Juanjo BASTERRA

Este domingo se han cumplido doce años desde que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) entró en vigor. Una fecha que debería de haber marcado un antes y un después en la seguridad y la salud en las empresas, pero el incumplimiento reiterado por parte de los empresarios, que son -como especifica la ley- los responsables de tener los centros de trabajo saludables, ha hecho que el efecto positivo que podría haber tenido ese texto legal, que se transcribió de la legislación comunitaria, haya quedado en nada. Dos son las razones: una buena parte de los empresarios no cumplen la legislación; en segundo lugar, la Administración, que tendría que hacer cumplir la ley a los responsables de las empresas y centros de trabajo, no lo hace con la suficiente precisión.

El resultado es que hoy, como hace dieciséis años, más de 60.000 trabajadores se accidentan al año en su trabajo por la falta de seguridad y condiciones precarias y más de un centenar de trabajadores pierden la vida. La mortalidad en este período indica que cada año perdieron la vida, al menos, 121 trabajadores de media en Euskal Herria. Sin embargo, la seguridad y salud en el trabajo es un negocio en alza.

Un informe de la consultora DBK reconoce que en 2007 alcanzó los 900 millones. «El valor del mercado de prestación de servicios de seguridad y salud laboral se duplicó en el período de 2002 a 2006, al experimentar una tasa de variación media anual próxima al 20%», como indica el estudio. En 2006, el negocio se situó en 800 millones, lo que supuso un crecimiento del 16% respecto a un año antes, pero en 2007 sobrepasó los 900 millones, lo que supone un crecimiento en torno al 12,5%, según DBK.

El informe precisa que «el fuerte crecimiento registrado en los últimos años se deriva fundamentalmente de la creciente implantación de planes de prevención de riesgos laborales en el tejido empresarial, ante la aparición de nuevas obligaciones en esta materia y de un mayor control de su cumplimiento». Con esta conclusión no están de acuerdo los agentes sociales que denuncian de manera reiterada que los informes sobre evaluación de riesgos «se colocan en una estantería de la empresa, para que sirva de excusa cuando llega un inspector, si llega, o para cuando se produce un accidente indicar que había elaborado un plan de prevención de riesgos laborales».

Alto ritmo de crecimiento

DBK asegura que «el área de negocio de los servicios de prevención ajenos, favorecida por la creciente cesión de la gestión a los operadores especializados, continúa siendo la de mayor dinamismo». El volumen de negocio de las empresas acreditadas para la prestación de servicios ajenos «creció un 16,4% hasta los 695 millones de euros, es decir, controlan el 87% del mercado total». Las previsiones sobre la evolución del mercado de servicios de prevención y salud laboral son que seguirá creciendo en los próximos años a «un alto ritmo, manteniendo una tendencia progresiva de dos dígitos».

La conclusión a la que se llega es sencilla: mientras unos están consiguiendo un negocio muy elevado con la prevención laboral, los trabajadores están obteniendo bajas laborales y muerte, porque en estos doce años han perdido la vida a consecuencia del trabajo un total de 1.458 trabajadores, y ocho de cada diez asalariados ha sufrido un accidente de trabajo, según las cifras de siniestralidad. De hecho, los trabajadores perciben un aumento del riesgo en sus puestos de trabajo.

Entre las principales causas en los accidentes de trabajo destacan, además de la falta de medidas de seguridad en las empresas, la elevada temporalidad, lo que provoca que los trabajadores no sean ni informados ni formados de los peligros que tienen en las empresas. El ritmo de trabajo también influye, a la vez que la escasez de control por parte de la Inspección de Trabajo por la falta de personal otorga una cierta impunidad a los empresas. Tampoco se actúa ante la vigilancia de la salud para evitar también el aumento de las enfermedades profesionales.