«145 detenciones, 14 encarcelamientos, 9 denuncias de torturas, 65 prohibiciones, 627 controles de carreteras, 1165 identificaciones, 32 cargas policiales, 150 agresiones y palizas, 164 agresiones contra la libertad de expresión, 26 ataques fascistas, 3 accidentes de tráfico y una persona muerta a causa de los golpes recibidos por parte de agentes de la Policía Municipal de Iruñea», estos son los datos que recoge «Nafarroa, alarma gorrian», el anuario represivo en Nafarroa que presentó ayer el movimiento pro-amnistía en rueda de prensa.

Unos datos, que según explicó Iosu Esparza, constituyen únicamente «la punta del iceberg» de todos los actos de represión que se han llevado a cabo, pero que, al fin y al cabo, reflejan «la cruda realidad» que se vive en este herrialde.

En ese sentido, lamentó que un año más, en Euskal Herria y más concretamente en Nafarroa, «no se respetan los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos».

«Hay que recordar que el Estado español se reafirmó en la Carta de derechos civiles y políticos de la ONU, pero, a pesar de eso, a lo largo del pasado año algunos de los derechos allí recogidos, como el derecho a la libertad de expresión y a la libre organización, el derecho a votar libremente, o a tener una justicia igual para todos, han sido sistemáticamente vulnerados en Euskal Herria», denunció a este respecto.

A su juicio, mediante estos recortes de los derechos fundamentales, el Estado español y el Gobierno de Nafarroa buscan «aniquilar o cuanto menos silenciar toda voz que sea discordande con el orden establecido» para de esa manera «poder desarrollar con mayor impunidad el proyecto que se pretende imponer desde la clase política».

No obstante, Esparza recordó que esas conculcaciones de derechos no sólo se llevan a cabo con la intención de «mantener la unidad territorial española», sino que también se arremete «contra cualquier otro proyecto social, cultural o económico que difiera de la linea política de UPN, CDN o PSN».

Al hilo de lo anterior, puso como ejemplo el «intento de criminalizar e impedir la labor de las comisiones de fiestas de los barrios y localidades» o de «impedir que el Olentzero pueda circular libremente por las calles de Iruñea».

29 meses por «dar una colleja»

Asimismo, el representante del movimiento pro-amnistía quiso destacar que en 2007 se dio un «salto» en la escalda represiva por parte del Estado, y para argumentar su afirmación puso como ejemplo el caso de Xabier Errea, joven vecino iruindarra a quien la Audiencia Provincial de Nafarroa condenó a 29 meses de prisión por «dar una colleja» a un agente de la Policía Municipal de Iruñea.

Respecto a la decisión de un Juzgado de Donostia de imputar por torturas a ocho agentes de la guardia civil que intervinieron en la detención de Igor Portu, que junto a Mattin Sarasola denunció duras torturas, Esparza valoró que «es positivo que algún juzgado español se haya atrevido a abrir una investigación en torno a las torturas». No obstante, recordó que ese «no ha sido un caso aislado», y por ello aseguró que se debería juzgar «al Estado español y no sólo a esos ocho guardias civiles».