El Departamento de Interior del Gobierno de Lakua volvió a poner de manifiesto las limitaciones del discurso sobre el derecho a decidir a que se consagran en estas fechas pre electorales los socios del Gobierno de Lakua. Porque lo cierto es que las iniciativas que anima el tripartito para vestirse ese traje de paz y autodeterminación (en ese orden) contrastan con actuaciones como la exhibida por la Ertzaintza en las calles de Bilbo.

La Policía que dirige Javier Balza obstaculizó primero y reprimió después una manifestación convocada para denunciar la suspensión de las actividades de dos partidos políticos, es decir la prohibición a no menos de 190.000 ciudadanos y ciudadanas vascas de votar a su opción política en los cercanos comicios del 9 de marzo. Esa actitud de denunciar las ilegalizaciones y las operaciones policiales contra representantes de la izquierda abertzale y de cumplir a renglón seguido las órdenes de la Audiencia Nacional española de materializar las mismas es igual de cicatera que la que llevan a cabo PNV, EA e IU al secundar iniciativas ciudadanas que abogan en genérico por el derecho a decidir, cuando desde el Gobierno de Lakua no se adopta ninguna iniciativa concreta para derribar, codo a codo con la sociedad, el muro de imposición que levanta el Estado con el ánimo de impedir que este pueblo decida.

Ante esa incongruencia, que gana en tamaño conforme aumenta el calibre de las agresiones, cabe preguntarse si esto no es un reflejo directo del «no» rotundo dado en Loiola por el PNV (y el PSOE) a la petición de la izquierda abertzale de que se mencionara expresamente la independencia entre las opciones -autonomismo, federalismo...- sobre las que debería tener oportunidad de pronunciarse la ciudadanía vasca en el ejercicio de su derecho de decisión.

No cabe duda sobre la intención del PSOE de «combatir en todos los niveles» -en palabras de Ramón Jáuregui, entrevistado ayer en «Berria»-, pero la sociedad vasca tiene derecho a saber si, como hizo ayer en Bilbo, Lakua va a emplear todas las armas para impedir que los independentistas contumaces hagan política.