El 1 de mayo de 1890, se produjo en la zona minera de Bizkaia una de las primeras y largas huelgas históricas protagonizada por los mineros en contra de los barracones donde malvivían y en defensa de una vivienda digna. Asimismo querían eliminar las cantinas de sus patrones donde tenían obligatoriamente que proveerse de víveres y tener derecho a hacer sus compras en otros lugares. Los mineros huelguistas, unos 3.000, bajaron desde La Arboleda a Ortuella y fueron, en piquetes, por las empresas de la zona llamando al resto de trabajadores a sumarse a la huelga. Por Portugalete se trasladaron hasta la actual Barakaldo, para sacar a la huelga a los trabajadores de La Bizkaia, Astilleros del Nervión y Altos Hornos.

Las fuerzas represivas, Guardia Civil y forales, trataron de impedir que se extendiera la huelga. Con sus armas intentaron impedir la entrada de los huelguistas a La Bizkaia, y éstos respondieron con pedradas, una de las cuales hirió de gravedad a un guardia foral. La guardia civil contestó con disparos, matando a un huelguista e hiriendo a otros siete. Pese a todo, la huelga siguió extendiéndose. Hacia el 10 de mayo eran ya unos 21.000 los huelguistas. El General Loma tuvo que intervenir para acabar con el levantamiento obrero y declarar el estado de guerra. Días mas tarde, el 16, la huelga se había extendido a otras fábricas de la ría, así como a Olabeaga y a los muelles de carga y descarga de Bilbo.

Los huelguistas no lograron de inmediato su objetivo de una vivienda digna. No obstante, todo aquel movimiento huelguístico minero generó unas condiciones propicias para que, cuatro años después, instituciones, médicos higienistas y arquitectos se pusieran de acuerdo para encontrar un modelo de vivienda para la clase trabajadora. Así nacieron lo que se conoció como «Casas Baratas».

Esta introducción viene a cuento de los intentos de deslegitimación de la huelga y de los piquetes de huelguistas con ocasión de la reciente huelga convocada por la izquierda abertzale contra el estado de excepción que vive actualmente Euskal Herria. Dicha deslegitimación ha venido desde el Gobierno de Lakua, especialmente desde su consejero Azkarraga y desde IU, quienes consideraron, ya desde la mañana, la huelga general del 14 de febrero un fracaso. Un fracaso no sólo porque no habría sido secundada por la ciudadanía en general, sino también, según el grupo de Madrazo, porque habría sido un fracaso de participación de la misma base social de la izquierda abertzale. Todo ello me lleva a las siguientes reflexiones.

Ninguna huelga obrera o popular, como ninguna movilización, es un fracaso. Desde las razones suficientes para una huelga o movilización, su convocatoria y participación, sea masiva o escasa, son exponentes siempre de unos valores fundamentales en una sociedad nueva que todos queremos: sentido de la justicia, de la solidaridad, de la participación activa en la construcción de la sociedad y, sobre todo, de la dignidad ante la explotación económica, obrera y social o ante la opresión política o violación de los derechos humanos, sociales y políticos. Lo que sí puede ocurrir es que una determinada huelga o movilización no sean eficaces de cara a conseguir los objetivos o alguno de ellos por los que se convoca.

La huelga de 1890 no fue ningún fracaso, aunque no resultó eficaz de forma inmediata de cara a eliminar de inmediato sus barracones y cantinas. La reciente huelga de los trabajadores de Osakidetza, tan minoritaria y fracasada, según Lakua, no fue ningún fracaso y además fue eficaz porque consiguió, al menos de inmediato, echar por tierra el «decretazo» del Gobierno de Ibarretxe y desbloquear la negociación, actualmente en curso.

Las movilizaciones semanales por los presos tampoco son un fracaso aunque de inmediato no logren su objetivo: la excarcelación. Como las movilizaciones de los profesores despedidos de la Universidad y que más de quince años después todavía hoy continúan. Como no ha sido un fracaso la reciente huelga de la izquierda abertzale, aunque no se haya logrado aún parar la represión y crear un nuevo marco político-jurídico. Que decenas de miles de personas mantengan su dignidad no es ningún fracaso.

Convocar huelgas generales políticas no es, como pretenden los Azkarragas de turno, desvirtuar un instrumento de lucha como es la huelga. La historia de estos últimos cuarenta años está llena de convocatorias de huelgas generales políticas en Euskal Herria, en gran parte contra la represión laboral y política, en las que no sólo participaba la izquierda abertzale . Tan solo de enero de 1976 al 16 de mayo de 1977 se produjeron 13 huelgas generales políticas en Bizkaia y resto de Euskal Herria, unas solidarias, como la que se llevó a cabo tras la matanza de Gasteiz; otras contra la represión y otras a favor de la amnistía, como la del 16 de mayo de 1977 en el conjunto de Hego Euskal Herria. Posteriormente la izquierda abertzale ha seguido convocando también diversas huelgas generales con distintos resultados. Tiene todo el derecho esa izquierda abertzale a lanzar sus convocatorias de huelga general. Para una mayor eficacia, sin embargo, siempre será bueno y mejor conseguir el mayor consenso previo con otras organizaciones políticas, sindicales y sociales. Al margen de cómo se haya realizado la convocatoria del 14 de febrero, lo que desconozco, convocar unilateralmente una huelga general conlleva sus riesgos, pero ése es otro debate.

La existencia de piquetes en el desarrollo de las huelgas no es de ahora. Viene desde el siglo XIX, como ya hemos visto en el caso de los mineros de Bizkaia en 1890. Todos los sindicatos lo han asumido y ejecutado siempre en sus particulares huelgas locales y sectoriales. Que quienes tienen las armas, quienes amenazan con ilegalizar un derecho como es el de huelga y quienes amenazan con la sanción y el despido hablen de que los piquetes de huelga son violentos es todo un sarcasmo. Muchos trabajadores, especialmente de pequeñas y medianas empresas que quieren salir a la huelga no se atreven por las amenazas empresariales y políticas. El mero paso de los piquetes de huelga por sus empresas les facilita el ejercicio de su derecho a la participación en la misma.

Finalmente, para quienes ante la situación política actual vasca hablan y hablan de la necesidad de una «confrontación política democrática» con el Estado, ¿en qué consiste o en qué se traduce esa confrontación? La huelga general, como la desobediencia civil, ¿no forma parte de esa confrontación democrática? ¡A qué esperan!