Residuos radiactivos
El plutonio de Garoña sigue a la espera de solución en inglaterra
El destino final del plutonio resultante de los residuos radiactivos generados por la central nuclear de Garoña, que en su día fueron trasladados a Sellafield (Inglaterra) para su reprocesamiento, sigue siendo un misterio. Se trata de un material sumamente peligroso que debería regresar al Estado español, pero el problema es que no existe ninguna instalación para acoger este tipo de combustible nuclear.
Entre 1971 y 1983 la central de Garoña envió 500 barras de combustible nu- clear al centro de tratamiento de residuos de Sellafield, al norte de Inglaterra, muy cerca de Escocia. Iban transportadas en camiones hasta Donostia o a diversos puertos del Estado francés, donde eran embarcados. Estas barras, de cuatro metros de alto, se trasladaban desde Garoña encerradas en cilindros metálicos de protección y tenían un peso total de 97 toneladas.
El contrato firmado entre Nuclenor y la empresa británica BNFL (British Nuclear Fuels) contemplaba que el material radiactivo reprocesado debería volver al Estado español. Sin embargo, Nuclenor anunció en diciembre de 2004 un convenio con BNFL para entregar a esta empresa 34,5 millones de euros a cambio de que los residuos de alta actividad se quedasen en Gran Bretaña. Pero dicho convenio no incluye el plutonio generado en este reprocesamiento del combustible nuclear utilizado en la central de Garoña. De hecho, y según se refleja en los últimos planes de residuos radiactivos dados a conocer por el Gobierno español, este plutonio tendría que volver al Estado español a lo largo de este mismo año.
El gran problema es que no se sabe a dónde llevarlo, porque no existe ningún lugar idóneo para almacenar un elemento tan peligroso. Además de ser muy tóxico y radiactivo, el plutonio utilizado como combustible (plutonio-239) tiene una gran capacidad para incorporarse a los tejidos vivos. Un solo gramo, dispersado en la atmósfera, es capaz de producir cáncer a un millón de personas.
«Se trata de un material sumamente peligroso, y el Gobierno español no sabe si almacenarlo en Garoña o en otro lugar. Debido al fracaso de su propuesta para crear un cementerio nuclear centralizado, quizás se haya tomado el acuerdo de postergar el traslado de este plutonio. Es una cuestión que todavía permanece en el misterio», constata Carlos Bravo, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace.
La cantidad exacta de plutonio procedente de Garoña que permanece en Gran Bretaña no ha sido revelada, pero se presume que es muy importante. La Iniciativa Ciudadana por el cierre de Garoña estima que una central de 1.000 MW genera anualmente unas 25 toneladas de material irradiado, de las que 200 kilos son plutonio.
No sólo Inglaterra estuvo acogiendo residuos de centrales nucleares españolas para su reprocesamiento en plantas especiales. En el caso de Vandellós I, que cerró a raíz de un grave accidente, los desechos radiactivos se enviaban al Estado francés debido a que esta central era de tecnología francesa, y allí se trataban para evitar que este peligroso material fuese desviado para otros usos.
Según los datos que posee Carlos Bravo, el Estado francés se ha quedado con el plutonio obtenido de este proceso «para utilizarlo en sus bombas atómicas», pero los residuos de alta actividad generados por la actividad de Vandellós I tienen que ser trasladados de nuevo al Estado español. Al igual que en el caso de los residuos procedentes de Garoña, también en este caso está habiendo mucho retraso para volver a acoger esos residuos reprocesados debido a que no existe un lugar adecuado para ubicarlos.
El proceso para separar el plutonio de los residuos de alta actividad es muy costoso y complicado, hasta el punto de que se genera un volumen 160 veces mayor que el inicial. En la actualidad Gran Bretaña tiene un exceso de plutonio y no está interesado en seguir guardando un material que, además de muy peligroso, es muy costoso de mantener debido a que tiene que estar sometido a numerosas salvaguardas.
Cementerio nuclear centralizado
A pesar de las promesas realizadas por Rodríguez Zapatero al comienzo de la legislatura que ahora acaba, el Gobierno del PSOE no ha dado ningún paso efectivo para solucionar los problemas generados por las centrales atómicas. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (Enresa), que depende al 100% del Gobierno español, ha seguido siendo considerada por las organizaciones ecologistas como uno de los «peones» de la industrial nuclear.
