La preocupación del PNV sobre la organización de los tribunales y la administración de Justicia ha crecido de manera notable en los últimos cuatro años. En el programa electoral con el que este partido se presentó a los comicios a Cortes de 2004 era una cuestión que ni siquiera se mencionaba. Ahora la «adecuación de la Justicia a un estado definido como autonómico» pasa a ser el primer capítulo de exigencias que los jeltzales incluyen en su programa, por delante incluso que la reclamación de las transferencias pendientes del Estatuto autonómico.

Este mayor interés por las cuestiones relacionadas con los jueces se produce después de que el Tribunal Supremo condenara a Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, miembros de la anterior Mesa del Parlamento de Gasteiz, y cuando el lehendakari, Juan José Ibarretxe, está procesado, al igual que dos dirigentes del PSE y cinco de la izquierda abertzale, por conversaciones mantenidas en pasados años.

Las propuestas que incluye el PNV en su programa son una copia de lo que en materia de competencias y órganos jurisdiccionales, gobierno del Poder judicial, Consejos de Justicia, Ministerio Fiscal, Administración de Justicia y Policía Judicial, se recogía en el Nuevo Estatuto Político de la CAV, aprobado por el Parlamento de Gasteiz el 30 de diciembre de 2004 y rechazado sin debate en las Cortes Generales por PSOE y PP el 2 de febrero del 2005.

El único cambio que incluye el PNV es que allí donde el original habla de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el programa electoral transcribe «cada Comunidad Autónoma». La automatización de esta «traducción» lleva a alguna situación curiosa, como que figure textualmente la exigencia de que «la organización judicial vasca culmine, en cada Comunidad Autónoma»...

Entre las demandas jeltzales se incluye, precisamente, que los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad sean la culminación de la organización judicial, donde se agotarán las sucesivas instancias procesales, incluidos los recursos de casación. Si esta norma estuviera en vigor, el Tribunal Supremo no hubiera podido condenar a Atutxa, Knörr y Bilbao después de haber sido absueltos por el TSJPV.

También es posible que de haber estado en vigor desde hace algunos años las reformas propuestas por el PNV, la composición actual del TSJPV hubiera sido diferente a la que busca procesar al lehendakari y a dirigentes de la izquierda abertzale y del PSE por sus conversaciones políticas, en contra incluso del criterio de la Fiscalía.

Transferencias

El programa electoral del PNV también recoge las transferencias que su grupo parlamentario «perseguirá de manera especial reclamar del Gobierno español». Son la de centros penitenciarios, la de políticas activas de empleo, la de inspección de trabajo y Seguridad Social, la gestión económica de la Seguridad Social y la gestión de los puertos de interés general.

Además, el PNV propone la creación de una sala específica para la CAV en el Tribunal Constitucional que se constituiría en Tribunal de Conflictos Euskadi-Estado y que tendría una composición paritaria.

El programa jeltzale considera «una urgente necesidad» la defensa del Concierto Económico, tanto ante la UE, con el reconocimiento como «un sistema tributario más», como su «blindaje» dentro del Estado español.