El IRPF es un impuesto perversamente desigual. Sólo declaran por la totalidad de las rentas quienes no pueden evitar hacerlo: las y los asalariados. Resulta insultante que, según la Memoria de la Agencia Tributaria 2005, menos del 10% de los contribuyentes declaren retribuciones anuales superiores a los 36.000 euros; o que empresarios y profesionales declaren como media una renta anual de 9.400 euros, la mitad de la renta media declarada por quienes cobran nómina. En la CAPV, según un informe de ELA sobre la presión fiscal, seis de cada diez euros recaudados en impuestos directos provienen de las rentas de trabajo y, sin embargo, en las declaraciones del Impuesto de Sociedades el 56% de las empresas declara una base liquidable negativa o nula, con lo que no pagan ni un euro. Raro, ¿verdad?

Por otra parte, resulta que la presión fiscal total ha crecido, pero a costa de los impuestos directos. Es decir, de los que gravan al conjunto de la población por igual con independencia de los ingresos obtenidos, lo que lleva a un sistema fiscal más regresivo.

Por si fuera poco, las diputaciones han decidido dejar intacta la tarifa del Impuesto sobre la Renta y no adecuarla al aumento que han experimentado los precios, un proceso que se conoce como deflactación. Así, la combinación de una inflación alta como la actual -el 4,2% el pasado ejercicio- y el mantenimiento de la escala del IRPF provocará en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa un incremento de la presión fiscal sobre cada declarante. Esta medida perjudica de forma muy especial a las y los contribuyentes con rentas más bajas.

La razón es que, cuando no se deflacta la tarifa de gravamen, la progresividad del IRPF ejerce un efecto demoledor sobre quienes tienen los salarios más bajos -mujeres en su mayoría. ¿Dónde está la perspectiva de género exigida por la Ley de Igualdad en esta medida?- y en las y los pensionistas, es decir, sobre quienes sus incrementos salariales se encuentran en el entorno de la inflación del año anterior. El resultado es la pérdida inmediata del poder adquisitivo, ya que el aparente equilibrio que se consigue con el aumento de sueldos y prestaciones se ve mermado de forma ineludible por una «escalada» en la tarifa del IRPF. En el caso de salarios altos o de incrementos por encima del coste de la vida, aunque el impacto en términos absolutos puede ser importante, proporcionalmente es mucho más limitado.

Si algo caracteriza el modelo de sociedad que pretende quien gobierna es la redistribución que efectúa de la riqueza. Qué tipo de impuestos pagamos y como se reparte a través del Presupuesto lo que se recauda. Visto lo visto, la política del Gobierno vasco y las diputaciones es claramente neoliberal. Si no les gusta el adjetivo, que establezcan impuestos equitativos, que combatan el fraude fiscal -que pague quien tenga que pagar y exactamente por lo que tiene que pagar- y que inviertan más en gasto social. De lo contrario, que no se quejen por las críticas.