El despido de nueve trabajadores de Onena llega a los juzgados de Iruñea
El miércoles se celebrará en Iruñea el juicio por el despido de nueve trabajadores de la empresa Onena, instalada en Ibiriku, entre ellos los cinco miembros del comité de empresa. Los demandantes exigen la readmisión a sus puestos de trabajo, por un conflicto que las centrales sindicales de Nafarroa calificaron de «ataque contra la libertad sindical y los derechos de los trabajadores».
J.M. URIBARRI |
El juicio que el miércoles se celebrará en Iruñea es el penúltimo episodio de la convulsa trayectoria que desde el pasado año atraviesa Onena de la mano del empresario Ignacio Mendizabal. Penúltimo episodio porque Mendizabal, entre los muchos conejos que guarda su chistera, sacó uno más el pasado martes, día en el que los trabajadores tuvieron conocimiento de la existencia de una denuncia, por lo penal, contra 20 de ellos. La empresa, es decir, Ignacio Mendizabal Oyarzabal, pide 14 meses de cárcel para cada uno de ellos, 8 por «coacciones» y 6 por «desobediencia a la Guardia Civil», además de una multa de 2.000 euros, según informó el miembro del comité de empresa Pello Karrera (LAB), una de las nueve personas despedidas.
Junto a Karrera, el miércoles estarán presentes en el juzgado los miembros del comité Antonio Carrascal y María José Urabayen, de UGT, Fermín Martínez, de ELA, y José Mari Goikoetxeandia, de CGT, además de los miembros de la plantilla Patxi Iribarren y Julio Cristóbal, y los liberados Alejandro Bakaikua, de ELA, y Luis Hernández, de UGT. La defensa de los representantes de LAB, ELA y CGT es conjunta, mientras que los miembros de UGT van por cuenta del propio sindicato.
Los hechos que se juzgan se remontan al 26 de setiembre de 2007, relata Karrera. Un día antes, los trabajadores de Onena convocaron una huelga indefinida, que comenzó el 1 de noviembre, por el expediente de extinción de contrato, que afectaría inicialmente a 32 personas, rechazado de plano por los trabajadores. Además, estos ya estaban un tanto escarmentados, o quizá no, por el expediente de regulación temporal de empleo que en mayo afectó a 39 trabajadores, entre ellos tres miembros del comité de empresa y dos liberados.
Aquel 26 de setiembre, cuando los reprersentantes del comité se dirigían a una reunión con la dirección de la empresa para seguir con las negociaciones, los trabajadores les hicieron saber que Mendizabal estaba llevándose en camiones pedidos y diverso material a la planta que el empresario tiene en la localidad vizcaina de Zalla, en concreto a PealPack Internacional.
El derecho a la huelga
El comité denunció que la empresa estaba «conculcando el derecho a la huelga» y la ilegalidad de la operación al estar en curso el expediente.
Mendizabal, según el relato de los sindicalistas, llamó a la Guardia Civil, que tras permanecer dos horas en el centro se marchó, para regresar a los cinco minutos. La actitud de la Guardua Civil, sin embargo, había cambiado, Mendizabal había interpuesto una denuncia y los hombres armados se llevaron detenidos a cuatro de los cinco miembros del comité. Fueron liberados tres horas más tarde.
Karrera afirma que no hubo «ni forcejeos ni insultos. Nosotros llamados a la Inspección de Trabajo para denunciar que se estaba conculcando nuestro derecho a la huelga, pero vino la Guardia Civil».
Aquel día, Luis Hernández (UGT) indicó que «para nosotros esto es conculcar un derecho fundamental como el de la huelga y, además, no podemos consentir que se esté deslocalizando la producción de Onena, porque lo que se podría arreglar en dos días al final será una huelga larga en el tiempo».
Efectivamente, el 1 de octubre comenzaba una huelga que finalizaría el día 23 del mismo mes. En ese día, en el que los trabajadores de Sysmo cumplían su vigesimotercera jornada de huelga, UGT, CGT y ELA firmaban el expediente de extinción de 27 contratos, aprobado también por la asamblea de trabajadores. Fueron 17 bajas incentivadas -salieron con una indemnización de 50.000 euros- y 11 prejubilaciones.
La firma del expdiente parecía poner fin a la complicada situación vivida en la empresa. No obstante, Mendizabal tenía reservada una sorpresa más, la penúltima.
Así, en una reunión del comité con la dirección de la empresa para tratar asuntos «corrientes», el abogado de la empresa se ausentó de la misma tras 45 minutos de encuentro, para regresar con la carta de despido de nueve trabajadores por los hechos del 26 de setiembre. Las condiciones eran las mismas, Mendizabal estaba dispuesto a indemnizarles con 50.000 euros y retirar la denuncia. La respuesta de los obreros fue «no».
Ignacio Mendizal entró en Onena en 1999 a través de la sociedad pública Sodena, pagando 50 millones de pesetas. Karrera afirma que «a falta de multinacionales para comprar la empresa apareció Ignacio Mendizabal. Redactaron un convenio que ni el empresario ni el Gobierno han sacado a la luz».
El sindicalista relata que en 1998 la empresa había registrado unas pérdidas de 100 millones de pesetas, pero a partir de entonces la cuentas facilitadas por el propio Mendizabal a los trabajadores confirman la existencia de cuantiosos beneficios. «Con sus cuentas, desde 1999 hasta octubre de 2007 Mendizabal había ganado más de 8 millones de euros. En el expediente de 2007 alegó pérdidas económicas y habló del descenso de la cartera de pedidos, cuando desviaba trabajo a Zalla. También le echaba la culpa a Medio Ambiente por obligarle a recortar emisiones desde 2002. Incluso en el expediente firmado en octubre se comprometió a comprar un recuperador de gases, pero a día de hoy no ha hecho nada».
Los trabajadores temen que todos estos acontecimientos no son más que pasos intermedios antes del cierre definitivo de la empresa.
El miércoles, sin embargo, los trabajadores no estarán solos. Al margen de la concentración convocada ante los juzgado a las 9.00, los despedidos cuentan con el apoyo de partidos políticos y los comités de más de 200 empresas. Además en diferentes ayuntamientos -Berriozar, Uharte, Ansoain y Atarrabia, entre otros- se han aprobado mociones en apoyo de los despedidos.
