientes; al no poder obtener la ciudadanía, son obligadas a acogerse a la medida de reagrupación, lo que las hace dependientes de su cónyuge. Y es difícil romper amarras con el agresor cuando la legalidad de esa persona depende de él».

Seis veces más vulnerables

Amnistía Internacional (AI) elaboró un informe el pasado noviembre sobre las mujeres inmigrantes, dando a conocer los factores por los que son «seis veces más vul- nerables» ante la violencia de género, «y por tanto, se les debe prestar especial atención». Celebran la aprobación de la Ley Integral en 2005, «en la que por primera vez se reconoce la especial vulnerabilidad de estas mujeres», pero se señala al mismo tiempo que «si no se desarrolla mediante normativas concretas, no será eficaz en la realidad».

El organismo señala las deficiencias, y recomienda algunas actuaciones que se deberían llevar a cabo para ello, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Cita la necesidad de superar los problemas lingüísticos, combatir la dependencia económica, facilitar el acceso a recursos especializados y a la regularización de la autorización de residencia, y por último, formar a los diversos agentes que asisten a la mujer afectada. Asimismo, exige que la Ley de Extranjería «acepte como situaciones excepcionales estos casos, extendiendo el permiso de residencia».

Análisis detallado merece la llamada Instrucción 14/2005. Se trata de un protocolo a seguir por los agentes policiales cuando reciben una denuncia por malos tratos: Se les indica que una vez que se atienda a la denunciante, se compruebe su situación administrativa, y si se halla una irregularidad, se proceda al expediente de expulsión o a la sanción correspondiente. Las consultadas coinciden en denunciar que «se prime su condición de inmigrante sobre la de afectada». En este punto, Sáez reclama que las mujeres maltratadas gocen de algunas medidas de las que disfrutan los afectados por otras problemáticas. Como ejemplo, por ahora ninguna institución se hace cargo de la repatriación del cadáver, «teniendo en cuenta además que era cabeza de familia; esto es, que la familia que dejó allí dependía de ella». Tamayo (AI) añade que lo mismo ocurre a la hora de ofrecer salidas a situaciones difíciles: «Los refugiados, por ejemplo, obtienen el permiso de residencia y el acceso laboral, cuestión que no se da en el caso de las mujeres maltratadas».

Insuficiencia y no aplicación de la ley

Tal y como señala AI, la Ley Integral no se aplica en realidad. Tamayo coincide con Sáez al apuntar que «al tratarse de un problema de dependencia, se debe reforzar el poder de las afectadas, sobre todo en lo económico». En ese sentido, Sáez denuncia «las escasas ayudas: de diez mujeres que la solicitan, sólo dos reciben la Renta Básica Administrativa (RAI), y ésta resulta irrisoria. Es un insulto que la ayuda de 400 euros se presente como medida de respuesta».

Una de las mayores barreras para estas mujeres es tener que presentar la denuncia para acreditar que son maltratadas y para obtener medidas de protección. Al estar vigente la instrucción 14/2005, no quieren arriesgarse a que su denuncia derive en una orden de expulsión. En el caso de Tatiele de Sousa, la orden había sido expedida, por lo que era imposible que se atreviera a denunciar. Las consultadas coinciden en que la denuncia no debería ser necesaria para que estas mujeres sean atendidas.