Una de las primeras medidas adoptadas al inicio de esta legislatura por Enresa, cuya presidencia está controlada por el Ejecutivo del PSOE, fue anunciar que iba a poner en marcha un cementerio nuclear centralizado para albergar los residuos de todas las centrales nucleares que funcionan en el Estado español. Esta es precisamente una de las principales aspiraciones del lobby nuclear, que quiere sacar los residuos radiactivos de las centrales nucleares para quitarse de en medio un engorroso problema, ya que ese cementerio nuclear centralizado pasaría a ser gestionado exclusivamente por Enresa.
Tanto Enresa como el Ministerio de Industria confiaban en lograr un amplio consenso social en torno a este cementerio nuclear centralizado, pero se han encontrado con que nadie quiere acoger una instalación de este tipo. En su día, el alcalde de un pueblo de Zamora ofreció su término municipal para ubicar este cementerio, pero la fuerte contestación social que tuvo su iniciativa le obligó a dar marcha atrás.
Rechazo social y político
El rechazo social y político a un almacén de este calibre se ha reflejado en los acuerdos adoptados por numerosos ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones provinciales y parlamentos autonómicos, que se han opuesto de forma rotunda allí donde se sospechaba que podía ubicarse este gran cementerio nuclear. El rechazo social ha sido evidente incluso en una comunidad autónoma tan de derechas como Castilla-León, controlada por el PP, partido que se ha manifestado como abiertamente pro nuclear. El presidente de Enresa aseguró que a finales de 2006 ya estaría decidida la ubicación de este cementerio, pero ya ha finalizado la legislatura de Rodríguez Zapatero y todo sigue en mantillas. De hecho, y salvo ese alcalde de Zamora, no ha habido ni un solo municipio que se haya ofrecido a acoger los residuos radiactivos de todas las nucleares que siguen funcionando en el Estado español.
Zapatero no encuentra consenso
En el debate del «Estado de la Nación» de 2006, el propio Rodríguez Zapatero reconoció que era un problema de «hondo calado» y requirió un amplio consenso político, social y medioambiental para intentar solucionarlo. Ha pasado el tiempo y este consenso no se ha alcanzado, debido a que las or- ganizaciones sociales y ecologistas se niegan a dar su apoyo a un cementerio nuclear centralizado mientras Zapatero no cumpla su promesa electoral y gubernamental de elaborar un plan de cierre de las centrales nucleares, comenzando por la de Garoña.
En principio, la central nuclear española más próxima a Euskal Herria dejaría de funcionar en 2009, año en que acaba el permiso de explotación provisional que le concedió el Consejo de Seguridad Nuclear. Garoña es una central cuya vida útil ya está agotada y su vida económica sobradamente amortizada. Por ello, Greenpeace señala que, si el Gobierno español decidiese ahora su cierre, no tendría que temer ninguna reclamación por parte de la empresa propietaria.
Por el contrario, si el CSN le concede más años más de funcionamiento a partir de 2009, sus propietarios (la empresa Nuclenor) podrían reclamar compensaciones económicas en el supuesto de que el Gobierno español de turno decidiese su cierre antes de cumplir el alargamiento del plazo.
Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace, pide al Gobierno del PSOE «más audancia energética» para acelerar el cierre de las instalaciones nucleares españolas. Al mismo tiempo, considera «inaceptable» que Zapatero plantee mantener activa la central de Garoña hasta 2009 y conceder 40 años de funcionamiento a las restantes centrales, «dado que la vida útil técnica de estas instalaciones es de 25 años».
Por otro lado, llama la atención que, finalizada la legislatura, sólo las organizaciones ecologistas hayan reclamado a Zapatero que cumpla su palabra de poner en marcha un plan de cierre de las centrales atómicas.
Iñaki VIGOR
Los residuos radiactivos de alta actividad son un problema de primera magnitud, al que, de momento, ningún país del mundo ha encontrado solución. Estos residuos proceden del combustible utilizado en las centrales nucleares, y su almacenamiento es uno de los grandes quebraderos de cabeza de las empresas propietarias de las centrales nucleares.
