LEY FRANCESA SOBRE la RETENCIÓN DE SEGURIDAD
Luz verde a la retención preventiva tras haber cumplido condena
Los diputados y senadores franceses han aprobado la ley sobre retención de seguridad, dirigida a mantener en centros especiales a ex presos que hayan purgado su condena y que sean considerados «muy peligrosos o con grandes probabilidades de reincidir». Esta ley, impulsada por la ministra de Justicia a instancias de Sarkozy, ha creado gran controversia social y política. La oposición apelará al Consejo Constitucional.
Arantxa MANTEROLA | BAIONA
La Asamblea Nacional y el Senado franceses acaban de aprobar definitivamente una ley que permite mantener en centros de retención especiales a los «criminales muy peligrosos» una vez finalizada la condena. El proyecto de ley ha sido impulsado por la ministra de Justicia, Rachida Dati, a instancias del propio presidente Nicolas Sarkozy, quien, tras una serie de casos ocurridos el pasado verano que provocaron gran impacto en la opinión pública, prometió adoptar medidas específicas.
La adopción de esta ley ha generado gran controversia entre juristas y parlamentarios de la oposición, que han manifestado su intención de recurrir al Consejo Constitucional ya que consideran que el texto aprobado con los votos de UMP y UDF no respeta ni la Convención europea de Derechos Humanos ni la propia Constitución francesa.
La medida consiste en retener en «centros socio-medico-judiciales» a los ex presos susceptibles de reincindir. Una comisión compuesta por tres magistrados será la que decida la aplicación de dicha medida por un periodo inicial de un año que puede ser renovado indefinidamente.
Es éste, precisamente, uno de los aspectos que más reacción ha suscitado entre quienes se oponen a la nueva ley, porque estiman que se trata de la prolongación de una condena ya cumplida.
De hecho, la misma Rachida Dati ha argumentado que, para que no se convierta en una «simple reclusión sin plazo definido», las personas «retenidas» en estos centros especiales se beneficiarán de «un seguimiento con ofertas de asistencia individualizada».
Otro de los puntos más cuestionados es el de la retroactividad. La ministra de Justicia insistió en incluir esta disposición a última hora. Sin ella, la medida no hubiera podido aplicarse por lo menos hasta dentro de 15 años, puesto que una de las condiciones es que la persona susceptible de ser enviada a dichos centros haya sido condenada mínimamente a 15 años de privación de libertad.
Insistencia de Dati
Muchos parlamentarios, incluso algunos de la mayoría gubernamental de derechas, consideraron que la disposición era inconstitucional, ya que el Código Penal contempla que nadie puede ser sometido a una nueva ley penal si ya ha sido juzgado. Los senadores, incluso, habían suprimido esa cláusula al paso del proyecto de ley por la Cámara Alta, pero Dati les instó a restituirla justificándose en que la «retención es una medida de seguridad, no una pena, por lo que puede aplicarse inmediatamente».
Además, el texto inicial limitaba la aplicación de la medida a los autores de crímenes de carácter sexual sobre menores de 15 años considerados «especialmente peligrosos y con grandes probabilidades de reincidencia», pero finalmente ha sido ampliada a todos los delitos (asesinatos, actos de tortura, secuestro, violación...) cometidos sobre menores de esa edad y sobre mayores de 15 años en los que concurran circunstancias agravantes.
Esta modificación hace que el número de personas a las que podría aplicárseles la ley en cuanto entre en vigor pase de 15 a aproximadamente 100.
Ley «desastrosa»
El senador socialista Robert Badinter, antiguo ministro de Justicia del primer Gobierno de François Mitterrand, ha calificado la ley de «desastrosa», subrayando que, «lejos de subsanar una grieta en nuestra legislación», como mantiene Dati, «abre una verdadera brecha en nuestra justicia penal».
Otra ex ministra de Justicia, también socialista, Elisabeth Guigou, considera que «pasar de una persona juzgada y declarada culpable a una persona supuestamente peligrosa es pisotear un principio fundamental de nuestro derecho desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
Será el Consejo Constitucional quien dirima finalmente la cuestión. Su presidente, Jean-Louis Debré, ex diputado UMP y presidente de la Asamblea Nacional en la anterior legislatura, ha emitido, aunque discretamente, sus reservas respecto a la constitucionalidad de dichas disposiciones.
El Gobierno, sin embargo, parece más preocupado por dar una inmediatez a la aplicación de la ley y demostrar que cumple lo prometido, puesto que ya ha previsto la apertura del primer centro de este tipo a título experimental para este mismo año. El centro de retención dispondría de unas 40 plazas y se situaría en Fresnes.
Sarkozy y Dati se comprometieron a endurecer la ley tras varios casos de violación de menores que conmocionaron a la opinión pública. Algunos fueron presuntamente cometidos por ex presos que habían recibido tratamiento siquiátrico.
Rachida Dati ha sido designada «revelación política de 2007» por el Trombinoscope, una web (Facebook) que reúne a varios millones de internautas (1 millón en el Esado francés). Nicolas Sarkozy es el ««hombre político de 2007» y el senador Robert Badinter (PS), «senador del año». Les entregaron los premios en el Senado.
Con esta ley, según Dati, «los franceses estarán mejor protegidos». De todos modos, afirma, se aplicará «a título excepcional» y únicamente tras constatar que existe «una probabilidad muy elevada de reincidencia en personas con trastornos de personalidad».
La pena máxima en el Estado francés es la «reclusión criminal a perpetuidad». Se pronuncia en casos de crímenes muy graves y, en principio, sólo se aplica a las personas mayores de edad. La pena puede estar acompañada de una medida «de seguridad», es decir, de la imposibilidad para el condenado de beneficiarse de una reducción de condena o de una libertad condicional antes de que finalice dicho periodo. Una vez finalizado, el condenado puede beneficiarse de las mismas medidas de reinserción que cualquier otro preso, siempre y cuando cumpla las condiciones de buena conducta requeridas.
El periodo de seguridad máximo es de 22 años, aunque en los casos de crímenes con circunstancias agravantes contra menores de 15 años, dicho periodo puede ser de 30 años.
La mayoría (84%) de las condenas a perpetuidad pronunciadas en el Estado francés conlleva un periodo de seguridad. Esta medida está encaminada a que la persona condenada a perpetuidad guarde la esperanza de no acabar sus días en prisión y es consecuencia, asimismo, de la aplicación del derecho moderno.
Sin embargo, el hecho superar tal plazo no presupone que el condenado pueda ser puesto en libertad.
Hace dos años, en enero de 2006, diez condenados a perpetuidad encarcelados en la prisión de alta seguridad de Clairvaux -cuyo régimen interno es uno de los más rígidos- hicieron un llamamiento público para que se restablezca en el Estado francés la pena de muerte. En la carta enviada por medio de una agencia «a los del exterior que afirman que la pena de muerte está abolida», los «emparedados en vida», como se autodenominaron, manifestaban que existía una perpetuidad real y que no tenían ninguna perspectiva de liberación. Muchos de ellos habían cumplido ya la pena de seguridad impuesta y alguno llevaba, incluso, más de 28 años preso sin esperanza alguna de que que se les fuera a aplicar la libertad condicional.
Declaraban no tener «esperanza alguna de futuro», por lo que preferían «acabar de una vez por todas» a «morir a fuego lento». Por eso reclamaban que se pusiera en vigor la pena de muerte.
