La izquierda abertzale llamó ayer al conjunto de la sociedad vasca a la huelga general este jueves, 14 de febrero, para protestar contra el «estado de excepción que nos impone el Estado español» con las sucesivas medidas represivas contra el independentismo vasco, tras la ruptura de las conversaciones de Loiola, y para «decir sí al marco democrático y a la independencia» para Euskal Herria.

Décadas de lucha por los derechos nacionales y sociales de Euskal Herria, en decenas de espaldas de hombres y mujeres, se dieron ayer tarde cita en un hotel de la capital vizcaina. El motivo de la convocatoria, escasas horas después de la movilización que vivieron las calles de Bilbo, era anunciar a la ciudadanía vasca una nueva iniciativa en estos momentos convulsos de la historia de este país.

Por boca de Karmele Aierbe y Mikel Etxeburu, que ejercieron de portavoces de los congregados, animaron a responder a la escalada represiva de los últimos tiempos y, además, volcar el activo político que se coseche en esa jornada de protesta el 9 de marzo en las urnas, votando a favor de la independencia.

Justificaron su llamamiento a la huelga, una iniciativa excepcional, en la «declaración de guerra» que, en su opinión, ha declarado el Ejecutivo español contra la izquierda independentista vasca y, por extensión, por el «estado de excepción» que sufre Euskal Herria. «El Gobierno del PSOE ha multiplicado su fiebre represora contra el movimiento de liberación nacional vasco, motor de la defensa de los derechos de este pueblo, y por ende contra Euskal Herria», manifestaron ante una amplia representación de medios de comunicación que siguieron su intervención.

La ofensiva represiva del Gabiente de José Luis Rodríguez Zapatero la enumeraron en los frentes político, policial, militar y de la Justicia, además de la «cobertura mediática» a través de «la intoxicación de los medios de comunicación».

Por si alguien tuviera dudas de la dimensión de la operación desatada contra el independentismo vasco, Aierbe y Etxaburu citaron la suspensión de actividades de ANV y EHAK, los encarcelamientos de decenas de militantes abertzales desde el arres- to de Arnaldo Otegi hasta los últimos de Pernando Barrena y Patxi Urrutia, sin olvidar las torturas denunciadas por Gorka Lupiañez, Mattin Sarasola e Igor Portu, o la condena por el macrosumario 19/98.

A ese particular rosario sumaron las detenciones y encarcelamiento de decenas de «jóvenes independentistas a lo largo y ancho de Euskal Herria», la detención y encarcelamiento de la Mesa Nacional de Batasuna, «la criminal política de dispersión que se aplica contra los presos políticos vascos y sus familiares» o en setiembre pasado la detención y encarcelamiento de Joseba Álvarez, Oihane Agirre y Juan Mari Olano.

Para la izquierda abertzale, nos encontramos ante «una interminable lista de ataques y agresiones contra este pueblo» que suponen «el balance de la actuación de Zapatero y de su Gobierno» en cuatro años, con «el beneplácito de los partidos regionalistas, tanto del PNV como de NaBai». «Ésta es la inaceptable oferta del PSOE a Euskal Herria», subrayaron.

En este sentido, aseguraron que «toda esta ofensiva tiene un claro objetivo», ya que pretende «acallar la Propuesta para un Marco Democrático que la izquierda abertzale ha puesto encima de la mesa, para así cerrar las puertas a la independencia».

«La lucha de la izquierda abertzale ha traído a Euskal Herria a las puertas del cambio. La necesidad de un nuevo marco político es apremiante, es una petición popular, pero el PSOE, con la colaboración de los partidos regionalistas PNV y Nafarroa Bai, están preparando un nuevo fraude autonómico utilizando interesadamente términos como Euskal Herria y el derecho a decidir, en vez de priorizar un nuevo marco que tenga como principio los derechos nacionales que le corresponden a nuestro pueblo», agregaron.

Valedores de la Constitución

Con la imagen de la represión de la Ertzaintza contra las miles de personas que se dieron cita al mediodía en las calles de Bilbo para denunciar la suspensión de ANV y EHAK aún en la retina, criticaron a los agentes «a las órdenes de Ibarretxe, Urkullu y Balza», a quienes definieron como «Policía política del PNV en defensa del marco constitucional español».

La actual ofensiva represiva la situaron en las frustradas conversaciones de Loiola, donde «cuando llegó el momento de la concreción, de la definición, el PSOE y el PNV se levantaron de la mesa y, desde entonces, los dos partidos están preparando un nuevo pacto neoestatutario para seguir manteniendo a Euskal Herria encarcelada bajo la jaula de la Constitución».

Además, denunciaron que ambos partidos «no quisieron abrir las puertas a la independencia» ya que su objetivo oculto era «el intento infructuoso y fraudulento de asimilar a la izquierda abertzale».

«Todos los agentes tienen un interés común: una izquierda abertzale débil, aislada. Sólo así -puntualizaron- se entiende el interés y el papel que juegan los partidos regionalistas an- te esta ofensiva contra la izquierda abertzale: situarse de palabra ante estas agresiones pero, mediante la acción dia- ria, alimentar la línea represiva que mantiene el Estado contra la izquierda abertzale sin ningún rubor».

Para «hacer frente» a esta situación, apostaron, al igual que lo han afirmado en ocasiones anteriores, por «continuar trabajando en la difusión, socialización de la Propuesta de Marco Democrático». Ante la hipótesis extendida en determinados círculos españoles de que es factible la derrota del independentismo vasco, advirtieron que «es imposible» acabar con la izquierda abertale, la única opción «que puede ofrecer a este país una alternativa realizable».

«Éste es el momento, por tanto, de liberar las fuerzas a favor de Euskal Herria para situar un stop gigantesco ante este estado de excepción, ante las ilegalizaciones, ante los juicios y sumarios, ante la política criminal de dispersión, ante el acoso y seguimientos policiales, ante la tortura, ante la represión: stop», apostillaron.