En los procesos de fisión de uranio-235 que tiene lugar dentro de las actuales centrales nucleares se generan elementos altamente radiactivos, como el plutonio, el estroncio-90, el iodo-131 y otros elementos que siguen emitiendo radiactividad durante cientos de miles de años. Ese tipo de elementos son los que fueron expulsados a la atmósfera tras el accidente de la central nuclear de Chernobil, con las terribles consecuencias que tuvo para miles de personas.
Si no se encuentra solución, el combustible nuclear gastado y los residuos generados en su procesamiento seguirán emitiendo radiactividad cerca de un millón de años. Hasta que no transcurra ese tiempo, no volverán a tener los mismos niveles de radiactividad que el uranio introducido en la central nuclear, que es ligeramente radiactivo.
Esto significa que el combustible utilizado en una central nuclear seguirá siendo un riesgo para numerosas generaciones de seres humanos. Se trata de un gran problema que abarca al ámbito socioeconómico, medioambiental y de salud pública, y al que la industria nuclear todavía no ha encontrado ningún tipo de solución. Las empresas propietarias de estas industrias reconocen que sólo se pueden poner «parches» para afrontar este problema, pero no soluciones definitivas, porque no las hay.
En el caso del Estado español, los residuos radiactivos se guardan en las propias centrales nucleares. Estas instalaciones disponen de «piscinas de enfriamiento» donde se alberga el combustible nuclear ya utilizado. Una excepción fue la central nuclear de Trillo, donde hubo que construir un centro individualizado para almacenar los residuos radiactivos en superficie, con refrigeración en seco, debido a que la capacidad de almacenamiento de esta central ya había quedado saturada. Este mismo sistema se va a utilizar en Zorita para albergar el combustible gastado en esta instalación, que actualmente está en desmantelamiento.
La central nuclear de Garoña ha sobrepasado los 37 años de vida, ya que comenzó a funcionar en octubre de 1970. La empresa propietaria es Nuclenor (participada el 50% por Endesa e Iberdrola), que cada año invierte en torno a 14 millones de euros en mantener la que se conoce como «planta de las grietas», debido a las numerosas fisuras que ha tenido.
A pesar de que, con sus 466 MW de potencia, Garoña sólo produce en torno al 1,2% del total de la electricidad consumida en el Estado español, Nuclenor ya ha solicitado una prórroga de su funcionamiento hasta el año 2019. Ahora se está a la espera del informe que elabore el CSN, que es preceptivo, aunque no vinculante, para que el Gobierno adopte una decisión sobre el futuro de esta peligrosa instalación.
En la actualidad funcionan en el Estado español otras siete plantas nucleares. Se trata de Almaraz I y Almaraz II, Ascó I y Ascó II, Cofrentes, Vandellós II y Trillo. Entre todas producen el 24% del consumo eléctrico estatal. Ninguna de ellas cuenta con autorización para seguir funcionando a partir del año 2014.
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plutonio genera cada año una central nu- clear de 1.000 MW. Un solo gramo, dispersado en la atmósfera, es capaz de producir cáncer a un millón de personas, advierte la Iniciativa Ciudadana por el cierre de Garoña.
El elevado coste que supone la gestión de los residuos radiactivos a lo largo de muchas generaciones no ha sido asumido hasta ahora por las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares. En el Estado español, la legislación no obliga a estas compañías a asumir dicha gestión mientras los residuos sigan siendo peligrosos (miles de años), sino sólo hasta mediados del presente siglo.
Además, la repercusión económica que supone esta gestión nunca ha sido incorporada al coste del Kw/h ni al balance económico de estas empresas; de ahí que la industria pro nuclear argumente que este tipo de energía es entre cuatro y cinco veces más barato que otras. «La gestión de esos residuos por parte de las empresas mientras sigan emitiendo radiactividad elevaría tanto el precio del Kw/h generado por las centrales nucleares que tendrían que cerrar automáticamente», resume Carlos Bravo.
El coste del almacenamiento de los residuos nucleares en el Estado español entre los años 1985 y 2070 supera los 13.000 millones de euros. El cementerio nuclear que prevé construir el Gobierno español, cuyo coste no ha sido revelado, está diseñado para una vida de 70 años a partir de su puesta en marcha, que no será posible antes del año 2011. Existe la esperanza de que para finales de este siglo los avances tecnológicos habrán permitido reducir la radiactividad. Mientras tanto, continuará siendo imposible saber cuánto cuesta realmente la energía nuclear.
