«Novedades que nos interesan, pocas, pero sí una que nos preocupa», afirmó Joxean Urkiola refiriéndose al auto de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y los 60.000 euros de fianza. Esta es la cantidad que impone ahora a LAB para poder continuar ejerciendo la acusación popular en el caso de fraude de la Hacienda de Irun. Una cantidad que la central abertzale calificó ayer de «desorbitada», y no le falta razón. Valga un ejemplo: la AVT recusó la pasada semana al juez Baltasar Garzón en dos casos que sigue contra la izquierda abertzale por imponerle dos fianzas de 4.000 euros para poder personarse como acusación popular en cada uno de ellos.

Díez, que calificó los argumentos esgrimidos por la Audiencia de «peregrinos», manifestó que «nuestra voluntad es seguir ejerciendo la acusación popular», y se mostró sorprendido ante la medida, ya que la Audiencia Provincial ha fijado, «única y exclusivamente», una fianza de esta cuantía para LAB, cuanto existen otras acusaciones particulares personadas.

El auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, fechado el 4 de febrero, estima en parte los recursos interpuestos por José María Bravo -principal acusado en esta causa- y su esposa Rosa Cobos.

Díez participó ayer en una rueda de prensa junto a Urkiola y Amaia Almiral, en la que llamó a participar en la manifestación que tendrá lugar el sábado en Donostia a las 17.30 horas.

En relación a la Hacienda de Irun, Díez indicó que «éste es el caso de fraude más grande que hemos conocido en los últimos 30 años, desde la llamada transición, por su dimensión y por cómo se ha gestado, porque se trata de un robo planificado y ejecutado desde dentro de la propia Administración. La gravedad del fraude de Irun hay que medirla desde esos dos parámetros. A tenor de los expedientes inspeccionados el fraude asciende ya a 8,3 millones de euros, pero estamos convencidos que a medida que avance la investigación el volumen de lo defraudado aumentará».

En opinión de Díez, si la cifra en sí tiene una «enorme importancia», también es muy importante saber «cómo se ha gestado para exigir responsabilidades de carácter político porque desde dentro de la propia Diputación personas elegidas por designación política han dirigido este fraude. Por tanto, estos responsables políticos no pueden ahora mirar a otro lado».

El sindicalista recordó que LAB impulsó la acusación popular «porque somos guipuzcoanos y nos sentidos defraudados, y pensamos que los ciudadanos deben ser protagonistas y no agentes pasivos». Al mismo tiempo abogó por «llevar a la calle la denuncia social para que no vuelvan a repetirse casos de este tipo. Nuestra intención es seguir trabajando la vertiente jurídica por encima de los todos obstáculos». Indicó, además, que el sindicato quiere poner «encima de la mesa las preocupaciones de la sociedad».