El programa electoral del PNV recoge que «la normalización política vasca pasa por asumir un marco que permita el pleno desarrollo de todas las opciones políticas», y esto «requiere obrar con flexibilidad, creatividad y estar dispuesto a relativizar algunos de los dogmas tradicionales del Derecho Público, que están concebidos para territorios con fronteras, soberanías únicas y ciudadanías monolíticas». Según los redactores del programa jeltzale, «esto es tan evidente que incluso desde espacios ajenos al nacionalismo vasco se ha llegado a reconocer que `un abanico identitario tan complejo como es el vasco, en el que los gradientes de la identidad nos llevan desde una opción independentista a otra antinacionalista plena', hace que la solución pase por `las reglas de convivencia, asegurando que todos los proyectos son posibles'». Ese espacio ajeno al nacionalismo vasco no identificado es Ramón Jáuregui y los entreco- millados están sacados de una entrevista en «Deia» de abril de 2006, recién declarado el alto el fuego de ETA. Lo hecho por el PSOE con posterioridad (con el apoyo del PNV) invita a dudar de hasta dónde está realmente comprometido ese partido con que todos los proyectos sean posibles.

En cualquier caso, el PNV cree que «una solución como ésta requiere un acuerdo entre las instituciones centrales y las vascas» y «obviamente, sus diputados y senadores pondrán toda la fuerza parlamentaria que ostenten al servicio de un diálogo institucional entre el Gobierno que salga de las urnas y el Ejecutivo vasco». Obviamente también, cualquier acuerdo de estas características estaría circunscrito al ámbito administrativo de la CAV, y es difícil pensar que con esas limitaciones pueda realmente darse solución al «conflicto histórico y de naturaleza eminentemente política» del que habla el PNV.

Sin embargo, una negociación en ese ámbito sí podría servir para «primero, que se completen las transferencias pendientes, luego que se añadan algunas aún exclusivas del Estado y, por último, que se garantice que el autogobierno no estará sometido a la acción judicial». Y esas serían las bases suficientes para que el lehendakari no convocara su consulta en opinión de Txema Montero, miembro de la Fundación Sabino Arana y buen conocedor del tema. ¿Y el derecho a decidir? Iñigo Urkullu ha dicho en Madrid que es «un derecho restringido y autolimitado».