En principio la ley promulgada está destinada a los condenados por crímenes muy graves de carácter sexual. ¿Podría aplicarse en otros casos?

Yo no lo descartaría. Cada vez que se han aprobado leyes de este tipo, los diferentes ministros han asegurado que sería por un tiempo limitado o que se aplicaría en determinados casos. Pero las buenas intenciones del momento se olvidan muy pronto y la realidad demuestra que las leyes quedan ahí y que, según la conveniencia del momento, su aplicación puede aplicarse a otros casos.

¿Puede poner algún ejemplo?

Basta observar lo ocurrido con determinadas disposiciones judiciales o legales. Recordemos que la propia Sección XIV, denominada «antiterrorista», fue instaurada, según el Gobierno, para hacer frente al llamado «terrorismo islámico». En realidad, la mayoría de los casos que trata se refieren a militantes corsos o vascos. También está la aplicación de la urgencia absoluta, una medida administrativa de mediados del siglo pasado considerada caduca pero que nadie había derogado. En los años 80 fue rescatada por el Gobierno socialista y más tarde adecuada por el ministro de Interior Charles Pasqua, y decenas de militantes vascos han sido expulsados del Estado francés en base a la misma.

¿Cuál es la diferencia entre retención y reclusión?

La reclusión se produce tras haber sido acusado o condenado por determinados delitos o crímenes según calificación. Es una medida judicial. La retención es una disposición casi administrativa. Aunque de facto la persona retenida está privada de libertad, no puede considerarse como una sentencia judicial. De lo contrario, se trataría de una nueva condena por el mismo delito, lo que es contrario a la ley.

¿Cree que el Consejo Constitucional declarará inconstitucional esta ley?

No lo sé. Motivos no faltan. Lo que es seguro es que no tardará mucho en pronunciarse sobre el tema. Calculo que en unos pocos meses debería hacer pública su decisión.