Laia ALTARRIBA i PIGUILLEM Barcelona

La manifestación del 18 de febrero de 2006 se convocó cuando el nuevo texto estatutario había llegado a Madrid y tenía que ser aprobado por el Congreso de los Diputados y por el Senado. En el Parlament de Catalunya todos los diputados a excepción del Partido Popular lo habían apoyado, y conjuntamente lo habían llevado al Congreso.

El PP y sectores del PSOE activaron una dura oposición al proceso de reforma. Zapatero entonces incumplió una promesa que había hecho en noviembre de 2003 en una visita a Barcelona: «Apoyaré el Estatut que apruebe el Parlament de Catalunya».

Aunque no lo hizo solo, ya que Artur Mas le ayudó: el 21 de enero el líder de CiU y el presidente español acordaban recortar las aspiraciones reflejadas en el texto propuesto. Fue el detonante para crispar la indignación de parte de la sociedad catalana, ya muy hastiada con los ataques anticatalanistas lanzados por la mayoría de medios españoles.

En este contexto, la propuesta que había lanzado la recién creada Plataforma pel Dret a Decidir conectó con gran parte de la población, y más de 500 entidades apoyaron la manifestación convocada para el 18 de febrero bajo el lema «Som una nació i tenim el dret de decidir (Somos una nación y tenemos derecho a decidir)». La respuesta fue masiva: 700.000 manifestantes según los convocantes, 125.000 según la policía local.

Para Mònica Sabata, portavoz de la Plataforma pel Dret a Decidir el mayor logro desde entonces es que «la reivindicación del derecho a decidir está muy presente en el debate político actual», aunque reconoce que «la interpretación que hace cada uno de este concepto es distinta».

Preguntada por la valoración que hace de la presencia de esta reivindicación cuando ya estamos metidos en plena campaña electoral, lamenta que está poco presente. Es por esto que han decidido llevar ellos mismos la reivindicación a las elecciones, y para el día 9 de marzo han impulsado una campaña para que se instalen mesas cerca de los colegios donde se recogerán firmas para pedir que los parlamentos de los Països Catalans tengan el derecho de convocar referendos vinculantes, incluido el de autodeterminación.

Sabata explica que la propuesta ha tenido buena acogida, pues la semana pasada ya les habían notificado 150 mesas, sobre todo en el área de Barcelona y Girona, y también algunas en las Baleares y Perpinyà, en Catalunya Nord, donde se celebran elecciones municipales el mismo día 9.

Abstención independentista

Las organizaciones que conforman la izquierda independentista catalana han anunciado esta semana que también estarán presentes en la campaña electoral para el 9 de marzo, pero en su caso para pedir la abstención.

Aure Silvestre, uno de los portavoces de la campaña «300 anys d'ocupació, 300 anys de resistència» (que agrupa las principales organizaciones de la izquierda independentista: Endavant, Maulets, CAJEI, el sindicato estudiantil y el colectivo antirrepresivo Alerta Solidària) explica a GARA el doble motivo que les ha impulsado a pedir la abstención.

«Por un lado, la izquierda independentista aun no tiene la capacidad de presentar una candidatura sólida a estas elecciones porque aun estamos en un momento de estructuración interna; y por otro lado, la abstención activa sirve para denunciar un sistema y un Estado que nos impiden a los Països Catalans ejercer nuestro derecho a la autodeterminación y nos condenan a sufrir unas condiciones de vida cada vez más precarias», destaca Silvestre.